Sexo a los curules

No se trata de un escándalo de connotación sexual en el Poder Legislativo, sino de una propuesta presentada por organizaciones sociales para garantizar la paridad de la participación de las mujeres en la conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en las elecciones presidenciales, departamentales y municipales.

La propuesta, presentada en la Cámara de Diputados para su consideración en la discusión de la Ley de Régimen Electoral Transitoria, se adecua al nuevo marco constitucional que establece las garantías para la participación “en equivalencia” entre mujeres y hombres, y apunta a poner “sexo a los curules” para su distribución basada en la presentación de listas de pares (mujer-hombre) para cada escaño de senadores/as y diputados/as plurinominales. Así, la asignación de escaños se producirá en función del resultado de la elección, de manera que si la candidatura ganadora para la Presidencia es un hombre, por alternancia, la Vicepresidenta será mujer, por otro lado, la asignación del primer escaño en el caso de senadoras/es y de diputadas/os plurinominales deberá corresponder a una mujer de la lista de pares de la formula ganadora. Para el resto de la asignación de escaños se aplicaría el criterio de alternancia, de modo que en cada departamento se mantenga paridad entre hombres y mujeres.

En el caso de los diputados y diputadas uninominales, la propuesta define que el 50 por ciento de las candidaturas presentadas por partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en cada departamento deben ser mujeres. En los casos en los que el número de candidaturas fuera impar, se deberá dar preferencia a las mujeres. Así se estaría asegurando 50 por ciento de participación de mujeres en las Cámaras de Senadores/as y diputados/as plurinominales y 50 por ciento en la distribución de escaños uninominales, que son los espacios en los que mayores dificultades para participar se ha enfrentado.

Esta presentación puso nuevamente en la agenda pública la discusión sobre los derechos políticos de las mujeres y la deuda pendiente de la democracia con ellas. Desde que se reconoció el derecho de las mujeres y de los indígenas al voto en 1952, se han propuesto mecanismos para incrementar el número de mujeres en los espacios de decisión. Las cuotas de participación fueron fundamentales para avanzar en el debate, pero insuficientes para garantizar la representación de las mujeres. La alternancia en las listas se tradujo en mejores porcentajes de participación, sobre todo en los niveles municipales, pero con resultados poco alentadores en la elección de diputadas plurinominales y en la elección de diputadas uninominales. El mayor porcentaje de participación femenina en espacios de decisión y representación fue el obtenido en la Asamblea Constituyente (37 por ciento), que respondió a la modalidad de la fórmula de binomio en la convocatoria.

La creatividad de las propuestas enfrentarán los argumentos conservadores de quienes consideran que las mujeres deben “ganarse” por mérito propio los espacios políticos, sin considerar los obstáculos socioculturales, prejuicios, violencia política y roles tradicionales asignados a las mujeres.

Diversas expresiones del movimiento de mujeres demandan efectividad de la participación, traducida en una representación real expresada en resultados, según planteamientos de la Constitución y que los principios de equidad de género, paridad y alternancia no se conviertan en muletillas que acompañan, como en otros tiempos, propuestas demagógicas de los gobernantes, ya que la voluntad política de avanzar en la construcción de sociedades más incluyentes y equitativas pasa por traducir la intención en la norma.

* De la Coordinadora de la Mujer

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