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Ley de ciudadanía digital plantea un registro para todo tipo de trámites

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El Órgano Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para promover la “ciudadanía digital” con el objetivo de posibilitar la interacción entre las personas naturales y las entidades públicas en sus relaciones cotidianas y facilitar los trámites en línea, el control social, el uso de la firma digital, a través de medios digitales.

La medida planteada por la administración central permitirá que los ciudadanos con “un solo registro digital” puedan interactuar con todas las entidades que conforman el Estado.

“La ciudadanía digital consiste en el ejercicio de derechos y deberes a través del uso de tecnologías de información y comunicación en la interacción de las personas con las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado”, señala el documento que se encuentra en la Cámara de Diputados.

Asimismo, establece que con la implementación de este proceso, ya no será necesaria la presencia de las personas y de la presentación física de documentación para respaldar el trámite o solicitud planteada ante determinada entidad pública o privada.

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) es la encargada de desarrollar todos los actos procedimentales del registro para el acceso a la ciudadanía digital. Para acceder a este “estatus” se tienen que cumplir requisitos.

De acuerdo con el proyecto de ley, “las bolivianas y bolivianos, extranjeros residentes en Bolivia mayores de dieciocho (18) años de edad, mediante el registro ante las entidades responsables deberán obtener sus credenciales de ciudadanía digital, las cuales sólo podrán ser administradas por el interesado”.

Asimismo, establece que las instituciones que brindan servicios públicos están en la obligación de compartir los datos con la Agetic.

“Las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos deberán compartir datos e información que generen en el marco de la ciudadanía digital a los fines establecidos en la presente ley y en observancia a su normativa específica, a través de mecanismos de interoperabilidad”.

En la justificación del proyecto, el Ejecutivo refiere que el Decreto Supremo No 3251, de 12 de julio de 2017, aprueba el Plan de Implementación de Gobierno Electrónico y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, el objetivo del Gobierno Electrónico es modernizar y transparentar la gestión pública, otorgando servicios y atención de calidad a la ciudadanía, garantizando el derecho a la información, así como contribuir a la eficiencia y eficacia de los actos administrativos en los procesos internos del Gobierno, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación y otras herramientas.

Validez jurídica

El documento, que está a la espera de su debate en el pleno de la Cámara Baja, sostiene que “todo acto que se realice mediante el ejercicio de la ciudadanía digital goza de plena validez jurídica”.

“Los documentos o solicitudes generados a través de ciudadanía digital o firmados digitalmente deben ser gestionados por todas las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos. El incumplimiento de esta disposición está sujeto a responsabilidad por la función pública; para el caso de instituciones privadas que presten servicios públicos, el ente que ejerza supervisión respecto a sus funciones deberá establecer los mecanismos pertinentes a fin de dar cumplimiento a esta norma”, refiere en el documento que se encuentra en la Asamblea.

Por otra parte, establece que “las solicitudes realizadas a través de la ciudadanía digital no requieren el uso de firma digital, con excepción de los actos de disposición de derechos”.

También define que “las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado podrán realizar notificaciones digitales previa conformidad de la o el administrado; el documento se tendrá por notificado el momento en que sea recibido en un buzón de notificaciones de la o el administrado”.

El director general de Registro Civil de Costa Rica, Luis Bolaños, refirió que todos los sistemas de consulta y trámites en línea son seguros, toda vez que el desarrollar trámites en línea no significa que la plataforma se quede con los datos, porque estos cruzan por líneas de manera que está encriptado y que se visualiza la información compartida en el entidad solicitante.

“En la ciudadanía inteligente, lo que se utilizan son sistemas seguros, sistemas que no te transfieren datos sino más bien te dan respuestas de si estás identificando bien a alguien, si la personas es o no es”, manifestó.

“En Costa Rica existe un sistema de verificación de identidad, un notario contrata el sistema, entonces, usted llega a casarse y le pone la huella digital y le sale el dato, tendrá la posibilidad de guardar el documento, para guardarlo en el archivo de referencia”, acotó.

