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Redacción Central

La presión política y financiera pone en riesgo a los medios

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció el grave riesgo de cierre que atraviesan los medios de información en Bolivia, como consecuencia de la asfixia económica ejercida desde el Gobierno a través de normas inconstitucionales, una sobrecarga tributaria, obligaciones de servicios no pagados por el Estado, una línea política de autocensura que pretende eliminar al periodismo fiscalizador y el control de la torta publicitaria hasta un 75 por ciento en los últimos años.

Durante el foro denominado “Libertad de expresión y asfixia económica a los medios de información”, organizado por la ANP y la Universidad Católica Bolivian, en La Paz, se planteó la necesidad de restablecer al Tribunal de Imprenta —que en algún momento funcionó— para evitar que casos de ética que tengan que ver con el ejercicio del periodismo sean llevados de manera ilegal al ámbito penal.

Se denunció además una estrategia sistemática desde el Gobierno de descalificar a los medios fiscalizadores, estigmatizarlos como “opositores” y condenarlos al no pauteo publicitario al momento de la distribución de la torta, en un contexto de polarización desde el Estado, reportó la ANF.

“La propuesta es que se dejen de sacar nuevas normas inconstitucionales como la obligatoriedad de ceder páginas y espacios gratuitos que deberían basarse en la responsabilidad de cada medio (…). La ANP condena las acciones del Gobierno tendientes a la asfixia económica de los medios independientes”, afirmó el presidente de esta organización, Marcelo Miralles.

Por su parte, el abogado William Herrera explicó que en el Gobierno de Morales se aprobaron 12 normas que obligan a los medios a la difusión gratuita de campañas gubernamentales sin pago alguno y que está latente la amenaza de imponer otra carga equivalente a una tercera parte del Impuesto a las Transacciones (IT), lo que genera inestabilidad financiera de radios, canales de TV, portales web y diarios hasta empujarlos al borde del cierre.

Miralles explicó que en Bolivia la forma de censura previa en Gobiernos dictatoriales era a través de ataques directos, atentados o amenazas, pero ahora se hace a través de inclusión de normas que vulneran derechos internacionales. Ante ello, la ANP analiza presentar una denuncia ante la CIDH, por la violación de derechos fundamentales.

Por su parte, el director de la carrera de Comunicación de la UCB, Rafael Loayza, dijo que el Gobierno aplicó de manera “hábil”, la polarización con el propósito de mostrar a los medios de comunicación fiscalizadores como la “oposición “ y como quienes no están interesados en el desarrollo en el país. Primero se les quita credibilidad, después se les persigue y ahora hay las presiones tributarias”, dijo.

Denunció además que el Gobierno pasó de tener el control sobre el 25 por ciento de la pauta publicitaria en 2006 al 75 por ciento en la actualidad, lo cual resulta determinante para medios de comunicación de mediana o pequeña economía. “La distribución de la torta publicitaria en el periodo de la democracia pactada (1985-2005) era más equitativa, había mayor conciencia de la repartición de la publicidad”, sostuvo.

 

VEN CASO VENEZOLANO Y PRESIÓN A ONG

En el foro, el director del Cedib, Marco Gandarillas, explicó las formas en las que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son asfixiadas con medidas similares a las que el Gobierno aplica contra los medio. El especialista manifestó que esto ocurre porque esas instituciones interfieren los negocios gubernamentales.

En tanto, la experta venezolana Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), expuso la realidad de la prensa en su país y dio datos alarmantes, como que en su país, en 2017, se dieron 518 casos de violaciones a la libertad de expresión, 57% más que el año 2016.

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