Yapacaní pide la salida de la fuerza que erradica la coca

Los colonizadores y agropecuarios amenzan con tomar los cuarteles de la FTC en Ichilo.

El Gobierno afirmó que las tareas de erradicación de plantaciones de coca proseguirán en Yapacaní, provincia Ichilo de Santa Cruz, pese a la resistencia de los colonizadores que el miércoles amenazaron con ejercer presión para frenar esa tarea, debido a los supuestos excesos cometidos la anterior semana por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Hace seis días, un miembro de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) murió por un impacto de bala y cuatro fueron heridos en San Germán, mientras que un grupo de campesinos impidió el ingreso de la FTC, a la que acusan “de incautar armas de caza, de tumbar cultivos que no son de coca y golpear campesinos”.

Como consecuencia de esos incidentes, el miércoles la Federación Sindical de Colonizadores y los Productores Agropecuarios decidieron en un ampliado de emergencia exigir al Viceministerio de Defensa Social la suspensión de la instalación de cuarteles de la FTC, compuesta por militares y policías.

Amenazaron con tomar los cuarteles de la FTC e incautarse de la coca chapareña y yungueña vendida en la región, porque “las autoridades piensan que esas hojas son producidas en Yapacaní y desviadas por nosotros al narcotráfico”.

El dirigente de Yapacaní Julián Torrico reconoció, en contacto con La Prensa, que “algunos colonos” cultivan coca, pero no supo especificar el número de hectáreas ni los puntos precisos.

Aseguró que esa producción es para consumo propio.

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, dijo que en esa región hay al menos 250 hectáreas de cultivos de coca cuando no debe haber ni una porque la “zona no es área de producción legal”.

La autoridad afirmó que las tareas de erradicación proseguirán en Yapacaní porque el Gobierno “no recibe órdenes de los colonizadores ni de otros sectores sociales. Por lo tanto, se hará cumplir la Ley 1008”.

Añadió que en esa región hay un contingente de la FTC de 700 efectivos, distribuidos en cinco campamentos, instalados hace varios meses con el objetivo de terminar la labor emprendida por el Ejecutivo.

Sin diálogo

Descartó que en las siguientes horas viaje a Yapacaní para dialogar con los colonos y agropecuarios, quienes, sin embargo, mantienen, según Torrico, su amenaza de cercar los puestos de descanso de la FTC, aunque no dijo cuándo.

El dirigente dijo además que sus representados “están en alerta por la posible aparición de narcotraficantes y de comercializadores inescrupulosos que desvían la coca para la droga”.

Recordó que, como consecuencia de la detención de dos sospechosos de la emboscada de la anterior semana a la patrulla de Umopar, también se tomaron recaudos para alertar a las autoridades sobre la presencia de desconocidos en esta región del norte cruceño.

Puntos importantes

Este año, el Gobierno acordó con los productores de coca de La Asunta, provincia Nor Yungas de La Paz, la erradicación de cultivos excedentarios a cambio de programas de desarrollo alternativo.

También se tiene en curso la erradicación de plantaciones de coca ilegal en Yungas de Bandiola y el Parque Nacional Carrasco, de Cochabamba.

En los siguientes meses se emprenderá la tarea de reducir cultivos en Apolo, provincia Bautista Saavedra de La Paz, donde la producción de este arbusto es también ilegal.

En noviembre de este año, el Gobierno pidió a la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, que salga del país por su supuesto respaldo económico a la oposición.

Dos meses antes, dejó el Chapare de Cochabamba la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por su presunta colaboración con sectores contrarios al Ejecutivo.

El Gobierno garantizó que la lucha contra el tráfico de drogas y que la reducción de cultivos de coca proseguiría con un fondo de 20 millones de dólares provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN).