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Redacción Digital

Caso Quiborax: Procuraduría aclara que juicio contra Mesa busca hallar responsabilidades

La Procuraduría General del Estado, en un comunicado, aclaró que la acusación contra el expresidente, Carlos Mesa, tiene el objetivo principal de “establecer la existencia o no de responsabilidades por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax”.

“Al ser un ex presidente del Estado boliviano y estar sujeto a juicio de responsabilidades, corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la autorización del enjuiciamiento del expresidente Carlos Mesa, en base a los principios, valores y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado”, indica parte del comunicado.

 

Al respecto Mesa, a través de su cuenta de Twitter, cuestionó el accionar de la Procuraduría General del Estado en el caso.

Guillén dijo ayer que Mesa obvió acciones para la expulsión de Quiborax. "Tenía que hacer unas auditorias, tenía que hacer unos pasos para hacer esta reversión, él no lo hecho y producto de eso tenemos un fallo en contra", sostuvo la autoridad de Gobierno.

El 9 de julio el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, presentó el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra del expresidente Carlos Mesa  por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y conducta antieconómica, entre otros.

Se prevé que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) analice esta semana el requerimiento acusatorio de la Fiscalía General del Estado para el inicio del juicio de responsabilidades contra el exmandatario Carlos Mesa por el caso Quiborax.

Antecedentes

La empresa chilena Quiborax, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.

Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.

En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a Bolivia por 66 millones de dólares.

En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.

El Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó Ciadi y acordó un pago de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.

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