El MAS da el primer paso para enjuiciar a 4 supremos y Fiscal

La siguiente semana serán interrogados el Presidente de la Corte Suprema y el Fiscal General.

El Comité del Ministerio Público y Policía Judicial de la Cámara de Diputados, formado por una mayoría oficialista, dio el primer paso en la etapa preparatoria del juicio de responsabilidades contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández; los ministros de la Corte Suprema de Justicia José Luis Baptista y Ángel Irusta; el consejero de la Judicatura Rodolfo Mérida y el fiscal general de la República, Mario Uribe, por al menos cuatro casos y delitos.

Los magistrados Irusta y Baptista prestaron ayer sus declaraciones informativas ante los legisladores por el delito de uso indebido de influencias en favor del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández.

La denuncia fue presentada por la abogada de las víctimas de la “masacre de Porvenir”, Mary Carrasco, quien considera que las autoridades judiciales intentaron favorecer la liberación de la ex autoridad departamental acusada de asesinato y delitos de lesa humanidad.

La Corte Suprema de Justicia, el 18 de septiembre de 2008, dictó un fallo en que señala que Fernández, como era autoridad elegida, gozaba de “privilegio constitucional”, por lo que no podía ser juzgado por la vía ordinaria, sino mediante un juicio de responsabilidades previa investigación de la Fiscalía, y que además el proceso debía radicar en la ciudad de Sucre.

El dictamen, entonces, fue emitido por los ministros de la Suprema José Luis Baptista y Ángel Irusta. Esa decisión generó un conflicto de poderes: el Ejecutivo, que también se constituyó en la parte querellante del proceso contra Fernández, se negó a acatar esa orden, aunque un juzgado de La Paz autorizó el traslado de la ex autoridad departamental.

En su declaración, el magistrado Baptista ratificó la legalidad de la resolución y negó los cargos por los que se le acusa.

El consejero de la Judicatura Rodolfo Mérida fue denunciado porque afirmó, mediante televisión y prensa, que el Consejo de la Judicatura iba a iniciar un proceso disciplinario contra el juez Williams Dávila, quien estaba conociendo el caso Fernández sin tener competencia.

En tanto, el Fiscal es investigado porque supuestamente también buscó favorecer a la ex autoridad pandina. Él pidió a la Corte Suprema conocer la causa en la etapa preparatoria.

El presidente del Comité del Ministerio Público y Policía Judicial, que depende de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, David Balderrama (MAS), informó que los diputados que investigan a los supremos continuarán con su trabajo el martes 13 y miércoles 14 de enero, para lo cual convocaron al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República.

Balderrama explicó a La Prensa que éste es el primer acto procesal que se realiza antes de un juicio a autoridades judiciales como señala la Ley 2623. Una vez que termine la fase de declaraciones, el comité elevará en 15 días un informe en que definirá la absolución o imputación de los investigados, ante la Comisión de Constitución. Si procede una imputación, esta entidad parlamentaria tendrá 13 días para determinar en sesión de comisión el curso de la acción por mayoría de votos.

De ser así, el proyecto de acusación y los antecedentes del caso deben ser remitidos al Presidente de la Cámara de Diputados, o puede disponer el archivo de los obrados en caso de sobreseimiento.

Esta autoridad, a los tres días, pondrá en la agenda de la Cámara Baja la proposición acusatoria, lo que debe comenzar a tratar el pleno dentro de los diez días siguientes.

En esa sesión expondrán argumentos la Comisión de Constitución y los imputados. La proposición acusatoria debe ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros presentes, en caso contrario el proceso se extingue. Sin embargo, si es refrendado, los funcionarios serán alejados del cargo de inmediato.

Empero, ésa no es la última instancia. La Cámara de Senadores se convierte en una especie de juzgado que dicta el fallo final.

El Presidente del Comité del Ministerio Público afirmó también que después de este proceso por el caso Fernández se abrirán otros por incumplimiento de deberes de los supremos por la inevitable extinción del juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR), acusado de genocidio.

Asimismo, existen otras dos denuncias, por los casos “Chitochatarra”, contra el ex prefecto paceño Luis Alberto Valle, acusado de la venta ilegal de vehículos de la Prefectura como si fuesen chatarra, y también contra el ex ministro de Salud Tonchy Marinkovic, imputado en la adquisición irregular de un lote de vacunas antisarampión en 1998.

Salame abandonó acto en el que estaba ministro

La única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, abandonó ayer las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde se encontraba el ministro de Defensa, Walker San Miguel, quien fue invitado a participar en el acto de inauguración del año judicial 2009.

Minutos antes, San Miguel había vuelto a criticar a los miembros del Poder Judicial, a quienes acusó de haber encubierto varios procesos de corrupción y de haberse convertido en abogados el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, por lo que, dijo, no tienen nada que ofrecer al país en materia de justicia porque son un poder “anquilosado” y conservador.

Ratificó en este marco que el presidente Evo Morales no asistirá este miércoles a la inauguración del año judicial. “Además no han invitado correctamente al Jefe de Estado, porque el Presidente no viene como representante del Poder Ejecutivo a las inauguraciones de las legislaturas o de informes judiciales, sino que viene como Jefe de Estado”.

Dijo que tras la aprobación de la propuesta constitucional en el referéndum del 25 de enero existirá ya no una reforma en la justicia, sino una revolución en esta materia.

Salame reaccionó ante las declaraciones de San Miguel y dijo que esta autoridad agrede con frecuencia a los jueces y tribunos. “No puedo estar con una persona que no tiene el más mínimo respeto por el Poder Judicial que lo acogió; él ha sido conjuez de la Corte Suprema de Justicia, mal puede hablar de nosotros”. Dijo que los ataques del Gobierno fueron sistemáticos en 2008.

Uribe inaugura gestión fiscal y pide cambios

Demandando cambios en el sistema de administración de justicia penal, ayer, el fiscal general de la República, Mario Uribe, presentó su informe de la gestión 2008 y abrió las actividades del nuevo año fiscal.

La autoridad enfatizó en su discurso la necesidad de “detectar y precisar” las debilidades presentadas en los procesos que provocan demoras en los procedimientos penales y apuntó sobre todo a la modificación de la Ley 2445 de Juicios de Responsabilidades, que, según sus palabras, impidió al Ministerio Público avanzar en la sanción de dignatarios de Estado. Entre las causas de las demoras citó que los procesos de privilegio constitucional deben pasar por varias instancias.

Otra de las peticiones que planteó Uribe se refirió a la necesidad de contar con una mayor asignación presupuestaria para cumplir las metas institucionales. Puso como ejemplo que varios asientos fiscales de provincias ni siquiera poseen una computadora. Del otro lado, ponderó la cooperación internacional que se recibe para el mejor desempeño del Ministerio Público.

Repercusiones

“Yo creo que los magistrados lo que tienen que hacer es presentar las pruebas de descargo y a partir de ahí se impone justicia, todo pasa por un tema estrictamente jurídico (…) basándonos en las pruebas o los documentos que nosotros tenemos, como ser en el caso del Fiscal”

Félix Rojas

Senador del MAS

“En el tema del juicio a Leopoldo Fernández, particularmente no estoy de acuerdo, él goza de caso de corte (…) Creo que politizar ese aspecto más allá de lo que se ha politizado debilita la institucionalidad, creo que ya traspasa las ideas de la legalidad el Comité y pasa a otro campo”

Alejandro Colanzi

Diputado de UN

“Un Gobierno de esta naturaleza destruye toda la institucionalidad y la democracia del Estado, que ha acabado con todas sus instituciones, es el caso del Poder Ejecutivo o por lo menos de personas como el Presidente que usan la democracia para llegar (al poder), pero no actúan democráticamente”

Róger Pinto

Senador de Podemos

“Tienen que proseguir esos juicios, lamentablemente la administración de justicia en nuestro país no ha funcionado, nosotros, como movimientos sociales, hemos emplazado a todo el Poder Judicial, que no ha hecho nada en todos estos procesos y que sólo ha incurrido en delitos y corrupción”

Fidel Surco

Presidente de la Conalcam

“Hay una fuerte presión del Poder Ejecutivo para llevar adelante cualquier proceso en contra de cualquier autoridad o ex autoridad nacional, con el único afán de demostrar que tiene fuerza para reprimir al contendor. Lo que busca es que la ciudadanía apoye a este Gobierno que se muestra como justiciero”

Roberto Gutiérrez

Comité pro Santa Cruz

Lo que dice la ley

La Ley 2623 para el Juzgamiento de Altas autoridades del Poder Judicial y del FIscal General señala en el artículo 11 lo siguiente:

I. La etapa preparatoria estará a cargo de la Honorable Cámara de Diputados.

II. Corresponde a la Comisión de Constitución, Justicia, Policía Judicial de la Cámara de Diputados, mediante el Comité del Ministerio Público y Policía Judicial, promover la acción penal y dirigir la investigación en la etapa preparatoria.

III. El control jurisdiccional de la etapa preparatoria estará a cargo de los miembros de la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial de la Cámara de Diputados, con exclusión de los integrantes del Comité de Ministerio Público y Policial Judicial.

IV. Las resoluciones emitidas durante esta etapa únicamente serán recurribles mediante Recurso de Apelación Incidental de conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados, sin recurso ulterior. Las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos serán adoptadas por mayoría absoluta de votos de los presentes. En lo pertinente se aplicarán las reglas previstas en el Nuevo Código de Procedimiento Penal.

V. Las comisiones de Constitución, Justicia y Policía Judicial y de Derechos Humanos, para el adecuado cumplimiento de las funciones, atribuidas en esta ley, podrán requerir, por conducto regular, asesoramiento jurídico especializado que no tenga vínculos con las partes del proceso.