Activistas hacen vigilia frente al Gran Cuartel de Miraflores

Familiares del ex líder socialista dicen que Evo no tiene por qué esconder a los responsables.

Medio centenar de activistas de los derechos humanos hicieron anoche, frente al Gran Cuartel de Miraflores, un velorio simbólico de los restos de los desaparecidos en las dictaduras militares y le exigieron al capitán general de las Fuerzas Armadas (FFAA), cargo ejercido por el presidente Evo Morales, que instruya la apertura de los archivos castrenses de ese periodo.

La concentración fue convocada por organizaciones sociales como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Coordinadora de la Mujer y la Asociación de Familiares de Mártires por la Democracia y Desaparecidos (Asofamd).

Olga Flores Bedregal (hermana del ex dirigente cobista Carlos Flores) expresó que “pedimos al presidente Evo Morales que autorice la apertura de los archivos militares, porque él tiene las manos limpias y no tiene por qué ocultar a nadie”.

Recordó que la Convención Interamericana del Desaparecido, elevada a rango de ley de la República en Bolivia en 1996, establece el esclarecimiento de los casos de desaparición forzada ocurridos durante los regímenes dictatoriales.

“Tomando en cuenta esta ley —dijo Flores—, lo que tiene que hacer el Capitán General de las FFAA es solamente cumplir lo establecido y esclarecer las desapariciones, y devolver los restos mortales de nuestros parientes”.

Flores Bedregal inició hace casi dos semanas una huelga de hambre en la APDHB junto a Martha Montial (quien busca los restos mortales de su padre) y Hortencia Gutiérrez de Flores (esposa de un desaparecido) para que el Gobierno autorice la apertura de los archivos castrenses.

Anoche ella fue trasladada de la sede de la APDHB al frente del Gran Cuartel en una ambulancia, debido a su delicada salud.

“No vemos por conveniente incrementar el número de huelguistas, porque nosotras estamos dispuestas a inmolarnos en esta protesta”.

El lunes 11 de mayo, el Jefe de Estado declaró que “he hablado la semana pasada con el Alto Mando militar y no hay nada que desclasificar en las Fuerzas Armadas y eso conoce la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia”.

Días después, en una reunión, la APDHB, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, y la cúpula castrense acordaron iniciar el 2 de junio de este año el trabajo previo para que Derechos Humanos “verifique” la existencia de documentos secretos en el Estado Mayor de Miraflores. La representante de la Coordinadora de la Mujer, Katia Uriona, puntualizó ayer que desde 1971 se notificaron 156 secuestros por causas políticas y que los gobiernos de facto de los generales Hugo Banzer (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1981) fueron los más represivos en este sentido.

Familia cuestiona al Ejecutivo

La familia del desaparecido líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz criticó ayer al Gobierno por utilizar el nombre de éste sin cumplir la obligación de allanar el camino para esclarecer su muerte y desaparición durante el golpe militar encabezado por el ex general Luis García Meza, el 17 de julio de 1980.

“Nos llama profundamente la atención —dice la familia en una misiva— que el Gobierno recupere el nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz para nominar la ley anticorrupción y otros proyectos, pero que no honre su memoria cumpliendo con la obligación de facilitar la información necesaria para aclarar las circunstancias de su asesinato y desaparición y recuperar sus restos”.

“Tampoco comprendemos que el Gobierno se rehúse a la desclasificación de información de las Fuerzas Armadas, cuando otros países latinoamericanos, en el marco de los tratados interamericanos que definen la necesidad de esclarecer la desaparición forzosa, han dispuesto la apertura de archivos clasificados de las Fuerzas Armadas, como Argentina, Brasil y Guatemala”.

Piden el cumplimiento de la ley

Sobre la base de esta información, exigieron al Poder Ejecutivo, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Poder Legislativo que “cumplan las normas legales vigentes y los convenios internacionales para conocer la verdad de los hechos ocurridos en julio de 1980 y recuperar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de Carlos Flores Bedregal”.

“El Estado boliviano tiene una deuda con el país, resolverla asumiendo su responsabilidad en el total esclarecimiento de estos graves delitos es una condición necesaria para avanzar en la construcción de una sociedad más justa, plural y democrática”.

La misiva está firmada por Cristina Trigo de Quiroga Santa Cruz, María Soledad Quiroga Trigo y Rodrigo Quiroga.