Evo pide a García que expulse a ex ministros que solicitan asilo

Solamente hay tres ex miembros del gabinete de Sánchez de Lozada que permanecen en el país. El lunes 18 de mayo inicia el juicio oral por el caso “octubre” en la Corte Suprema de Justicia.

La Prensa y agencias.- El presidente Evo Morales emplazó ayer a su homólogo peruano Alan García a que expulse del Perú a tres ex ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada: Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo Alcalinovic y Javier Torres Goitia, imputados por la masacre de octubre de 2003 y que solicitaron asilo a ese país. La Cancillería de esa nación respondió que evalúa los pedidos de refugio de “manera soberana”.

Torres Obleas ya logró condición de asilado y se hallan en análisis las solicitudes de Quevedo y Torres Goitia, a una semana del inicio del juicio en la Corte Suprema de Justicia por las muertes de octubre de 2003.

Morales, ayer en un acto de entrega de 662 viviendas en la ciudad de El Alto, llamó a García a “no cometer un grave delito” de otorgar refugio a los tres implicados. “Si el Gobierno peruano concede asilo o refugio estaría cometiendo un grave delito porque hemos revisado la documentación del Estado peruano y no puede dar refugio a quienes cometieron delitos de lesa humanidad”.

El Mandatario hace referencia a la improcedencia prevista en la Ley de Asilo de Perú (Ley 27840), cuyo artículo sexto señala: “No podrá otorgarse Asilo a la persona que se encuentre inculpada, procesada o condenada ante tribunales judiciales ordinarios competentes por delitos comunes, o que haya cometido delitos contra la paz, terrorismo, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad definidos en los instrumentos internacionales”.

Sánchez de Lozada y su gabinete ministerial fueron imputados por la Fiscalía por genocidio, por la muerte de al menos 67 personas, la mayoría por armas de fuego, en la ciudad de El Alto durante las protestas organizadas por los vecinos alteños en rechazo a la exportación del gas a Chile en octubre de 2003.

La represión militar dejó además alrededor de cien heridos. Tras la matanza, el 17 de octubre, Sánchez de Lozada presentó su renuncia irrevocable y huyó del país a Estados Unidos, donde permanece hasta ahora.

Sus ministros son acusados de responsabilidades en este hecho porque para la movilización de las Fuerzas Armadas se emitió un decreto supremo que emergió de una reunión de gabinete.

Para Morales, Alan García tiene la obligación de expulsar a las ex autoridades que piden refugio y si no lo hace, alertó, será una muestra de que no respeta ni sus normas. “Que no cometan el error, como una ofensa del pueblo peruano al pueblo boliviano, de dar asilo a los ex ministros de Sánchez de Lozada”.

El Mandatario boliviano, también, llamó “chabacano” (grosero y de mal gusto) a su homólogo por asilar a Torres Obleas. “Al compañero chabacano Alan García, colega presidente, quiero decirle que no tiene por qué proteger a los delincuentes en el Estado peruano”.

Recordó que un ministro peruano, José Chang, de Educación, le tildó con ese mismo término hace más o menos un mes cuando ambos altos dignatarios se enfrentaron verbalmente.

“A mí me dijo uno de los ministros de Alan García chabacano. Yo no sé qué dirá, pero sé que es una ofensa, no me molesta. Pero ahora, como está cometiendo un error ni siquiera respetando sus normas del Perú, yo digo: colega chabacano Alan García, le pido con mucho respeto expulsar a estos delincuentes que se escapan al Perú”.

La respuesta

El canciller peruano José García Belaúnde, por su parte, aclaró que su país responde a las peticiones de asilo “de manera soberana”.

Según Efe, la autoridad dijo que “hay que tener en cuenta en primer lugar que quien califica la condición de asilado es el Gobierno al cual se pide el asilo, no el Gobierno del cual la persona es nacional” ante la observación que realizó el canciller David Choquehuanca sobre la admisión peruana, pues no se consideró que las tres ex autoridades tienen abiertos procesos penales.

García Belaúnde igualmente indicó que “Perú es un país con una tradición de apego al derecho internacional y de apego a una tradición de protección de la persona, y evaluará cada caso en sus propios méritos y tomará una decisión soberana”.

Choquehuanca anunció el sábado que tramitará un proceso para evitar que los ex colaboradores de Goni escapen a las responsabilidades que deben asumir y que enviará información a la Comisión Especial de Refugiados de Naciones Unidas para exponer las razones para negarles el asilo.

Sin embargo, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, aseveró ayer que “primero (se debe) verificar, ver algo oficial, por el momento son comunicaciones que se han dado” antes de emitir un pronunciamiento de la estrategia boliviana para conseguir la “devolución” de los imputados.

