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Katiuska Vásquez

Sentencian a primer consorcio y hay 3 casos más en investigación

Después de una larga batalla legal de ocho  años se dictó la primera sentencia ejecutoriada contra un consorcio de jueces y abogados en Bolivia, en febrero pasado, que se inició en Cochabamba a denuncia de un litigante por el contrato de un departamento, informó el asesor jurídico del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Jhonny Rocha.

Y actualmente hay tres casos en proceso en Cochabamba. Uno que pronto irá a juicio oral activado por una persona que estuvo a punto de perder su casa, otro con imputación por el direccionamiento de causas y, finalmente, el más mediático conocido como el caso Jhasmani. 

Sobre la primera sentencia ejecutoriada de ocho años contra un juez y una abogada, Rocha destacó que “es interesante porque demuestra que no obstante que se han tenido tantos incidentes es un caso que ha llegado a su conclusión”. Además, “estas autoridades que en su momento han causado perjuicio han recibido lo que corresponde”.

El primer caso sentenciado comenzó en 2010 cuando el denunciante Belisario Vargas ingresó dos demandas en el juzgado civil de Juan Antonio Urquidi. Una de éstas por rescisión de contrato por un departamento que tenía un documento principal por 70 mil dólares y otro accesorio por 50 mil bolivianos aparentemente para eludir el pago de impuestos. “El juez ordenó la rescisión con el pago de 50 mil que era perjudicial”, contó Rocha.

Después de dos apelaciones se determinó que el fallo fue ilegal y se inició un proceso al que se apersonó la Magistratura. En la investigación se demostró que el juez manipuló esta causa con la participación de su esposa y abogada, que tenía su oficina en la misma dirección procesal de los denunciados.

Otros elementos determinantes para demostrar el vínculo fue que no existía un contrato de alquiler del despacho, sino que lo habilitó para este fin. A ello se suman los documentos de préstamos, sin interés, que juez y  abogada tenían con la parte demandada. 

Rocha explicó: “Una persona estaba prestando dinero por un monto considerable, pero no ganaba nada. La pregunta es: cuál sería el interés de fondo”. Siguió: “De este modo se evidenció que existía una relación entre la abogada y el juez para poder beneficiar a los demandados en el caso de un departamento”.

En febrero el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó la sentencia de mayo de 2017 por consorcio.   

 

MÁS DATOS

Abogados libres,  exfiscales y otros

Otros sectores consultados expresan, sin generalizar, que los exjueces y exfiscales al volver a trabajar como abogados libres son piezas claves de los consorcios, porque ofrecen atender sus casos mediante sus relaciones con excolegas.

 

Los litigantes, muchas veces en su desesperación, contratan servicios de exjueces y exfiscales sin percatarse que probablemente agraven su situación. Aunque el tema está presente entre los abogados que trabajan en tribunales, porque además se considera una especie de competencia desleal, aún no se debate en otras instancias que tienen que ver con la ética como el Colegio de Abogados.

 

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TRAFICANTES DE LA JUSTICIA
LOS TIEMPOS

Magistratura: Sólo dos de 10 denuncias se respaldan con prueba contundente

Si bien las denuncias contra presuntos traficantes de la justicia son frecuentes sólo dos de 10 suelen tener asidero, porque son procesos que necesitan prueba contundente. Muchas veces las quejas son hechas por personas que se sienten desfavorecidas con un fallo, según  datos del Consejo de la Magistratura. 

De acuerdo con el asesor jurídico de la Magistratura, Jhonny Rocha, es difícil demostrar la existencia de un consorcio de jueces, abogados y otros. “Es complejo porque hay que encontrar los elementos para probar este tipo de delitos”, dijo.

Además del primer caso, la Magistratura denunció varios y entre los más relevantes están tres. El segundo en ir a juicio oral se investigó como  privación de libertad, asociación criminal y consorcio de jueces y abogados.

La víctima tuvo que viajar a Sucre para que su caso se investigue y no perder su casa. Se inició por un documento notariado por el cual su esposa moribunda habría entregado su propiedad por una deuda. Sin embargo, por su delicado estado de salud es improbable que esto haya ocurrido. Sin embargo, los denunciados lograron enviar al esposo a la cárcel sustrayendo las últimas hojas del expediente que demostraban que cumplió una sentencia por narcotráfico. Luego, de la investigación se demostró que existen suficientes pruebas para una sentencia. 

Otro caso en investigación es el relacionado con el direccionamiento de causas al juzgado Séptimo de Partido en lo Civil. Cuenta con una imputación por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y  se investiga si hay un consorcio con los abogados que ingresaban las causas.

Por último, se indaga el caso Jhasmani, en el que están involucrados exvocales, jueces y otros. (Ver infografía). La Magistratura se apersonó a estos procesos, “porque afectan la correcta administración de justicia”.

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