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Nelson Peredo

Expertos ven insuficiente el plan post incendio y plantean 8 puntos

El plan post incendio que proyecta el Gobierno para la Chiquitanía, basado en 10 puntos que incluyen dotación de viviendas, agua, créditos y reforestación, es insuficiente e incompleto, señalaron dos expertos, que plantearon la implementación de un proyecto a largo plazo y recomendaron ocho puntos para este proceso.

El investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social(Cejis), Leonardo Tamburini, y el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz, Evert Durán, explicaron que cualquier plan debe iniciar con un diagnóstico y una investigación seria de la Chiquitanía, además que, antes de comenzar algún proyecto, primero se deben derogar o abrogar las normas que permitieron que ocurra el incendio.

Al respecto, Tamburini aseveró que las propuestas del Gobierno son “complementarias” y no tocan el fondo del problema. “Eso complementa a lo que nosotros planteamos, (…) me parece que el enfoque es parcial y si se plantea eso me parece que lo que se deduce es que quieren eludir el problema central de las causas, que quieren actuar sobre los efectos”, dijo Tamburini.

Agregó que hace falta mostrar a los responsables y a la normativa que causó este incendio, “que año a año va a generar la misma situación, va a poner en vulnerabilidad los bosques y a las persona que viven de los bosques. Es un punteo muy corto en dimensión a la catástrofe que tenemos”, indicó.

Por ello, planteó seis puntos para iniciar el post incendio: concordar toda la normativa sobre medio ambiente para impedir la conversión de los bosques a otros usos; derogar las leyes, decretos y directrices técnicas que permiten dotar tierras en áreas protegidas o tierras forestales; suspender de manera definitiva los desmontes y la dotación de tierras y asentamientos.

Asimismo, el investigador propuso elevar a rango de decreto supremo los planes de manejo de áreas protegidas, así como los planes de remediación y restauración, además de realizar estudios sectorializados rápidos para determinar en las áreas afectadas cuáles pueden ser regeneradas a través de acciones sencillas con la participación de las comunidades indígenas que allí viven.

También pidió abrogar la Ley 741, que autoriza quemas y desmontes en tierras forestales; el  Decreto Supremo 3973, que amplía la superficie a desmontar y quemar; la Ley 1098 y el DS 3874, que autorizan el uso de transgénicos para la producción de agrocombustibles; además de la Ley 1171 sobre perdonazos sobre quemas en zonas boscosas.

A estos seis puntos propuestos por el investigador del Cejis, el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz agregó dos elementos: que la primera tarea post incendios debería ser un diagnóstico profundo elaborado por un equipo multidisciplinario y que se amplíe la convocatoria del Gobierno a todos los sectores de Santa Cruz, para elaborar un plan conjunto.

“Lo que plantea el Gobierno son paliativos, como poner vivienda o agua potable. Estamos de acuerdo con esos puntos, porque toda ayuda es bienvenida, pero son paliativos y no solucionan el problema de fondo”, indicó.

El experto aseveró que se deben derogar las normas que permitieron los incendios, hacer un diagnóstico profundo y convocar a los expertos de Santa Cruz que conocen la Chiquitanía.

 

2,4 millones de hectáreas quemadas en la Chiquitanía producto del incendio que comenzó hace 45 días; el 40% de la afectación está en áreas protegidas.

 

“INCENDIO ES DE MAYOR GRAVEDAD”

El biólogo e investigador Marco Octavio Ribera afirmó que los incendios forestales que continúan por varias semanas en la Chiquitanía son de mayor gravedad ecológica que los que se presentan en la Amazonía, eso, por el tipo de bosque seco que cuenta esta ecorregión y que, por tanto, tendrá mayores impactos que incluso los incendios históricos de 2010.

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