Fiscalía pandina revela que los campesinos estaban armados

Un total de 99 personas resultaron heridas, 46 de ellas por armas de fuego y 53 por golpes.

Un informe de la Fiscalía de Pando reveló ayer que el 11 de septiembre, día de la matanza en Porvenir, el grupo de campesinos y normalistas también estaba armado.

El fiscal de Distrito de ese departamento, Eloy Azpetti, confirmó que en el cuaderno de investigaciones, entregado ayer a la comisión especial de la Cámara de Diputados que indaga los hechos sangrientos en esa localidad, su colega, Juan Carlos Gómez, tomó la declaración de uno de los normalistas que fue detenido ese día por un grupo de civiles del bloque cívico-prefectural.

La diputada Lourdes Millares (Podemos) fue la encargada de leer esa parte de la declaración, en la que el normalista (de quien no se precisó el nombre) dice: “Después de media hora comenzaron a declarar los comunarios de Porvenir, yo creo que una vez que hemos disparado, nosotros nos hemos perdido, y yo no vi más porque todos nos hemos entrado al monte”.

En ese mismo legajo, según dio fe Azpetti, también uno de los estudiantes reconoció que ellos decidieron aplicar una multa de 100 bolivianos a quienes no asistan a la marcha.

La autoridad prestó su declaración sobre la base de documentación elaborada por fiscales que trabajan en el distrito de Pando, pues él no se encontraba en ese departamento cuando ocurrieron los hechos.

Durante su intervención, también reveló que el día en que ocurrió la matanza los fiscales asignados al caso tuvieron que decidir la suerte de 15 personas (entre campesinos y normalistas) que fueron detenidas por una turba del grupo cívico-prefectural, que acusaba a éstas de ser autores de la muerte del ingeniero Pedro Oshiro y de haber causado lesiones a dos funcionarios de la Prefectura en Porvenir la madrugada del 11 de septiembre.

“¿Cuál es el bien mayor protegido: la libertad o la vida?”. Ésa fue la pregunta que se hicieron los fiscales de Pando, según Azpetti, quienes optaron por remitir a esas personas ante un juez que dispuso su detención, ello para evitar que mueran. “Ha sido restringida su libertad, es verdad; el fiscal los puso a disposición del juez cautelar, hizo la imputación toda vez que había muertos y demás. Pero creo que si no se hubiera tomado esa actitud (...), se hubiera recogido más muertos”.

El Fiscal de Distrito relató que antes de que esos 15 individuos fueran trasladados a la FELCC, fueron detenidos y golpeados en el comité cívico.

Según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, en esos luctuosos acontecimientos al menos 18 personas perecieron, la mayoría campesinos y normalistas.

Sin embargo, en el informe de ayer, Azpetti dio cuenta de 14 fallecidos, aunque reconoció que esa lista todavía no fue cotejada con la nómina elaborada por los investigadores que fueron desplazados desde La Paz.

Doce de estas personas, de las que no precisó el grupo de choque al que pertenecían, murieron por impactos de bala y otras dos por trauma encéfalo craneal (TEC), es decir, golpes en la cabeza. Sostuvo también que, de acuerdo con las diferentes nóminas levantadas en Porvenir y Cobija, el número de heridos por armas de fuego asciende a 46, mientras que otros 53 presentan lesiones diversas como magulladuras.

El Fiscal informó que se iniciaron tres investigaciones. La primera está referida a los dos funcionarios del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) que fueron heridos la madrugada del 11 de septiembre cerca del puente de Cachuelita.

La segunda indagación hace referencia a la matanza en Porvenir y la tercera a la detención de los campesinos. Según Azpetti, a la fecha esas investigaciones están paralizadas porque la “ciudadanía está traumada y se niega a dar información”.

La comisión especial citó para hoy al director de la FELCC de Pando, coronel Alfonso Vargas.

