Dimite otro juez del Tribunal de Imprenta que juzga a La Prensa

El Presidente reconoció que había sostenido encuentros con los dirigentes de los contrabandistas. El Gobierno presentó una demanda penal, cuando correspondía un juicio de Imprenta. Desde la demanda planteada y la constitución del Tribunal ya transcurrieron diez meses.

Mario Alfonso Ibáñez renunció como miembro del Tribunal de Imprenta, en el que se sustancia el juicio abierto por el presidente Evo Morales contra el periódico La Prensa; denunció una supuesta negligencia del Concejo Municipal de La Paz para completar los cargos que quedaron vacantes en ese juzgado especial abierto el 18 de mayo, y advirtió la existencia de una velada intención política por obstaculizar el cumplimiento de la Ley de Imprenta.

En una carta enviada a este periódico, Ibáñez afirma: “Existen fuertes indicios de pretender cancelar la Ley de Imprenta porque ella se constituye en obstáculo para imponer la arbitrariedad, el abuso de poder y en el instrumento que tenemos los bolivianos para precautelar el buen uso de la gestión pública, pero también representa el instrumento para evitar un discrecional uso de los medios de comunicación por efecto de presiones políticas y económicas”.

El especialista destaca que, en mayo de este año, aceptó formar parte del Tribunal de Imprenta, establecido por el juez Aníbal Miranda Balboa, “para esclarecer en el marco de la equidad, la justicia y la verdad la demanda interpuesta por la Presidencia de la República contra el periódico La Prensa por sus publicaciones de fechas 9, 10 y 11 de diciembre de 2008”.

Los hechos

El 5 de diciembre del año pasado, el ex presidente de la Aduana Nacional de Bolivia César López presentó una denuncia formal ante el Congreso respecto de la liberación ilegal de 33 camiones con mercadería de contrabando en Pando, en la que involucró al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; al actual prefecto de ese departamento, Rafael Bandeira, y a otros funcionarios del Órgano Ejecutivo.

A partir de esos hechos de interés público denunciados por López, La Prensa publicó una serie de notas documentadas y contrastadas con fuentes calificadas que relacionaban a importantes autoridades del Gobierno con el caso, entre ellas el presidente Evo Morales.

El 9 de diciembre, el periódico tituló: “Evo negoció ‘luz verde’ con los contrabandistas dos meses antes”, con base en cartas enviadas por los comerciantes al Ejecutivo y un documento de la Aduana Nacional que revelaban las conversaciones entabladas, en junio de 2008, por dirigentes de los contrabandistas con autoridades del Gobierno, 60 días antes de la salida irregular de los camiones con contrabando desde la Zona Franca de Cobija.

La documentación muestra que los dirigentes de los comerciantes sostuvieron encuentros en Pando y en el mismo Palacio de Gobierno con el fin de “resolver” la situación de irregularidad en la que se encontraba su mercadería, después de que la Aduana determinara que se trataba de contrabando.

El Primer Mandatario reconoció que había sostenido encuentros con los dirigentes de los contrabandistas, pero negó que hubiera sido para “resolver” la situación de irregularidad en la que se encontraban los 33 camiones, tal como aseguran las cartas publicadas por La Prensa.

La demanda

La noticia desató la ira del Presidente, quien increpó públicamente al editor de la sección Al Filo de este medio, Raphael Ramírez, durante un acto que se desarrolló en el Palacio Quemado con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción.

El Gobierno anunció, entonces, que iniciaría un proceso legal contra el periódico La Prensa por considerar que las denuncias eran calumnias e injurias que buscaban dañar la imagen del Jefe de Estado.

Este medio rechazó las imputaciones, ratificó los términos de la información publicada y advirtió de que el caso sólo podía sustanciarse ante un Tribunal de Imprenta, tal como lo prevé la Ley de Imprenta vigente desde 1925, frente al que presentaría su defensa legal.

Sin embargo, en contra de los postulados de esa norma, el 12 de marzo, el Gobierno presentó una demanda penal ante la Fiscalía de Distrito bajo los cargos de “desacato a una autoridad, calumnias e injurias”, situación que generó el rechazo de los gremios de prensa y de los medios de comunicación por considerar que el caso debía resolverse en el Tribunal. Esta figura también fue rechazada por la Fiscalía por considerar que se trataba de un caso de imprenta.

El 27 de marzo, el fiscal Edward Mollinedo se declaró incompetente para proseguir el proceso y remitió los documentos a un Juez de Instrucción. Argumentó que, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Imprenta, la demanda debía ser formulada ante un juez de Partido, quien debía convocar a un tribunal especial para el gremio.

El mencionado artículo de la norma sectorial dice: “La denuncia o querella se hará por escrito, ante el Juez de Partido, quien mandará citar en persona o a domicilio al autor, editor o impresor, si fueren diferentes, al fiscal y partes interesadas señalando día, hora y lugar para el sorteo de jurados”. Este rechazo dio paso a la formación del Tribunal de Imprenta antes mencionado.

