Expertos no ven insalvables diferencias CPE y estatutos

Especial para La Prensa.- Si bien se podría negociar un acuerdo de compatibilización de los textos del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) y los Estatutos Autonómicos, las condiciones de diálogo político deben ser reconstituidas previamente, señalaron tres expertos de distintas tendencias en la Fundación Boliviana de Democracia multipartidaria (FBDM) durante un debate organizado en conjunto con la Fundación Ebert-Ildis.

El asambleísta del MAS Carlos Romero, el constitucionalista José Antonio Riveros y el senador de Podemos Carlos Böhrt participaron en el panel para debatir cuáles son específicamente los temas de más difícil resolución en la tarea de compatibilización de los textos mencionados.

Los especialistas expresaron coincidencias, pero también algunas disidencias, durante el panel en el que se analizaron las posibilidades de compatibilizar los textos de la nueva CPE y de los estatutos autonómicos de los departamentos de la “media luna”.

Los tres señalaron que antes que los temas técnicos están los de corte político.

“Si no hay voluntad de diálogo, ninguna comisión técnica va a poder hacer nada, aunque existieran posibilidades de acuerdo”, dijo Rivera. Los tres panelistas dijeron que deben “reconstruirse” las condiciones para que un diálogo político pueda desarrollarse, lo que pasa por una deposición de las posiciones más extremas de ambos lados.

El diálogo se realizó en el auditorio de la Fundación Boliviana de Democracia Multipartidaria (FBDM), que organizó el evento en conjunto con la Fundación Ebert-Ildis. El panel fue aprovechado también para presentar el libro Puentes para un diálogo democrático. Proyecto de Constitución y Estatutos: compatibilidades y diferencias, de Böhrt, Andrés Tórrez y Silvia Chávez. El acto fue inaugurado por Guido Riveros, presidente de la FBDM.

Riveros también coincidió en la necesidad de que los actores políticos generen unas condiciones más adecuadas para que un diálogo pueda surtir efecto. “No deberíamos desaprovechar el momento político y la invitación inicial que hizo el Presidente de la República para iniciar una negociación”.

Señaló que, pese a lo complejo del momento político, “los bolivianos seguiremos demandando un acuerdo”.

En su intervención, el asambleísta del MAS mencionó que él no ve “grandes dificultades para poder compatibilizar” la nueva CPE y los estatutos, pero desconfió de la real disponibilidad de diálogo de los dirigentes de la “media luna”, especialmente del prefecto Rubén Costas.

Temas conflictivos

Pese a ello, Romero mencionó que varios de los temas más conflictivos del texto del proyecto constitucional “pueden resolverse si se dialoga con tranquilidad”, por ejemplo el relacionado con la autonomía indígena. “No va a haber una ‘reconstitución’ de los territorios indígenas por parte de los pueblos indígenas, ni la división del país en 36 nacionalidades, debido a que el concepto de ‘autonomía indígena’ tiene más que ver con ‘autogobierno indígena’ y no con ‘territorio indígena’”.

“En ese sentido, el tema de la autonomía indígena no tiene por qué presentar dificultades o temores en el oriente, porque además los pueblos indígenas de esas regiones son minoritarios”, dijo. Puso el ejemplo de relación entre un prefecto y un alcalde. “Ninguno de los dos le da órdenes al otro, pero ambos pueden trabajar juntos. Lo mismo podría suceder entre un prefecto y un dirigente de la autonomía indígena”.

Recursos naturales

Romero mencionó asimismo que respecto de tierra, agua y bosques se podría generar un acuerdo entre la visión del MAS y de los departamentos autonomistas. “Nosotros consideramos que los recursos naturales renovables deben ser fijados por políticas que emanen del Gobierno central, pero quizás la ejecución de algunas políticas que tienen relación con ello, como la definición de políticas sobre asentamientos humanos, podría quedar en manos del nivel subnacional (departamental)”.

Ello evitaría, dijo, el temor de la dirigencia cruceña referida a posibles “invasiones pacíficas” a la tierra y bosques de colonizadores de occidente del país.

Este tema también fue mencionado por el senador de Podemos Carlos Böhrt. “El asunto referido a las ‘competencias compartidas’ entre el Estado central y las prefecturas sobre los recursos naturales renovables es otro de los que podrían generar más complicaciones”.

“Para el Gobierno, es muy sensible que el agua o la tierra, por ejemplo, estén en una soberanía exclusiva departamental, como lo han propuesto Beni y Santa Cruz en sus estatutos”.

El legislador dijo que el Ejecutivo ve ese asunto con mucha susceptibilidad. En la actual Constitución y en la nueva, los recursos, como tierra, agua y bosque, son de exclusiva competencia del nivel nacional.

Como una propuesta, Böhrt señaló que quizás “lo que se podría ver es una competencia compartida, es decir que el nivel nacional determine las directrices generales y que la ejecución de ellas quede en manos del nivel subnacional”.

El senador hizo hincapié en que, en los estatutos de Pando y Beni, tierra y agua están presentadas, precisamente, como “competencia compartida” y ése podría ser un camino.

Por su parte, Riveros comentó que los textos del proyecto de Constitución y de los estatutos pueden ser compatibilizados, siempre que “el enfoque andinocentrista sea reducido o limitado en la CPE” y que “exista una verdadera y real intencionalidad de parte del oficialismo de entender a las regiones”.

Según el experto, lo difícil de la compatibilización es que las visiones “son distintas en lo que se refiere a la filosofía de los dos textos”. Expresó que el texto constitucional propuesto por el MAS es “centralista, estatista y tendente al socialismo”, mientras que el de los estatutos “es de tipo liberal y autonomista”.