Santos es aprehendido bajo la imputación de tres delitos

El ex Presidente de la estatal petrolera es acusado de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias, aunque el fiscal Edward Mollinedo podría ampliar la causa a otras figuras. Fue aprehendido por el riesgo de que presione a otros indagados.

Cuando eran exactamente las 19.30, el fiscal de Corrupción Pública Edward Mollinedo abrió la puerta de su oficina, se paró ante una treintena de periodistas y en voz alta dijo que haría un anuncio muy importante, aunque no respondería pregunta alguna.

“El Ministerio Público ha determinado la aprehensión del señor Santos Ramírez, todo conforme a procedimiento y a los antecedentes que se tiene. Muchas gracias”. Después, giró sobre sí mismo y volvió a entrar en su despacho, donde el investigado se encontraba.

El ex Presidente de la estatal petrolera se había presentado puntual, a las 14.00, en el edificio de la Fiscalía de Distrito para continuar la declaración que había comenzado el día anterior.

Durante toda la tarde, un numeroso grupo de periodistas aguardaba la conclusión del interrogatorio, aunque desde las 18.00 comenzó a circular la versión en sentido de que el otrora poderoso dirigente y fundador del Movimiento Al Socialismo (MAS) sería aprehendido.

Aunque en forma coincidente, los abogados de Ramírez, Franz Avilés, Albo Lacaze y Víctor Borda, aseguraron que no conocían la imputación formal y que se enterarían de su contenido hoy, en la audiencia cautelar, una fuente del Ministerio Público dijo que sobre Ramírez pesan las imputaciones de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias, aunque no se puede descartar aún la posibilidad de que se amplíen las sindicaciones.

La aprehensión fue determinada ante el riesgo de que Ramírez obstaculice la investigación, ya que puede ejercer presiones sobre los ex ejecutivos de la estatal petrolera, cuya labor es indagada por la justicia y que fueron suspendidos por orden del presidente Evo Morales.

En el edificio de la calle Potosí estuvieron un edecán del Ministerio de la Presidencia y varios agentes de seguridad del Primer Mandatario, quienes preguntaron, al final de la tarde, si se lo había aprehendido.

Según la agencia de noticias ANF, el jurista Avilés consideró que su defendido presentó pruebas amparadas en decretos y resoluciones administrativas aprobadas por el directorio de la estatal petrolera y por el mismo Congreso. Por eso, cree que su aprehensión se debe a una “persecución política”, instruida desde espacios de poder que no identificó.

Hoy, en la audiencia de medidas cautelares, la juez Marcela Siles determinará si ordena la detención de Ramírez en la cárcel de San Pedro o deja que se defienda en libertad en caso de que cumplieran los requisitos para optar por el beneficio de las medidas sustitutivas.

En algún momento de la tarde de ayer se entreabrió la puerta de la oficina 305, que ocupa Mollinedo, y en su interior pudo verse a Ramírez muy abatido, mientras en la puerta principal del inmueble, la hija de Ramírez intentaba, entre lágrimas, ingresar, aunque sus súplicas no fueron atendidas.

Los familiares del dirigente político, quienes en los días precedentes habían mostrado una actitud de intemperancia y aun insultado a los periodistas, ayer se vieron entristecidos y silenciosos al conocer que éste fue detenido.

Una fuente judicial dio cuenta de que los indicios de culpabilidad se encuentran en el contrato suscrito con Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos y que en la audiencia cautelar de hoy Mollinedo y sus asesores explicarán cada irregularidad evidenciada, aunque se abstuvo de explicar cuáles son éstas.

La mayor parte de los documentos apunta a la Fundación Khantati, dirigida por los parientes políticos de Ramírez. Esta entidad sería el medio por el que se desviaría ciertas sumas de dinero, pues —según el informante— no maneja “proyectos serios”.

La investigación estableció que los 450.000 dólares robados a Jorge O’Connor D’Arlach salieron de una cuenta de YPFB a favor del consorcio mencionado y que iban a ser entregados al todavía cuñado de Ramírez Javier Navia Doria Medina.