 

NORMA DE TRANSFERENCIA DE DATOS

La semana pasada, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que modificará la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) vigente y permitirá que el Servicio General de Identificación Personal (Segip) otorgue acceso a datos personales, contenidos en su base de datos, al Servicio de Registro Cívico (Sereci) y a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

El proyecto de ley pasó a una comisión de la Cámara de Senadores para su análisis y posterior aprobación.

 

PARTICIPACIÓN, ACCESO Y GESTIONES

De acuerdo con el proyecto de ley de “Ciudad Digital”, se permite a las personas que cuentan con este estatus de ciudadano digital realizar por medios digitales, ante entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado, de manera segura, confiable e ininterrumpida, las siguientes acciones:

  • - Iniciar y gestionar trámites hasta su conclusión de acuerdo a normativa vigente.
  • - Acceder a servicios de la administración pública y privada que presten servicios públicos.
  • - Formar parte de espacios de participación y control social y acceder a la información que brinde el Estado de acuerdo a la normativa que rige dichas materias, entre otros.

También se especifica que, en el caso de los trámites o servicios que tengan un costo, los pagos podrán realizarse a través de medios digitales.

 

CADA INSTITUCIÓN CORRERÁ CON GASTOS DE INSTALACIÓN

El proyecto de ley establece que la implementación de ciudadanía digital en las instituciones públicas será financiada al interior de su presupuesto institucional y no comprometerá recursos adicionales al Tesoro General de la Nación (TGN).

Una vez promulgada y publicada la futura Ley de Ciudadanía Digital, la Agetic tendrá 60 días para establecer los lineamientos y estándares técnicos a ser adoptados para la implementación de ciudadanía digital y la notificación electrónica.

Asimismo, refiere que las instituciones públicas del nivel central del Estado generarán mecanismos que garanticen la implementación práctica y el acceso a la ciudadanía digital, en el plazo máximo de un año a partir de la fecha en la que la Agetic publique los lineamientos y estándares técnicos a ser adoptados para la implementación de ciudadanía digital, esto mediante una reglamentación.

 

EL OBJETIVO ES QUE NO SE TENGA NADA EN FÍSICO

El director general de Registro Civil de Costa Rica, Luis Bolaños, en su visita a Bolivia, refirió que el sistema en una ciudad inteligente con usuarios con ciudadanía inteligente ya no se requerirá portar documentos de identificación, toda vez que los datos ya se encuentran en un sistema.

“Una persona que se identifique en el sistema no necesita el plástico, de la cédula de identidad, estamos yendo a esas cosas, ésta es la identificación del futuro, en millones de personas y los sistemas están siendo tan seguros que no permiten que los datos salgan nada más los verifican”, indicó.

Bolaños, una vez más, señaló que el sistema digital inteligente no presenta riesgos para los ciudadanos sino, por el contrario, más beneficios. “Lo que se utilizan son sistemas seguros, sistemas que no te transfieren datos sino más bien te dan respuestas específicas”.

 

OPINIÓN

Jorge Oswaldo Troyao. Pdte. Consejo Latinoamericano y del Aribe de Registro Civil, identidad y Estadísticas Vitales (Clarciev)

“No se debe tener miedo a estos procesos”

Estos procesos de digitalización son un reto de la sociedad, toda vez que van desde la huella digital para identificación en línea hasta la firma digital.

Para mí, el intercambio de datos es natural porque ahora la tecnología y los protocolos de confidencialidad son eficientes y no va a haber fuga de información como de datos. No se debe tener miedo de la implementación de estos procesos tecnológicos.

Les cuento que pasa, todos los países vamos hacia allá porque es complicado que el registro civil esté en un lado y el registro de identificación en otro, además de desarrollar trámites en línea, para lo que es fundamental la validación de la identidad de una persona.

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