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Redacción Digital

Borda asegura que Almagro dejó en claro que la candidatura de Morales tiene un sustento legal

Víctor Borda, titular de la Cámara de Diputados, dijo hoy que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dejó en claro que la candidatura del presidente Evo Morales tiene un sustento legal concedido por el principal tribunal de la justicia boliviana.

"Lo que ha mencionado Almagro con absoluta claridad", el anterior viernes en La Paz, es que la candidatura a "la reelección del presidente tiene un sustento jurídico legal impedible, inhibible", expreso Borda.

Ayer, desde Argentina, Almagro aseguró que la reelección para un mandato presidencial no es un derecho humano. Dijo que su postura nunca cambió pero que no existe ningún instrumento legal internacional para oponerse a la candidatura del presidente Evo Morales porque el sistema interamericano no puede estar por encima de la decisión legal de un tribunal boliviano.

"Mi posición sigue siendo la misma: la reelección no es un derecho humano, pero no tengo ningún instrumento institucional para oponerme a un dictamen, a un fallo de la Corte Suprema boliviana al respecto porque además el sistema americano nunca dijo nada al respecto", señaló Almagro.

"En su percepción no es un derecho humano la repostulación, pero hay una diferencia sustancial en sentido de que la reelección del presidente no solamente está legitimada sino está legalizada por una sentencia constitucional emitido por un organismo constitucional máximo en Bolivia, entonces está absolutamente claro la posición del señor Almagro", indicó Borda.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó al binomio Evo Morales y Álvaro García Linera sustentado en un fallo constitucional que en 2017 declaró legítima la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales en sujeción a tratados internacionales en materia de derechos humanos y reconocidos por la Constitución Política del Estado.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) reconoció el derecho a una reelección en virtud del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mediante el que otros presidentes latinoamericanos pudieron también buscar un nuevo mandato.

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