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Redacción Central

Ancianos y discapacitados reflejan la vulneración de derechos en cárceles

Un preso de la cárcel San Sebastián de Cochabamba sentenciado por hurto que padece esquizofrenia y problemas mentales es uno de los 60 casos de vulneración “grave” de derechos que fueron identificados en el censo carcelario que se realizó los pasados 11, 12 y 13 de abril en 53 centros penitenciarios del país.

“Estos casos deben ser atendidos de manera inmediata”, señaló el ministro de Justicia, Héctor Arce, quien impulsó el levantamiento de datos de 18.814 privados de libertad cuyos resultados finales serán publicados en dos meses aproximadamente, cuando éstos sean cuantificados y verificados.

Además del caso de Cochabamba, Arce resaltó el de un hombre de 73 años que se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro, en La Paz, por más de 10 años, pese a que ya había cumplido su sentencia de cuatro años. “No le contabilizaron la detención domiciliaria, como establece una sentencia constitucional. Es inaudito que, en el mismo recinto, una persona que cumplió su sentencia de cuatro años por hurto siga recluido indebidamente por seis meses más”, señaló.

También se detectó que en ese mismo recinto penitenciario está recluido un hombre de 76 años que tiene discapacidad visual. “Es inhumano, inaceptable e inconcebible que una persona de la tercera edad y con discapacidad visual esté privado de libertad”, expresó el Ministro.

Palmasola

Según Arce, en la cárcel de Palmasola es en la que se registraron los casos de vulneración de derechos más graves. Detalló que se identificó a una persona que se encuentra con detención preventiva seis años y ocho meses por el delito de robo simple. La pena para este delito es de cinco años.

Otro sujeto está encarcelado por el robo de una botella de licor. Esta persona superó la sentencia de un año y seis meses de reclusión, “Por ejemplo, este reo debió beneficiarse con la suspensión condicional de la pena, el perdón judicial. Por sus escasos recursos económicos, no pudo acceder a este beneficio”, explicó el Ministro de Justicia.

Un privado de libertad cuenta con mandamiento de libertad de 2015, sin embargo, por la instrucción de la gobernadora de este centro penitenciario, no se ejecutó dicho recurso. “Se encuentra cuatro años con un mandamiento de libertar archivado, en un papel (dice) ‘este mandamiento no debe ejecutarse’, está suscrito en un papel”, expresó Arce, quien dijo que se está realizando la verificación correspondiente.

“De confirmarse esta situación, realmente será algo muy grave y merecerá una sanción penal”, expresó.

En Tarija existe una privado de libertad que tiene un promedio de ocho ataques epilépticos por día. El Ministro dijo que, en todos estos casos personales de Defensa Pública y otras unidades del Ministerio de Justicia, se movilizarán para resolverlos.

El censo carcelario se desarrolló en 53 centros penitenciarios de Bolivia, con el objetivo de elaborar políticas públicas y consolidar la reforma penal y judicial. De este proceso participaron 1.507 censadores, estudiantes de las facultades de Derecho y Ciencias Políticas de universidades públicas del país.

El Ministro confirmó que el departamento de Santa Cruz es el que cuenta con mayor población carcelaria, con un total de 6.739 privados de libertad; el segundo lugar lo ocupa La Paz, con 4.153 presidiarios, y el tercer puesto, el departamento de Cochabamba, con 2.775 convictos.

 

“Se ha logrado identificar alrededor de 60 casos verdaderamente graves”

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