Republic Golden contrató a 280 trabajadores que no pueden empezar a operar la mina de Amayapampa.
Mineros y pobladores de Amayapampa acusan a los comunarios de Chojñuma de dinamitar el ducto que alimenta a esa población de agua y le piden al Gobierno terminar con el avasallamiento de la mina. Los ayllus y trabajadores se sienten acosados.
El conflicto se origina en la oposición de los campesinos a la explotación del oro por la probable contaminación ambiental de la zona.
Según consta en la resolución del cabildo ordinario de la Junta de Vecinos de Amayapampa, del 22 de julio, ese día, a las 11.45, sufrieron “un atentado terrorista delincuencial dinamitero en las tomas de agua”. La explosión ocurrió en la red de bombeo de Polluqueri, en el sector de Irpa Khochi.
Denuncian a dos comunarios, de apellidos Mamani y Choque, como los responsables porque encabezaron esa acción violenta en oposición a la consulta pública para explotar la mina de Amayapampa.
La región en conflicto se encuentra en el municipio de Chayanta, provincia Bustillos del departamento de Potosí. Esta zona minera tiene 24 concesiones de yacimientos de oro.
La Prensa buscó a las autoridades del Ministerio de Minería sin éxito. Tampoco se pudo contactar a la empresa concesionaria Republic Gold.
La consulta es un mecanismo que el Órgano Ejecutivo intenta aplicar en las comunidades que tienen conflictos sobre la explotación de una mina. Esta modalidad fue incluida en el artículo 30 de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
El secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), César Lugo, informó que se fijaron distintas fechas para la realización de la consulta de aprobación de los trabajos, pero fueron suspendidas.
Rechazó que se incluya a tres ayllus, Chayantaca, Panacachi y Jucumani, cuando en esa zona minera sólo habita el primer grupo; los otros están más alejados.
Los conflictos de la mina se remontan a 2008, cuando los pobladores denunciaron contaminación en la zona. La acción de hecho más reciente ocurrió en mayo, cuando un ayllu obligó al director ejecutivo de la compañía Republic Gold, John Kelly, a aceptar abandonar la concesión.
El presidente de la Junta de vecinos de Amayapampa, Vicente Fernández, sostuvo que los ayllus que se oponen a la operación de la mina son Chojñuma y Pusuta Pampa.
Junto al Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Amayapampa, exigieron al Gobierno cumplir la resolución multiministerial firmada el 27 de mayo.
En este documento el Ejecutivo se compromete a evitar el avasallamiento de la mina y realizar la consulta a los ayllus, a fin de garantizar la estabilidad laboral de 280 trabajadores. Lugo acusó a la Federación de Ayllus de Potosí de impedir las inversiones de la Republic Gold “a título de contaminación, cuando esta empresa todavía no empezó a operar un día o una hora”. La concesionaria contrató a 280 trabajadores y tenía previsto iniciar la explotación del yacimiento a mediados de 2008. Sin embargo, Lugo aseguró que en la zona sólo hay un campamento de operaciones y obras civiles. Añadió que aún no se instaló la planta ni ingresó la maquinaria. Los mineros reciben capacitación para operar una mina que tendrá tecnología moderna.
El sindicato minero de Amayapampa emitió un voto resolutivo el 25 de julio en el que da un plazo de 72 horas para que el Gobierno solucione el problema.
Federación dice que Sinchi Wayra incumple
Los trabajadores mineros de Sinchi Wayra afirman que la empresa no les pagó la prima anual ni cumplió con el incremento salarial del 12 por ciento porque falsamente sus ejecutivos informaron que las utilidades fueron nulas en la gestión 2008.
El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), César Lugo Rodas, informó que, ante el incumplimiento de la empresa de las obligaciones laborales, solicitaron el balance anual al Servicio de Impuestos Nacional (SIN), el cual no les fue entregado, pero recibieron la ratificación de la nulidad de ganancias.
La Prensa se comunicó con la oficina de Sinchi Wayra en La Paz, donde se comprometieron a viabilizar un contacto con la Presidencia o Vicepresidencia de la empresa; sin embargo, no se materializó hasta el cierre de edición (19.00 ). La prima anual es el pago que una compañía minera hace a sus trabajadores en los primeros tres meses del año, el cual se hace efectivo con recursos de las ganancias obtenidas por la firma.
Lugo denunció ayer el hecho en una conferencia de prensa que ofreció junto a los mineros o distritos que dependen de Sinchi Wayra.
En mayo, la empresa, el Gobierno y los mineros firmaron un acuerdo para evitar avasallamientos a las concesiones por parte de comunarios.
En el convenio también figura el respeto a las ocho horas laborales, puesto que los mineros denunciaron que Sinchi Wayra les obligó a trabajar diez horas para incrementar la producción.
También está el cumplimiento del incremento salarial del 12 por ciento aprobado por el Gobierno nacional. Éste fue rechazado en un primer momento por los mineros para evitar más despidos, ya que más de 200 fueron retirados por la firma.
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