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Economía postelectoral

Roberto Laserna

Ceres

El 20 de octubre nuestro voto definirá la composición de la Asamblea Legislativa y, tal vez, elija Presidente. Dado el nivel de indecisos, no sabemos si habrá o no una segunda vuelta.

La campaña estuvo marcada por la ansiedad prorroguista del presidente Morales, que usó todo su poder para postularse a una cuarta reelección, y por la imposición de nuevas reglas para los partidos y candidatos, que otorgaron ventajas al oficialismo. En ausencia de debates, con restricciones de tiempo y recursos para difundir propuestas, en un entorno de cambios en las formas, medios y tecnologías de comunicación, los ciudadanos votarán sin conocer a los candidatos ni sus propuestas.

Si la democracia permite administrar la incertidumbre al fijar plazos para la renovación de autoridades y promover la competencia entre personas e ideas, en Bolivia logramos lo contrario. Los electores estamos en la incertidumbre y nuestro voto podría no despejarla.

No sabemos quién gobernará ni hasta cuándo (los plazos no se respetan desde octubre del 2003), y tampoco lo que se pretende hacer para gestionar nuestros problemas comunes.

La bonanza exportadora y fiscal que ha vivido el país dio sustento a una dinámica de gasto y a un discurso de éxitos que, sin embargo, no alteraron las características fundamentales de nuestra economía: el ch’enko y el rentismo. La productividad laboral es baja y desigual entre sectores, los empleos son precarios y la informalidad sigue siendo un refugio y una competencia,  el Estado sigue siendo insensible a las iniciativas de la gente y se basa en el gasto de las rentas de recursos naturales, apretando con impuestos a una parte reducida de la población.

La abundancia de divisas y de recursos fiscales dio la ilusión de que eso estaba cambiando, porque las importaciones generaron nuevos hábitos de consumo.

Ese periodo está pasando y nos acercamos a una crisis que nos obligará a cambiar. Declinan las reservas internacionales (ya están a menos de la mitad de su nivel más alto) porque las exportaciones caen. Por ello los ingresos fiscales también se reducen y  el Gobierno acrecienta la deuda pública para mantener su gasto.

En los hechos intenta enfrentar la emergente crisis con la ilusión de que un consumo elevado por su gasto alentará la producción y el crecimiento. Para ello suponen también que la inversión pública, además de crear empleos, rendirá lo suficiente para pagar la deuda y generar excedentes.

Este modelo funciona sólo en el papel, la realidad lo contradice. Las inversiones públicas generan nuevas cargas al presupuesto fiscal, y las costosas políticas laborales y tributarias desalientan la inversión, de manera que solamente se logra estimular a los proveedores de fuera del país.

Persistir en estas políticas difiere el estallido de la crisis, pero al costo de hacerla más grande y más difícil de tratar.

La alternativa es corregir los desequilibrios.

Para enfrentar el déficit comercial hay que aumentar la producción con mayores y más eficientes inversiones. Éstas no surgirán rápidamente ni tendrán impactos inmediatos, por lo que se necesita la paciencia de crear un adecuado entorno institucional, tributario y jurídico para que los emprendedores y los ahorristas se encuentren y ganen confianza. Cuando lo hagan, crearán empleos y aumentarán la producción, lo que redundará en mejores recaudaciones de impuestos.

Al mismo tiempo, debe reducirse el déficit fiscal bajando el gasto. En nuestro caso, esto implica eliminar los subsidios, sobre todo a los carburantes, y deshacerse de las empresas públicas y de instituciones que no prestan servicios fundamentales.

Para aumentar los ingresos tributarios se requiere que la carga se distribuya más equitativamente. Es mejor que todos paguemos un poco a que unos pocos paguen mucho y sobrevivan asfixiados, sujetos a la extorsión de la burocracia o buscando refugio en la informalidad, donde tampoco escapan del acoso y el mal trato fiscales.

La historia sugiere que estas políticas no deberían aplicarse gradualmente, y que tampoco deben esperarse resultados inmediatos si se las implementa rápidamente.

El próximo Gobierno podrá eludir estos desafíos, pero no por mucho tiempo. Los podrá enfrentar, pero no aislando ni inmovilizando la fuerza productiva y la iniciativa de la gente.

En cualquier caso, lo peor que se puede hacer es levantar falsas expectativas, o cultivarlas voluntariamente.

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