Ni siquiera la demanda de divorcio, presentada por el ahora imputado, logró salvar a Ramírez de la conexión con los familiares de su esposa.

Antes de ingresar a declarar por una causa abierta contra su marido por nepotismo, Jiovana Navia dijo que “no meto las manos al fuego por nadie”, en referencia a su hermano y a su primo hermano, y admitió que “estoy ‘shockeada’, muy preocupada por todo lo que está pasando, pero de todas maneras, voy a seguir ayudando en la investigación. Yo soy la más interesada en que se esclarezca el caso y se conozca la verdad. Estoy convencida de que así será. El doctor Santos Ramírez tiene muy buenos valores, es una persona muy sencilla. A pesar de que me ha presentado la demanda de divorcio, debo decir que es un hombre muy trabajador, íntegro, decisivo en este proceso de cambio”.

Éste es el primer caso en la historia democrática reciente del país en que una autoridad destituida es sometida a este procedimiento.

Incluso, ante acusaciones vertidas por favorecer el contrabando en Pando contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, Evo Morales prestó apoyo a su colaborador cuestionado.

La mañana del martes 27 de enero, ante el inmueble signado con el número 601 de la avenida Tejada Sorzano, Jorge O’Connor fue atracado y asesinado.

Ante informaciones periodísticas que vinculaban a Ramírez con el hecho, el viernes 30 por la noche, Evo Morales defendió a su compañero de lucha, pero a la mañana siguiente, lo destituyó, junto a otros ejecutivos de la empresa estatal, y ordenó la intervención de la petrolera nacionalizada, que quedó a cargo del ex ministro Carlos Villegas.

Anoche fue allanado el domicilio de Ramírez, ubicado en la calle 4 de Pampahasi, en procura de obtener más documentación y datos sobre este caso.

Mientras ello sucedía, se tejía una serie de versiones en torno al lugar en el que Santos Ramírez permanecía detenido, pues se dijo que había sido trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), se especuló que había sido llevado a las celdas de la Policía Judicial en el Palacio de Justicia de La Paz y que permanecía en la Fiscalía.

Alrededor de las 22.15, una persona se acercó al edificio para dejar una mochila en la Fiscalía y después se alejó rápidamente sin responder los cuestionamientos de los periodistas.

El Juzgado Sexto de Familia tramitará el divorcio de Ramírez

El lunes, cerca de las 18.30, Santos Ramírez presentó ante la Corte Superior de Justicia la demanda de divorcio contra su esposa, Jiovana Cristina Navia Doria Medina, pero la causa fue sorteada ayer por la tarde.

El juicio de separación, caratulado como “Ramírez Valverde versus Navia Doria Medina”, será tramitado ante el Juzgado Sexto de Partido de Familia.

María Teresa Montaño, defensora de la aún esposa del procesado, refirió que al no haber sido notificada aún con la causa, no conoce cuál es el argumento esgrimido por el patrocinante de Ramírez, William Andrade, para solicitar la cancelación de la correspondiente partida matrimonial.

Sin embargo, Montaño presume que la única causal factible de ser incluida en el memorial correspondiente es sevicia (crueldad excesiva), injurias y malos tratos, pese a lo que dijo que, como quiera que su patrocinada decidió “respetar esa decisión”, “vamos a responder en forma inmediata, vamos a renunciar a plazos procesales para que la demanda sea aprobada a la brevedad posible”.

La mujer de leyes dijo que las otras causales susceptibles de ser planteadas se refieren a infidelidad conyugal, homosexualidad o acuerdo mutuo, después de haber dejado de convivir por dos o más años en forma continua y consecutiva.

Jiovana Navia atribuyó la decisión “del doctor Santos Ramírez” al hecho de que “un hermano y un primo míos se encontraban en la escena de este lamentable hecho y eso lo afecta directamente a él”.

Javier René Navia Doria Medina, hermano, y Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina, primo hermano, debían reunirse con el fallecido Jorge O’Connor D’Arlach el martes 27 pasado en el domicilio legal de la Fundación Khantati, en la avenida Tejada Sorzano 601, donde reside Aramayo y donde el empresario fue asesinado. En la Fiscalía se mencionó ayer que los parientes políticos de Ramírez serán los próximos imputados por esa causa.

