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Redacción Central

Ministra respaldará investigación de agresiones contra periodistas

La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, está dispuesta a colaborar para esclarecer las agresiones que sufrieron los periodistas de Cochabamba en el conflicto que estalló tras las fallidas elecciones del 20 de octubre, informó ayer el ejecutivo de la Federación de los Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, David Ovando.

“Ella (la Ministra de Comunicación) mostró predisposición para colaborar en el esclarecimiento de los casos de agresión a periodistas en Cochabamba en dos meses de conflicto”, dijo Ovando en declaraciones a Bolivia TV.

El ejecutivo de la prensa explicó que, en el conflicto, 17 periodistas fueron heridos por ambos sectores, integrantes y seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y por algunos miembros de la Resistencia Cochala. Además 45 sufrieron agresiones físicas y verbales.

Manifestó que la Federación presentó denuncia ante el Ministerio Público por esos casos y dijo que la Ministra se convertirá en parte coadyuvante en esos procesos.

Ovando señaló que la Federación presentó a la Ministra un informe técnico sobre lo sucedido que fue trabajado al interior de esa organización. Cochabamba es el departamento donde hubo mayores agresiones durante los días de conflicto que vivió el país, agregó.

CIDH

La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó Cochabamba, informó que entre el 20 de octubre y 2 de diciembre 50 periodistas de 20 medios de comunicación fueron agredidos por manifestantes y las fuerzas del Estado. También contribuyó al silenciamiento de los medios la declaración de la Ministra de procesar a algunos pseudo periodistas por “sedición”.

La CIDH recordó que el rol de la prensa en una sociedad democrática es fundamental, más en situaciones de alta tensión social y violencia, en las cuales el ejercicio de la profesión periodística constituye una forma de denunciar violaciones a los derechos humanos y garantizar a la colectividad de la libertad de expresión.

La delegación detectó una profundización de la violencia desde el 8 de noviembre por el motín policial en La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, debido a la ausencia de la fuerza pública. Una consecuencia fue la toma de instalaciones de medios de comunicación.

En su informe preliminar la comisión de la CIDH afirma que recibió denuncias por parte de “periodistas independientes y comunitarios que recibieron amenazas de muerte y amedrentamiento por parte de grupos privados de choque”.

Al respecto, la CIDH le recordó al Estado boliviano que debe “impedir que grupos privados ejerzan la violencia”. En caso de que actúen aprovechando la tolerancia de la Policía o de otras instancias de Gobierno, es obligación proceder a investigar a los funcionarios involucrados por su “permisividad” o “inacción”.

 

VETA VIOLENCIA DE GRUPOS PRIVADOS

La delegación que llegó a Bolivia y Cochabamba para investigar las agresiones durante el conflicto remarcó que el Estado tiene la obligación de investigar los hechos de violencia, saqueo, incendio y destrucción en los que han participado personas particulares.

“Además, tiene la obligación de impedir que grupos privados ejerzan la violencia; de investigar los hechos en los que han participado, y en el caso de que lo hayan hecho en connivencia, en asociación o bajo permisividad de las autoridades estatales, el Estado debe investigar a los funcionarios públicos que han permitido dichas conductas”, señala el informe preliminar de la comisión de la CIDH.

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