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Redacción Central

Envían a la cárcel a cinco imputados en caso de red de falsificadores de facturas en Santa Cruz

El Juzgado Tercero de Instrucción Anticorrupción de Santa Cruz determinó, la detención preventiva de Gilberto F. S., Gualberto F.S., Pedro G. S., Ciro P. y Percy P. V. F, en el recinto penitenciario de Palmasola, por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó en Santa Cruz, que tras realizar una minuciosa investigación tributaria el SIN presentó el 12 de septiembre de 2019 ante la Fiscalía Departamental una denuncia contra esa red de comercializadores de facturas.

“En su constante control y lucha contra la comercialización ilegal de facturas —explicó Cazón—, en junio de 2019 el Departamento de Fiscalización del SIN identificó a personas naturales y a personas jurídicas que trabajaban de manera conjunta en la falsificación y comercialización de facturas sin que haya existido el hecho generador, es decir, la compra de un bien o servicio”.

La investigación del SIN implicó la verificación de domicilios de proveedores, requerimiento de información a la Aduana Nacional y a la ASFI y otros pasos; después de los cuales se inició la fiscalización tributaria de quienes se beneficiaron del crédito fiscal de las facturas emitidas por los proveedores observados y que se continuará con la investigación e inicio de controles y fiscalización a los compradores de dichas facturas, quienes se habrían beneficiado de un gasto inexistente y que generan daño económico al Estado.

El daño económico provocado por esas operaciones ilícitas llega a 124,3 millones de bolivianos, que es el 13% de la base imponible de las transacciones de un total de 956,3 millones de bolivianos.

Cazón recalcó que el Servicio de Impuestos Nacionales va a seguir haciendo “las fiscalizaciones para determinar plenamente cuántas personas se han beneficiado de un crédito fiscal inexistente, porque no ha habido la compra de un bien o servicio; y con seguridad vamos a recuperar ese monto defraudado”.

Advirtió además que la Administración Tributaria “será más estricta en la verificación tanto de las actividades económicas como de las declaraciones impositivas de los contribuyentes, para detectar proveedores fantasmas; y que se hará fiscalización tributaria a quienes declaren esas facturas”.

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