El 7 de abril, el Ejecutivo resolvió modificar su demanda, quitando de la denuncia el supuesto delito de “desacato” y solicitando que el caso se sustancie ante un Tribunal de Imprenta, como dispone la ley.

El tribunal

El 18 de mayo, esa instancia fue conformada con 12 personas: Mario Ibáñez, Florencia Ballivián, Deysi Orozco, Dulfredo Retamozo, Sandra Aliaga, Enrique Rada, Ronald Grebe, Julieta Paredes, Ramiro Molina, Armando Martínez, José Luis Aguirre y Enrique Díaz Romero como Presidente.

En su carta a La Prensa, Ibáñez lamentó que a poco de iniciarse las reuniones preparatorias de la entidad, Díaz Romero hizo conocer a los medios de comunicación su decisión de dimitir al cargo sin siquiera haberla formalizado de forma escrita al seno del Tribunal.

Luego, el organismo quedó con menos miembros tras la renuncia de Deysi Orozco y el fallecimiento de Dulfredo Retamozo.

El resto de los miembros del Tribunal solicitó al juez Miranda Balboa cubrir dichas vacancias, según Ibáñez, “a fin de no perjudicar el trabajo de acumular antecedentes sobre el caso, formar criterios adecuados y acelerar pasos procedimentales para encontrar soluciones reflexivas y razonables al respecto”.

Ibáñez asegura que habría sido aconsejable que el mismo juez cubriera aquellas vacancias con los seis suplentes originalmente elegidos como lo propuso Enrique Rada, otro miembro del Tribunal de Imprenta.

Sin embargo, en agosto, el juez Miranda Balboa solicitó al Concejo Municipal de La Paz la designación de nuevos miembros para cubrir las vacantes, lo que, según

la defensa de este periódico, contraviene la normativa prevista en la Ley de Imprenta.

Ibáñez recordó que, desde la demanda planteada y la constitución del Tribunal, ya transcurrieron diez meses.

Del requerimiento del juez al Concejo Municipal pasaron dos meses, tiempo en que el ente edil no respondió al pedido. “Me da la impresión de que existe negligencia para atender la solicitud o que se ha creado una extraña actitud para no hacerlo”, destaca Ibáñez en su carta a La Prensa. En el mismo sentido, comentó que “primero estuvo el descabezamiento de la Presidencia del Tribunal de Imprenta, luego forzar el desbande de sus miembros, ya que algunos de ellos se encuentran fuera de la sede del Gobierno, en el exterior, por razones profesionales. De otro lado, tampoco se observa reacción alguna de las partes interesadas”.

“Frente a este panorama de extrañas actitudes que parecen estar dirigidas al irrespeto y el desconocimiento del Tribunal de Imprenta, presento mi renuncia como miembro titular de dicho organismo legal”.

Por ello, Ibáñez insistió en que hay fuertes intereses que buscan anular la Ley de Imprenta para dar paso a la vigencia del abuso de poder en el país.

El letrado aseveró: “La vigencia del Tribunal de Imprenta debe merecer paralelamente su intransigente defensa por parte de los bolivianos del campo y de las ciudades, porque en él está la defensa de la dignidad, el derecho y el honor de las personas, así como el esclarecimiento de la justicia y la verdad sin apasionamiento alguno”.

Concejo dice que cubrirá vacíos

El Concejo Municipal de La Paz anunció que resolverá esta semana las vacantes del Tribunal de Imprenta que se creó el 18 de mayo para conocer el juicio que el presidente Evo Morales instauró contra La Prensa, por sus publicaciones del 9, 10 y 11 de diciembre de 2008 relacionadas con el supuesto contrabando de 33 camiones en el departamento de Pando, caso en el que fue involucrado el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

El presidente de esa instancia edil, Luis Revilla (MSM), informó que este asunto está agendado para ser tratado esta semana, aunque no precisó el día ni la hora. “Está agendado que esta semana podamos completar el número de jurados”.

Mario Alfonso Ibáñez, quien renunció a ser parte de ese Tribunal, creado por Aníbal Miranda, juez Tercero Penal Liquidador, solicitó al Concejo Municipal, en agosto, que cubra las vacantes que se presentaron con las renuncias de otros integrantes sin que, a los dos meses de ese requerimiento, se lo hubiera atendido.

“Me da la impresión —afirmó— de que existe negligencia para atender la solicitud o que se ha creado una extraña actitud para no hacerlo”. Empero, en agosto, el Concejo ya hizo una convocatoria pública para llenar esas acefalías.

Revilla explicó que el Tribunal de Imprenta tiene 40 miembros, de ellos, 24 ingresaron en un sorteo y fueron elegidos 12, que son los que son parte del jurado en el proceso contra este medio.

De ellos, tres renunciaron, César Enrique Díaz Romero, Deysi Orozco y Mario Alfonso Ibañez; uno falleció, Dulfredo Retamozo.

Según Revilla, a pesar de las acefalías existe “el número suficiente para hacer el sorteo, no debería ser ninguna razón para que el proceso se paralice”. No obstante, reiteró que esta semana se intentará completar ese Tribunal.

