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AGENCIAS

La CIP anuncia investigación de “presuntos crímenes” en Venezuela

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció ayer la apertura de exámenes preliminares por “presuntos crímenes” a raíz de informaciones sobre el uso de “fuerza excesiva” de los cuerpos de seguridad del Estado y el empleo “de medios violentos” por parte de manifestantes.

Tras más de dos meses de fracasadas negociaciones entre Gobierno y oposición en Santo Domingo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció anteanoche que las próximas elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro aspira a la reelección, se celebrarán el 22 de abril.

El adelanto electoral descolocó a la oposición, que aún no decidió si irá a los comicios con candidato de consenso o con varios, o incluso si participará.

“Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes (…) he decidido abrir un examen preliminar” sobre la situación en Venezuela, dijo en un comunicado la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.

En el caso venezolano, desde abril de 2017 “se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato”, señala.

“También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, añade en el comunicado.

En medio de una grave crisis política y socioeconómica, más de 120 personas murieron en Venezuela entre abril y julio de 2017 en manifestaciones contra el Gobierno.

La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega había urgido a la CPI en noviembre a que investigara los presuntos abusos y torturas cometidos por las fuerzas de seguridad del Gobierno venezolano.

“Nicolás Maduro y su Gobierno deben pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad”, dijo entonces Ortega, al presentar ante la sede de la CPI en La Haya un legajo con 1.000 piezas de evidencias.

El anuncio de la CPI llega el mismo día en que el Parlamento Europeo pidió extender las sanciones europeas al presidente venezolano, al vicepresidente Tareck el Aissami y a su entorno, y a la petrolera estatal PDVSA, al considerarlos “responsables del agravamiento de la crisis”.

Rechazo

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, restó validez a la decisión de la CPI de investigar a Venezuela.

“Debo decir que su información pudiera parecer sesgada”, dijo Saab ante la prensa, dirigiéndose a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien anunció el procedimiento este jueves.

Saab indicó que la CPI sólo actúa en casos de violaciones de derechos humanos que “no han sido judicializados o investigados” por el Estado, lo que a su juicio no ocurre en Venezuela. También cuestionó que Bensouda no lo haya contactado previamente.

Según el funcionario venezolano, su despacho ha atendido las denuncias “coordinadamente” con el sistema de justicia nacional.

 

22 abril de 2018. Fecha definida por el Gobierno venezolano para llevar a cabo las elecciones presidenciales.

 

RESPALDAN FECHA PARA LAS ELECCIONES

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó ayer un acuerdo en respaldo de la convocatoria de elecciones presidenciales hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 22 de abril, unos comicios que fueron decretados por este mismo foro el mes pasado.

El acuerdo de seis puntos respalda la “suscripción voluntaria” del acuerdo presentado por el equipo oficialista y rechazado el miércoles en República Dominicana por la oposición por considerarlo insuficiente, y en el que, según el chavismo, la fecha de las elecciones se pactó para el 22 de abril.

Sin embargo, “exige” a los “representantes de la oposición” suscribir dicho documento “rechazando las presiones imperiales”.

 

COLOMBIA REFUERZA SUS CONTROLES MIGRATORIOS EN FRONTERA CON VENEZUELA

AFP

Colombia anunció ayer nuevos controles migratorios y de seguridad en la frontera con Venezuela ante la oleada de migrantes que han llegado en los últimos meses huyendo de la crisis en su país.

El presidente Juan Manuel Santos ordenó al mismo tiempo el envío de 2.120 nuevos miembros de la fuerza pública para que custodien los 2.200 kilómetros que comparten ambas naciones.

Vamos a “poner más controles migratorios y que esos controles sean más estrictos, que la entrada de venezolanos tenga unas características, que sea controlada, que sea ordenada y algo muy importante, que se haga dentro de la legalidad”, declaró el mandatario en la ciudad fronteriza de Cúcuta.

Los efectivos —de tierra, aire y mar— que serán desplegados en la zona limítrofe “tendrán como principal objetivo mejorar el control sobre las trochas” por donde cruzan de forma irregular cientos de migrantes y además operan bandas delincuenciales y de contrabando, agregó.

En adelante los venezolanos deberán tener pasaporte o una tarjeta migratoria para ingresar a territorio colombiano. Además, los que ya viven en Colombia deberán hacer un registro gratuito.

Colombia dejará de expedir las tarjetas de movilidad fronteriza, creadas por la entidad migratoria para facilitar el tránsito de las personas que viven en la zona.

Fuente: Los Tiempos

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