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Redacción Digital

Sala Plena del TSJ remite expediente para que ALP autorice juicio contra Mesa por Quiborax

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitió hoy a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el expediente que pide la apertura de un juicio de responsabilidades contra el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, por el caso Quiborax.

El requerimiento acusatorio fue aprobado por mayoría.

La Sala Penal del TSJ recomendó ayer el inicio del juicio de responsabilidades contra del exmandatario por encontrar suficientes elementos en el requerimiento acusatorio del Ministerio Público, que lo denunció por el presunto delito de daño económico al Estado.

De acuerdo con la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades, una vez que la Sala Penal del TSJ toma una resolución, la Sala Plena remite los expedientes a la ALP, solicitando la autorización expresa para proceder conforme a lo que establece la atribución 7ª del artículo 161 de la Constitución Política del Estado.

Entretanto, se espera que la Comisión Mixta de Constitución y Defensa Legal del Estado, perteneciente a la ALP, informe al pleno para que se autorice el juicio de responsabilidades en contra de Mesa.

El proceso contra Mesa se activó a denuncia del Procurador General del Estado, Pablo Menacho, quien pocos días después que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó su fallo que determinó la derrota jurídica del Estado frente a Quiborax, planteó la denuncia contra Mesa y otros de sus excolaboradores.

El Estado boliviano tuvo que pagar el millonario monto de 42,6 millones de dólares, en un juicio internacional que duró más de una década, la mayor parte del proceso estuvo en manos de la administración del presidente Evo Morales, es decir la defensa de los intereses del Estado.

Mientras el Gobierno ha señalado a Mesa como el principal responsable de la demanda internacional, el exmandatario ha retrucado señalando a los ministros de Justicia, Héctor Arce; de Minería, César Navarro y al Procurador como los autores de una "pésima" defensa de los intereses del Estado.

Antecedentes

La empresa chilena Quiborax, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.

Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.

En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Ciadi a Bolivia por 66 millones de dólares.

En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.

El Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó Ciadi y acordó un pago de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.

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