Sospechas que se deben despejar

Integrarán la agencia de inteligencia miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, sujetándose a lo que fije el poder político.

En todos los países del mundo existen centrales de inteligencia encargadas de alertar con información fidedigna sobre hechos que ponen en riesgo la seguridad interna y exterior del Estado. Siguen igualmente la pista a organizaciones criminales que actúan en los ámbitos nacional e internacional, a fin de que sean desmanteladas y sus miembros encarcelados tras los respectivos procesos penales.

Algunas de tales agencias tienen misiones específicas, como la seguridad interna, por ejemplo, o la lucha contra el crimen. No faltan las que se dedican exclusivamente a combatir al narcotráfico, tanto en lo que se refiere a la prevención como a la represión. Aludimos a una tarea que inviste características de entramado internacional, dentro del cual las centrales nacionales cooperan unas con otras con datos e informaciones que les sustentan acciones certeras en los referidos frentes.

La novedad en Bolivia es que ahora está a punto de ser oficialmente oleada y sacramentada la “ANI” (Agencia Nacional de Inteligencia) como órgano encargado de fisgar cuantas pistas dejen en Bolivia la delincuencia y el narcotráfico. Se encargará, igualmente, de recabar toda la información sobre hechos que comprometan nuestros recursos naturales.

Integrarán la agencia miembros especializados de las Fuerzas Armadas y la Policía, sujetándose, en cuanto a conducción y finalidades se refiere, a lo que en ambos asuntos fije “el poder político”, según lo adelantó en recientes declaraciones públicas el Ministro de Defensa.

Eso de que el “poder político determine la conducción y finalidades de ANI” sugiere que el Gobierno, cuando lo considere conveniente, engarzaría la inteligencia política a las tareas ya señaladas, algo que el actual régimen debiera aclarar cuanto antes.

Quien mucho abarca poco aprieta, dice el refrán. Es lo que pasaría con ANI si se cumpliera la referida probabilidad. Una cosa es la seguridad interna y externa del país y otra muy diferente la lucha contra el narcotráfico o cualquier otro tipo de delincuencia. En el primer caso, los riesgos que se deben conjurar corren contra la estabilidad del Gobierno legítimamente constituido, así como contra la propia democracia. En el segundo, esos riesgos apuntan a la soberanía nacional. En cambio, la lucha contra el narcotráfico entraña una labor específicamente dirigida a acabar con la mafia del negocio. Las agencias especializadas en uno y otro asunto entran en coordinación, intercambiando datos e información, si se dan lazos entre el narcotráfico, el crimen y la política. Esta interacción debe ser continental y mundial y no sólo regional.

Conviene que el Gobierno precise los alcances reales de las atribuciones de la ANI, en la que algunos empiezan ya a percibir los perfiles del temido y, por cierto, eficaz “Control Político” de los primeros tiempos del MNR o de esa igualmente terrorífica “Sección II” de la época de las dictaduras militares.