El 18 mayo, el juez Miranda tomó juramento a César Enrique Díaz Romero como presidente del Tribunal, y como miembros titulares al presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Ronald Grebe; a la historiadora Florencia Ballivián; Enrique Rada, Deysi Orozco, Ramiro Molina, Armando Martínez, la periodista Sandra Aliaga y Mario Alfonso Ibáñez. Como suplentes fueron elegidos Dulfredo Retamozo, la activista por los derechos de las mujeres Julieta Paredes y José Luis Aguirre.

Este Tribunal es el segundo que se forma desde 1999, cuando uno de similares características trató una demanda del actual senador Wálter Guiteras (Podemos), cuando era ministro de Gobierno, contra el diario Extra.

La ANP conforma su Tribunal de Ética

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) conformó su Tribunal de Ética con personalidades del ámbito del periodismo y el derecho, dando cumplimiento así al inciso II del artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE), informó el presidente de esa institución que agrupa a los 23 principales diarios y periódicos impresos del país, Marco Antonio Dipp, quien además es director del diario Correo del Sur.

Indicó que este tribunal está integrado por los abogados Armando Villafuerte y Willman Durán, y los periodistas Alberto Zuazo Nattes, Jaime Humérez Seleme y Harold Olmos Mercado.

Su misión será procesar las denuncias de la sociedad sobre las faltas éticas que puedan cometer los medios de comunicación social afiliados a la ANP y determinar la responsabilidad de periodistas, ejecutivos o trabajadores de otras áreas de los medios en dichas faltas.

Dipp confesó que no fue fácil la formación de este Tribunal y que el esfuerzo mayor fue puesto en la búsqueda de personalidades con altísima credibilidad, reconocida responsabilidad, seriedad e idoneidad.

Ello permitirá que las decisiones del Tribunal gocen de total confiabilidad de la sociedad y sean adoptadas con absoluta independencia.

Recordó que Villafuerte fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Durán fue presidente del Tribunal Constitucional de la Nación. Ambos tienen una “intachable trayectoria en el campo de la judicatura nacional”, la que los llevó a ocupar las presidencias de las más altas instituciones judiciales del país, dijo el directivo de la ANP.

Los periodistas Zuazo, Humérez y Olmos fueron distinguidos con el Premio Nacional de Periodismo, la más alta distinción a la carrera periodística que se otorga hasta ahora en Bolivia. “Sus también límpidas trayectorias periodísticas, en las que han desempeñado diversos cargos, desde reporteros a ejecutivos de medios impresos, constituyen una garantía de idoneidad e imparcialidad”, afirmó el Presidente de la ANP en un comunicado emitido por esta organización.

Agregó que “la designación de este Tribunal de lujo”, cuyo funcionamiento gozará de total autonomía e independencia, significa también la voluntad de los asociados de la ANP de someterse a las decisiones que emanen del organismo que, por la calidad de los miembros que lo conforman, inspiran la seguridad de que sus fallos serán totalmente justos y, por lo tanto, inapelables.

Subrayó que con la creación de dicho Tribunal se aplica además lo señalado en el inciso II del artículo 107 de la Constitución Política del Estado, que dice: “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad.

Estos principios se ejercerán mediante normas de ética y autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación”.

El Tribunal tendrá como base de su trabajo el Código de Ética aprobado por los miembros de la ANP en septiembre de 2007, y al que se adhirieron los medios que se asociaron al organismo nacional después de esa fecha. Además, sus miembros están elaborando el reglamento que establecerá sus mecanismos de trabajo.

La posesión de los tribunos se efectuará tan pronto se hubiera coordinado la fecha más adecuada para realizar la ceremonia, informó el Presidente de la ANP, quien divulgó también el Código de Ética de la institución que dirige, señalando que, como todo instrumento, “es perfectible”.

En una entrevista en la Red Erbol, el secretario ejecutivo de la ANP, Juan Javier Zeballos, anunció ayer que la posesión de los miembros del Tribunal de Ética será el 27 de octubre, aunque no precisó el lugar ni la hora.

Los detalles

El Gobierno cuestionó a este medio por la información del contrabando de 33 camiones.

El Mandatario, en un acto público, increpó al periodista Raphael Ramírez por esa noticia.

Ese mismo día amenazó con iniciar un juicio contra este periódico.

En marzo, el Ejecutivo presentó una denuncia penal en el Ministerio Público.

La Fiscalía se declaró incompetente y derivó el caso a un Juzgado de Instrucción.

La denuncia debió presentarse ante un Juez de Partido para convocar a un tribunal especial.

La Prensa rechazó un juicio ordinario, pues el caso debía ir a un Tribunal de Imprenta.

El 18 de mayo se constituyó dicha instancia formada por 12

titulares y seis suplentes.

El proceso no avanza porque hay cuatro acefalías que el Concejo Municipal debe cubrir.

Juicio

El Gobierno presentó una demanda contra La Prensa por tres publicaciones.

El tema en cuestión es que 33 camiones pasaron con contrabando en Pando.

El caso involucró al ministro Juan Ramón Quintana y al actual prefecto Rafael Bandeira.