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Redacción Central

Defensora del Pueblo descubre cobros indebidos en procesos de adopción y pide investigación

Una investigación que la Defensoría del Pueblo inició para conocer la situación de las adopciones nacionales e internacionales en Bolivia, identificó irregularidades en el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz, instancia que cobraría 250 y 350 bolivianos a los solicitantes de adopción.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, presentó resultados de la investigación que lleva adelante con asistencia técnica de Unicef para proponer acciones que contribuyan a mejorar los procesos de adopción, en los que intervienen las Defensorías de la Niñez, los Servicios Departamentales de Gestión Social (Sedes) o Servicios Departamentales de Política Social (Sedepos) y los juzgados públicos de niñez y adolescencia.

Cruz, ante en el hallazgo en el SEDEGES de La Paz, pidió al Ministerio Público a iniciar una investigación, ya que los cobros que se conocieron vulnera el principio de gratuidad, establecido en el artículo 10 de la Ley 548, que señala que los procesos judiciales o procesos administrativos en los cuales se encuentran involucrados niñas, niños y adolescentes serán de carácter gratuito.

La investigación defensorial evidenció también el uso desmedido del acogimiento institucional, que se refleja en una cantidad significativa de niñas, niños y adolescentes en centros de acogida, incluso por un tiempo superior a los 15 años, y sin que su situación socio legal haya sido resuelta. A esto se suma que no se cuenta con registros oficiales sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes en centros de acogida y en condición de adoptabilidad, ni las tipologías por las cuales se encuentran en estos lugares.

La falta de una cultura de adopción es otro problema identificado que hace que los solicitantes para adoptar no reciban una atención adecuada, empática y transparente en el servicio administrativo y sistema judicial, lo que genera que pierdan interés o abandonen el trámite.

La inexistencia de personal suficiente y especializado en derechos humanos, es otra dificultad que ocasiona inseguridad para el cumplimiento de responsabilidades y competencias por parte de operadores del sistema de protección, tanto a nivel administrativo como judicial; diferentes criterios y entendimientos para aplicar la Ley 548; discrecionalidad en los formatos sobre idoneidad y adoptabilidad; y evaluaciones biopsicosociales aplicadas a los solicitantes de adopción de forma inadecuada provocando el “fracaso de la adopción” o la “devolución del niño o niña adoptado”.

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