Investigan un sobreprecio de los terrenos de las viviendas demolidas

Se investiga un supuesto sobreprecio en la adjudicación de los terrenos a una cooperativa.

La demolición de 120 viviendas en la urbanización La Comarca, en Santa Cruz, derivó en una investigación sobre un supuesto sobreprecio en la adjudicación de los terrenos de parte de la Cooperativa Sudamérica y en el que el Gobierno negó alguna responsabilidad.

El Deber informó que la Cooperativa Sudamérica pagó 400.000 dólares al Banco Unión para adquirir los terrenos de la urbanización La Comarca, ubicada en los límites de los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Warnes, donde se construían las casas del barrio Vallecito I, que hace una semana fueron demolidas por la Alcaldía.

La trabajadora de la estación de servicios Amataun Miciel Alma Rodríguez Suárez sólo fue utilizada para firmar los documentos, en las oficinas de la financiera, ubicada en la calle René Moreno.

La afirmación se desprende de la declaración prestada ante la Fiscalía por Miciel Rodríguez, quien figuraba en los documentos como la persona que el 3 de mayo de 2007 adquirió del Banco Unión 107.112,29 metros cuadrados de tierras en el kilómetro 9, al norte, y que posteriormente fue vendida al Gobierno, por más de dos millones de dólares, para la construcción de casas financiadas por el Plan Nacional de Vivienda.

“Quiero aclarar que hice la compra de los terrenos porque la Cooperativa Sudamérica, en reunión de socios, aprobó adquirir los terrenos antes nombrados a mi persona. Aclaro que el pago de la compra del terreno lo hizo Sudamérica al Banco Unión, mi persona se limitó a firmar los documentos de compraventa”.

El viceministro de Vivienda, José Antonio Lambertín, deslindó responsabilidades del Gobierno por un supuesto sobreprecio y cuando fue cuestionado por qué se adjudicó el plan a una cooperativa “cerrada” (no regulada por la “Súper” de Bancos), dijo que son los beneficiarios quienes hacen el contrato con la financiera. Éste es el tercer caso irregular que involucra al Programa Nacional de Vivienda. Estuvieron implicadas la Mutual Guapay, la Cooperativa Jerusalén y ahora Sudamérica. La subvención de pasajes y hoteles por parte de la Mutual Guapay para calificar al programa involucró al ex viceministro de Vivienda Ramiro Bolaños y al ex coordinador del programa Boris Sosa, quienes tuvieron que dejar por este hecho sus cargos. Mientras, el directorio de la cooperativa Jerusalén anunció, en junio, que no continuaría con el programa debido a “interpretaciones malintencionadas”. El Gobierno aseguró que no estaba pagando a las constructoras.

Detienen a tres funcionarios

La demolición de 120 viviendas en la urbanización La Comarca la semana pasada derivó ayer en la detención de tres funcionarios de la Alcaldía cruceña.

Luego de prestar sus declaraciones, la Fiscalía ordenó la aprehensión de la jefa del departamento de Control de Proyectos, Isabel Vera, y de la directora del Plan Regulador de la Alcaldía, María Ernestina Costas, hermana del prefecto cruceño, Rubén Costas.

Según El Deber, también se dispuso la detención de Álvaro Mier, ex oficial Mayor de Planificación, quien se encuentra en la clínica Niño de Jesús con control policial. Este ex funcionario adolece de una hipertensión sensitiva, pero sus familiares no presentaron ante la Fiscalía el certificado médico correspondiente.

Los ex funcionarios fueron acusados por los fiscales de la Comisión Anticorrupción del Ministerio Público, -José Centenaro, Alexander Osinaga y José Antonio Abella, de incurrir en los delitos de uso indebido de influencia por instruir la demolición de las casas que, según ellos, se encontraban en la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra, pero que Warnes también reclama como suya. El Viceministerio de Transparencia anunció que hará el seguimiento del caso.

Más datos

Las viviendas fueron demolidas la semana pasada por la Alcaldía de Santa Cruz.

El Gobierno inició acciones legales contra ese municipio y sus autoridades.