Por su parte, el abogado defensor de las víctimas de la masacre, Rogelio Mayta, manifestó que, pese a la huida de varios de los demandados, la fecha del 18 de mayo “continúa invariable para el inicio del juicio oral”.

“Se debe abrir proceso con las personas que estén presentes no en contra de las ausentes, por el respeto de su derecho a la defensa. La huida de algunas personas nos llena de indignación”.

Mayta anunció que pedirá a la Cancillería que haga llegar a Perú información sobre la responsabilidad de las ex autoridades en la matanza de al menos 67 personas.

En Bolivia solamente quedan tres ex ministros que acompañaron a Sánchez de Lozada en la última etapa de su Gobierno: Adalberto Kuajara, ex ministro de Trabajo; Érick Reyes Villa, ex ministro de Desarrollo Sostenible, y Dante Pino, ex ministro de Asuntos Campesinos.

La Prensa informó el viernes, con datos obtenidos de la Fiscalía, que Pino abandonó el país, pero la ex autoridad aclaró que se encuentra radicada en Cochabamba y que enfrentará el proceso penal.

Sánchez de Lozada y sus ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín; de Agricultura Guido Áñez y de Minería e Hidrocarburos Jorge Berindoague se hallan en EEUU; su ex ministro de Educación Hugo Carvajal está en España como acogido y que se desconoce el paradero del ex ministro de Gobierno Yerko Kukoc.

Desde Perú, Torres Obleas, el único asilado confirmado, pidió ayer que la Corte Penal Internacional (CPI) juzgue las responsabilidades en las muertes ocurridas en 2003. En una carta enviada desde Lima a los medios señala que “frente a la incapacidad del Estado boliviano para garantizar un debido proceso, emplazo, una vez más, a todos los actores involucrados a acudir ante la CPI para que el pueblo conozca la verdad histórica y se establezcan las correspondientes responsabilidades”.

El sábado, Quevedo alegó que no hay en Bolivia las condiciones para un “juicio justo”, por lo cual hace los trámites para ser asilada en ese país.

Las relaciones entre ambos países se mantuvieron tensas desde 2007

Perú puede tener entre sus manos la venganza perfecta al rechazo boliviano del pedido de extradición de Wálter Chávez. En 2007, a través de una resolución del gabinete de ministros del país vecino se elevó a la Cancillería boliviana un pedido de extradición de Chávez, acusado de terrorismo en Perú y de ser recaudador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que fuera desarticulado en 1997 por el ahora ex primer mandatario encarcelado Alberto Fujimori luego de la toma de la Embajada de Japón en la ciudad de Lima.

En octubre de 2007, el Gobierno boliviano apoyó a Chávez, por ese entonces asesor del Presidente; la Corte Suprema de Justicia negó la extradición del peruano, aduciendo que contaba con la condición de refugiado en Bolivia.

Ése fue el detonante de otros roces bilaterales. Después de ese incidente, el presidente Morales denunció, por ejemplo, el 29 de junio de 2008 que su colega Alan García autorizó el asentamiento de una base estadounidense en territorio peruano y le llamó “muy gordo y poco antiimperialista”. La ofensa provocó la llamada a consultas del embajador de Perú en La Paz, Fernando Rojas, y las relaciones se deterioraron. En abril de este año volvió el impasse luego de que Morales denunciara que la demanda de Perú contra Chile ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya obstaculizaría la aspiración boliviana de salida marítima.

Fiscal pide apoyo a Interpol para extraditar a Goni

El fiscal Milton Mendoza, quien impulsa el juicio al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) por cargos de genocidio y peculado, pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que recurra a la Interpol para establecer el paradero de algunos de los implicados en el proceso en trance de fuga.

La autoridad pública sentenció que “si algunos co imputados por la masacre (de civiles en octubre de 2003, a manos de la fuerza pública) están fuera del país, lo que debe hacer la Corte Suprema de Justicia, a pedido nuestro, es declarar rebeldes ante la ley y prófugos de la justicia boliviana”.

El Fiscal reconoció que los ex ministros de Sánchez de Lozada Guido Áñez, Yerko Kukoc, Mirtha Quevedo, Javier Torres Goitia y Jorge Torres Obleas han escapado del país para evadir el proceso instaurado en la justicia. Oficialmente se conoce que a Perú llegaron los últimos tres, y Torres Obleas oficializó su calidad de refugiado desde este sábado.

Mendoza aseguró que tiene documentos objetivos de estas denuncias y recordó que ante la posibilidad de fuga de estos involucrados incluso solicitó hace varias semanas a la Corte Suprema precisar hora y día para una audiencia de medidas cautelares donde se podría cambiar la situación de los imputados que no tenían mandamiento de arraigo.

