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Redacción Digital

Gobierno dice que informe de la CIDH no refleja la realidad y “favorece al narcoterrorismo”

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró hoy que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el conflicto que desató en Bolivia tras las elecciones anuladas del 20 de octubre y la posterior renuncia de Evo Morales a la Presidencia, no refleja la realidad y “favorece al narcoterrorismo”.

“Recibimos con mucho dolor el informe de la CIDH (…). Nos parece un informe totalmente sesgado que no refleja la realidad, que solo favorece al narcoterrorismo. No han hecho nunca preguntas a los hermanos cocaleros de por qué han marchado, quién los ha llevado”, dijo Murillo.

Afirmó que el Gobierno de transición desvirtuará el informe de la CIDH con datos reales de los hechos que provocaron muertes durante el conflicto.

“Quiero denunciar que este informe se hizo solo sobre Senkata y Sacaba, hace falta a la verdad ya que habla de violaciones y personas que fueron lanzadas de helicópteros, esto es una mentira, por ello ratificamos que el trabajo que se hizo en Bolivia no es bueno y nosotros vamos a demostrar con pruebas la verdad de lo ocurrido”, agregó.

Cuestionó la ausencia de la CIDH en el caso Provenir, la masacre en la Calancha y el caso Chaparina. También dijo que el organismo internacional nunca se refirió a los más de 100 muertos en los 14 años del Gobierno de Morales.

"Se sabe entonces la influencia que tenía la CIDH porque no está ni la emboscada armada en Vila Vila", añadió en conferencia de prensa desde La Paz.

La CIDH emitió ayer un informe preliminar de su visita a Bolivia en el que realiza 16 recomendaciones y celebró la decisión del Gobierno transitorio de aceptar una investigación internacional independiente sobre las “graves vulneraciones de derechos humanos” que ocurrieron en el país durante la crisis electoral que comenzó el 20 de octubre.

En su informe, la Comisión observó con extrema preocupación que, en el contexto de la violencia sociopolítica generalizada que se desencadenó en los períodos previo y posterior a las elecciones anuladas por fraude.

“Se ha registrado una serie de graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias, mucho más allá del contexto de la protesta social, al nivel más estructural y fundamental de la sociedad boliviana, con profundas repercusiones sobre la vida cotidiana del país”, indica el documento.

La Comisión OEA realizó 16 recomendaciones: crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia; respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política.

También recomendaron tomar medidas dirigidas al cese de la violencia y de la represión armada; desmantelar los grupos armados particulares en todo el país, del bando que sean; establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas y sus familias.

Asimismo, pide sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados y entregar los salvoconductos a las personas que se encuentran asiladas en las embajadas de México y Argentina, o en otras sedes diplomáticas.

Se sugirió también fortalecer la Defensoría del Pueblo; revisar todas las imputaciones de los detenidos en el conflicto; garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; iniciar un proceso nacional de diálogo y reconciliación; investigar, juzgar y sancionar a los responsables; protección contra testigos, entre otros.

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