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Líder cívico de Achacachi denuncia persecución y busca asilo político

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El presidente del Comité Cívico de la provincia Omasuyos de La Paz, Elsner Larrázabal, decidió exiliarse del país y pedir refugio en el exterior, debido a la “persecución política” del Gobierno y la justicia que lo apresó por medio año acusado de liderar las protestas de los vecinos de Achacachi de 2017.

El año pasado, Larrázabal fue uno de los que lideró las marchas y bloqueos que vecinos de Achacachi realizaron para exigir la renuncia del alcalde Édgar Ramos, del Movimiento Al Socialismo (MAS), acusándolo de falta de transparencia. El Gobierno calificó las movilizaciones de conspirativas.

El dirigente fue detenido en octubre del año pasado, acusado del presunto secuestro de un representante de los Ponchos Rojos, que estuvo retenido en un punto de bloqueo de los achacaheños, aunque la misma víctima aseguró que se quedó por su voluntad.

Larrázabal estuvo en la cárcel seis meses y logró medidas sustitutivas; sin embargo, considera que la justicia está manipulada políticamente y decidió salir de Bolivia.

“Lo único que hemos hecho es defender la democracia, pedir justicia e ir en contra de la corrupción de un Alcalde del MAS, pero estamos pagando un costo muy alto al tomar esta decisión, pues estamos siendo obligados a abandonar nuestro país, obligados a abandonar nuestro pueblo”, dijo el cívico en un mensaje difundido en redes sociales.

Larrázabal aseveró que, en los seis meses y cinco días en la cárcel de San Pedro, se dio cuenta de que “no existe democracia en nuestro país, no existe justicia en nuestro país y no existe libertad de expresión”.

“Estamos en las cárceles los que denunciamos la corrupción y están libres y campantes los que cometen actos de corrupción y se embolsillan el dinero del pueblo boliviano. Ahora vemos que los nuevos millonarios de nuestro país son aquellos que se llenan la boca con el discurso socialista”, agregó.

 

MÁS DE 50 PERSONAS FUERON ACUSADAS

Más de 50 personas, entre dirigentes y comunarios de Achacachi, fueron detenidos en las protestas de febrero y septiembre de 2017. Muchos de ellos continúan procesados.

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