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Redacción Digital

Navajas y otros tres imputados presentan acción de libertad en caso respiradores

Cuatro de los cinco imputados en el caso de la compra de respiradores con sobreprecio, entre ellos el exministro de Salud Marcelo Navajas, presentaron hoy una acción de libertad contra el Órgano Judicial, porque hasta ahora no se realiza la audiencia cautelar. Uno de los aprehendidos lleva tres días en celdas judiciales sin que se defina su situación procesal, según informó Pagina Siete.

Navajas, el exdirector de asuntos jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela; el director General Ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) Giovanni Pacheco y la consultora de esa institución a cargo del financiamiento proveniente del BID, Gabriela Pérez, interpusieron la medida ante la Sala Constitucional de turno.

Sólo se abstuvo de presentar la misma acción la ingeniera bioquímica Ana Espinoza, también consultora de la Aisem. El recurso fue presentado después de que el juez undécimo de Materia en lo Penal, Hugo Huacani, quien debía realizar la audiencia cautelar, fue aprehendido por prevaricato en el caso de Terrorismo, en el que procesa al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, según la misma fuente.

La audiencia de medidas cautelares, que debía realizarse la tarde de hoy por las irregularidades en la compra de 170 respiradores para la atención de pacientes con Covid-19, fue suspendida por segunda vez

La Fiscalía investiga este caso por los delitos de uso indebido de influencias, uso indebido de bienes y servicios públicos, incumplimiento de deberes, delitos contra la Salud Pública, contratos lesivos al Estado, entre otros, a raíz de la presunta compra irregular de los respiradores marca Respira, de procedencia española.

Los respiradores se cotizaron en Bolivia con el representante de los equipos GPAInnova en 12.500 dólares la unidad; pero se compraron en España en casi 28 mil con un crédito del BID, según la cotización No. 05/2020 del proponente, Grupo Cosin.

El Gobierno pagó 2.028.780 de dólares de los 4.773.600 que cuestan los 170 respiradores y ordenó suspender el restante mientras se investiga el caso. La empresa IME Consulting fue la intermediaria en la compra.

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