Explicó que la Corte Suprema de Justicia debe revocar las medidas cautelares de algunos acusados y en otros casos imponer medidas mucho más duras, entre ellas la detención preventiva, “porque es la única manera de asegurar su presencia en el inicio del juicio oral fijado para el 18 de mayo (…) La gente está cansada de ver a los delincuentes en la calle, quiere verlos en la cárcel y la única manera de asegurar ese tipo de efectividad en la acción de la justicia y es precisamente con las medidas cautelares”.

El presidente Evo Morales, ayer en un acto en la ciudad de El Alto, lamentó que los jueces no hayan prohibido la salida del país de las ex autoridades gubernamentales del último Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada que están acusadas del delito de genocidio en su grado de masacre sangrienta en octubre de 2003, cuando al menos 67 ciudadanos murieron en El Alto durante una protesta que fue reprimida por las Fuerzas Armadas.

El abogado de las víctimas de ese conflicto, Rogelio Mayta, afirmó que el Ministerio Público, mediante la Cancillería, tendrá que solicitar la extradición por conductos regulares, al menos en cuanto al asilo confirmado de Jorge Torres Obleas.

REPERCUSIONES

“El hecho de pedir asilo político implica, primero, que están eludiendo su responsabilidad con el país y, segundo, están admitiendo su responsabilidad en los hechos luctuosos de 2003. Creo que el Estado peruano no debe prestarse a institucionalizar la impunidad”

César Navarro

Diputado del MAS

“Considero que (los ex ministros) están en su derecho, toda vez que en nuestro país hemos perdido la institucionalidad jurídica. Ellos se ven ante la necesidad de acudir al asilo político porque no hay garantías de que aquí se sometan a procesos debidos”.

Marisol Abán

Diputada del MNR

“Creo que las acciones que lleva el MAS y el Presidente (Evo Morales), como el descabezamiento del Poder Judicial, les dan razón (a los ex ministros) para que nunca sean juzgados, porque cualquier país después de ver atropellos (en Bolivia) dará asilo a quienes lo pidan”.

Bernardo Montenegro

Diputado de Podemos

“El que se fuga expresa el sentimiento de culpabilidad. Hay un rechazo a la postura de Perú de ser el receptor de una oposición a un proceso en América Latina. Creo que, más que pedir expulsión, lo que corresponde es la extradición, porque hay un proceso judicial”

Alejandro Colanzi

Diputado de Unidad Nacional

“Este (tema) debe resolverse a nivel de cancillerías porque de lo contrario será una estampida de personas que están huyendo de la justicia. El asilo de uno no es un buen antecedente. El juicio ante la CPI no corresponde porque aún no se agotaron las instancias”.

Rolando Villena

Presidente de la APDHB

“No estamos de acuerdo con que un país acepte el asilo político porque serían cómplices y estarían defendiendo a quienes han robado, han asesinado, y sólo se están favoreciendo las ex autoridades de Goni, esas personas deben volver al país para ser juzgadas”.

Leonilda Zurita

Dirigente campesina

OPINIONES

Armando Loaiza

Ex canciller

“El asilo o el refugio es una institución del derecho interamericano por la vida tan agitada de la política latinoamericana; este derecho se desarrolló conforme a convenciones internacionales y un Estado tiene el perfecto derecho de calificar y otorgar el asilo cuando considere que ciudadanos de otros países están siendo objeto de acoso o persecución política. En el contexto de las relaciones boliviano-peruanas, que desafortunadamente llegaron a un deterioro muy grande, conviene resolver este tema mediante la vía diplomática. En el plano político desearía que fuese así, pero es un tema que no debe causar tanta sensación o extrañeza, pues está dentro del derecho de un país”.

Javier Murillo

Ex canciller

“La calificación del asilo, las razones del asilo, es una facultad del país que lo otorga. Es posible que Bolivia sostenga que las personas deben responder por delitos no políticos, sino comunes, como lesa humanidad, masacre, pero quien debe evaluar es el Estado que concede el asilo, y en este caso el Perú. La última palabra, más allá de los pedidos o las gestiones que realice un país, la tiene el país que brinda el asilo. Obviamente Bolivia podría considerar que es una forma de dar protección y obstruir los actos de justicia que se procesan, lo que podría generar un clima de tensión en las relaciones diplomáticas que sostienen ambas naciones y que en el último tiempo se vieron afectadas”.

Apuntes

Jorge Torres Obleas consiguió asilo político en Perú y pidió a la CPI que juzgue los delitos.

El Presidente afirmó ayer que es “muy grave que (en Perú) se ampare a delincuentes”.

Por este motivo, llamó “chabacano” a su homólogo del país vecino, Alan García.