Ejército desmiente “plan oriente”

El Comando General del Ejército denunció, mediante un comunicado difundido anoche, que el denominado “plan para tomar el oriente” carece de veracidad, es falso y sólo busca dañar la imagen castrense. La entidad asegura que hizo un análisis exhaustivo del documento y concluyó que éste no sigue los lineamientos institucionales.

En consecuencia, deja en claro que el supuesto plan nunca fue elaborado por el Departamento III del Estado Mayor Operativo del Ejército y expresa su molestia porque algunos medios difundan un documento “apócrifo” que lo único que busca es dañar a esa fuerza “en momentos en que el país necesita de un clima de tranquilidad, tras haber soportado un prolongado periodo de tensión social”.

Según el legajo mostrado por el comentarista de televisión Carlos Valverde, “el plan para tomar el oriente” fue elaborado el 8 de enero. No obstante, el comunicado asegura que en esa fecha el Estado Mayor General del Ejército estaba en plena organización, ya que el relevo del mando militar se produjo el 2 de enero de 2008.

Dice también que el plan de referencia carece del código de seguridad y el número correlativo que debe tener todo documento militar. Aclara además que en la “misión” de un plan de operaciones auténtica, doctrinariamente se da respuesta a las siguientes interrogantes: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿para qué? y ¿a fin de qué? Hace hincapié que ese documento da respuesta también a la interrogante de ¿cómo?, lo que no es correcto doctrinalmente y nunca se toma en cuenta en planes bien elaborados.

Villavicencio niega participación

El senador de Pando José Villavicencio (UN) negó ayer haber participado en la matanza en Porvenir, aunque dijo que efectivamente estuvo en el lugar del conflicto, pero luego de los hechos sangrientos, es decir, entre las 11.30 y las 12.00, hora en la que los policías ya habían huido del lugar.

Sin embargo, el coronel Silvio Magarzo, ex comandante de la Policía de Pando, aseguró ayer que en sus idas y venidas para evitar el enfrentamiento entre el grupo de campesinos y normalistas y el que estaba al otro lado, es decir, cívico-prefectural, al único que logró identificar fue al senador José Villavicencio, quien estaba en este último bando.

La ex autoridad policial no dijo en ningún momento si él estaba armado o si instigaba a la multitud de gente entre la que se encontraba. Sin embargo, el senador pandino dijo que las declaraciones de Magarzo “son acusaciones muy graves, muy serias. Yo espero que él tenga las pruebas para poder respaldar esa acusación que hace, y en este momento lo conmino al coronel Magarzo a que presente las pruebas, porque no se puede acusar así a cualquier ciudadano y mucho menos a un parlamentario en un acto tan delicado y tan terrible que ha sucedido allá en la ciudad de Porvenir”.

El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, emplazó ayer al legislador a no escudarse en su inmunidad y someterse a la investigación, debido a las acusaciones en su contra de que participó en la masacre de Pando. “El senador no debe escudarse en su inmunidad o convertirla en sinónimo de impunidad de la comisión de delitos”.

Comunicado

El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, a través de un comunicado, rechazó las declaraciones realizadas por ”algunos funcionarios”, refiriéndose a lo dicho por el ex comandante departamental de Pando coronel Silvio Magarzo, quien aseguró que la institución militar no acudió al llamado de la entidad del orden que se vio rebasada en Porvenir.

Según la institución castrense, con esas declaraciones “sin fundamento ni sustento legal, pretenten eludir el cumplimiento de su responsabilidad y encubrir su falta de capacidad profesional, tratando de involucrar a las Fuerzas Armadas de la Nación, cuando debieron tomar las previsiones ante la magnitud de los conflictos que se estaban suscitando en el departamento de Pando”.

Empero, en el mismo comunicado, reconoce que la autoridad competente “dispondrá el empleo de las FFAA en lo interno para mantener el orden público cuando las instituciones legalmente constituidas para este fin resulten insuficientes o hayan sido rebasadas”. Señala que esa intervención debe seguir conductos regulares.