El otoño del líder político

Santos Ramírez Valverde nació el 14 de agosto de 1962 en Caiza D, provincia José María Linares del departamento de Potosí. Se acercó a la actividad política a través de la labor sindical, como dirigente del magisterio rural.

Comenzó su carrera política junto con otro líder político potosino, René Joaquino Cabrera. Ambos se incorporaron, en 1990, como militantes al Eje de Convergencia Patriótica o Eje Pachakuti, que lideraba el ex dirigente del Partido Comunista de Bolivia Ramiro Barrenechea. En 1995, fue elegido concejal suplente de Joaquino y dos años más tarde asumió las titularidad y fue elegido presidente de ese órgano deliberante con apoyo del MNR y el MIR.

Ese mismo año participó, al lado de Evo Morales y otros dirigentes sociales, en la fundación del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), que poco después adoptaría la sigla de Movimiento Al Socialismo (MAS), en cuyas listas fue candidato a Alcalde de la Villa Imperial en 1999, con malos resultados.

En las elecciones nacionales de mayo de 2002 fue elegido diputado por Potosí. Durante la legislatura 2003-2004 presidió el Comité de Política Económica de la Cámara Baja y entre 2004 y 2006, siendo ya uno de los dirigentes más influyentes del MAS, la principal fuerza opositora del Congreso, presidió la Comisión de Desarrollo Económico.

En los comicios generales de diciembre de 2005 fue elegido senador por el departamento de Potosí y merced a la alianza del MAS con Unidad Nacional (UN), presidió la Cámara Alta durante la legislatura 2006, periodo en el cual ocupó en dos oportunidades la Presidencia de la República, a causa de que tanto Evo Morales como Álvaro García Linera viajaron al exterior para intervenir en diferentes actos oficiales. Durante sus breves mandatos, Ramírez promulgó siete leyes.

Durante su mandato parlamentario, fue involucrado en el caso de la concesión de visas para ciudadanos chinos; un auxiliar del Senado, que llevaba una carta de recomendación suya, fue detenido en posesión de un kilo y medio de cocaína y, posteriormente, apareció involucrado en el caso de la venta de avales para que sus poseedores tengan un puesto en la administración pública, pero ninguno de esos problemas hizo mella en su fortaleza política en el seno del MAS.

Indicios

La juez Marcela Siles conocerá hoy la causa abierta contra Santos Ramírez por corrupción.

El principal indicio de responsabilidad es el contrato firmado por YPFB y Catler-Uniservice.

La investigación demostró que los 450.000 dólares salieron de la cuenta de la estatal petrolera.

La Fiscalía está segura de que el dinero estaba destinado a la Fundación Khantati.

El Ministerio Público considera que esa organización no tiene proyectos serios.

El dinero debía ser entregado ese martes fatídico a Javier René Navia Doria Medina.

El presunto receptor de los 450.000 dólares es titular de esa organización no gubernamental.

Todos los involucrados en el hecho mantienen el estatus de sospechosos ante la Fiscalía.

El fiscal anticorrupción Edward Mollinedo y otros investigadores tomaron la decisión.

El divorcio de la pareja Ramírez-Navia se ventilará en el Juzgado Sexto de Partido de Familia.

Más de 30 periodistas cubrieron ayer las declaraciones de los protagonistas de los hechos.

Agentes de la seguridad presidencial llegaron a la Fiscalía para conocer las decisiones.

Declaraciones

Santos Ramírez reaccionó apesadumbrado ante la decisión del fiscal Edward Mollinedo.

La ex autoridad cuenta con el asesoramiento de al menos tres abogados.

El aprehendido fue dos veces Presidente interino de la República en el año 2006.

La defensa de Santos Ramírez atribuye la aprehensión a una “persecución política” de espacios de poder.

Los 450.000 dólares robados provenían de cuentas de YPFB desembolsados a favor de Catler-Uniservice.