La convivencia y los linchamientos

Pese a ser una clara acción criminal, aún no se conoce que alguien hubiera sido juzgado o por lo menos encarcelado por participar en un linchamiento...

El sábado 31 de enero, un joven bachiller de 19 años llegó a la localidad de Ancoraimes invitado por un grupo de música. La madrugada del domingo 1, uno de los que bebían con él lo acusó de intentar robar su minibús, motivo por el que un grupo de comunarios procedió a lincharlo. El miércoles 4, dos ciudadanos, padre e hijo, que estaban de pasada por la comunidad de Titicachi, acusados de haber robado dinero a una anciana, fueron muertos por los comunarios en circunstancias confusas. Se supone que fueron echados a las aguas del lago Titicaca luego de ser linchados.

En ambos casos, los acusados eran simplemente eso, acusados. No se les había probado ningún delito. En el primero, la víctima fue inculpada por alguien con el que había bebido varias horas; en el otro, nadie se molestó en probar si aquellos dos hombres eran realmente los delincuentes. Son varios días que fuerzas policiales intentan ingresar en la localidad de Titicachi para investigar las circunstancias oscuras de los crímenes de estos dos seres humanos. Los vecinos no lo permiten. Hace poco tiempo, vecinos de Achacachi adoptaron la misma postura tras el linchamiento de dos personas, delito que hoy parece haber quedado en el olvido para policías y fiscales.

Estos linchamientos, en los que las víctimas son generalmente personas jóvenes que simplemente están de pasada por esas localidades, se repiten en forma creciente desde hace poco más de una década, y pese a ser, desde todo punto de vista, una clara acción criminal, aún no se conoce que alguien hubiera sido encarcelado o juzgado por linchamiento —salvo en el caso en que las víctimas resultaron ser miembros de la Policía Nacional—, todo lo contrario, hoy el delito parece haberse instalado en varias comunidades rurales como un recurso legal a disposición de los vecinos, quienes saben que se trata de un delito que quedará impune.

Las razones que impulsan a los pobladores a adoptar este delito evidentemente son una respuesta a la total ausencia de políticas de seguridad pública. Y extrañamente, pese a que son muchos los años que se vienen repitiendo a lo largo y ancho de todo el país, la Justicia o algún nivel del Estado hasta el día de hoy no ha tomado medida alguna para evitar que se repitan. Quien camine por cualquier barrio alejado de una ciudad boliviana verá muñecos de trapo colgados en postes, como una advertencia del destino que le espera a quien se atreva a cometer un robo en la zona. Son ya un símbolo de nuestro tiempo.

No falta quien vaticine que, tras la incorporación de la llamada justicia comunitaria a las formas legales vigentes en el país, este tipo de linchamientos se multiplicarán. Hasta donde sabemos, la llamada justicia comunitaria no incluye la pena de muerte, pero, claro, es fácil que ésta sufra alteraciones. Por ello, urge que nuestra Justicia tome medidas para terminar con una acción que, a través del tiempo, se viene haciendo un peligroso hábito que conspira con las normas básicas de la convivencia en cualquier sociedad.