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Redacción Digital

Ven riesgos de violación a derechos en el proyecto de ley contra el contrabando

El proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando, que busca otorgar mecanismos a las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional para hacer más efectiva su labor en el combate de ese delito, abre la polémica y se vislumbran riesgos en su aplicación ante posibles violaciones de derechos humanos y más hacinamiento de cárceles.

La primer parte de la norma, del artículo 1 al 6, está destinada a reconocer el “empleo legítimo de la fuerza” de las FFAA y la Policía en casos de ilícitos flagrantes aduaneros.

Ambas instituciones están “exentas de responsabilidad penal” cuando hagan uso “racional y legítimo” de la fuerza. Pueden efectuar arrestos, aprehensiones y también la destrucción de medios de transporte o bienes del contrabando. Sin embargo, existe un potencial riesgo de violación de derechos humanos

“En la actual norma se amplían estas facultades a las FFAA, aspecto que podría degenerar en la consolidación de un ambiente de impunidad y protección en contra del ciudadano que por más ‘contrabandista’ que pueda ser, tiene derechos y garantías constitucionales”, explicó Henry Pinto, docente de Derecho en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Por otro lado, el sector de empresarios privados ve “peligroso” autorizar el uso “indiscriminado” de armas de fuego para combatir el contrabando.

“La labor represiva cuando el contrabando ya ha entrado, es como trancar el corral cuando el burro ya ha salido (...). La medida más efectiva contra el contrabando es la generación de empleo formal”, dijo el martes el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp), Javier Calderón.

En referencia a la segunda parte de la norma, en las disposiciones adicionales, se propone el endurecimiento de las penas para los delitos de usurpación de funciones aduaneras, sustracción de prenda aduanera, falsificación de prenda aduanera, asociación delictiva aduanera, falsedad aduanera, cohecho coactivo aduanero y tráfico de influencias de un promedio de 3 a 6 años a uno de 6 a 10.

“(Existe una) errónea idea de que a ‘mayor sanción-menos delitos’, posición errada que no solo no lograra su fin, sino que acrecentará el drama carcelario de Bolivia, permitiendo el uso discrecional de la detención preventiva y el consiguiente hacinamiento de nuestros recintos”, aseguró Pinto.

El proyecto de ley comenzó a ser tratado hoy en la Cámara de Senadores, luego de haber sido aprobado el martes en la Cámara de Diputados. La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación ayudará en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas informáticos de control y lucha contra el contrabando.

El Gobierno asegura que el objetivo esencial de esta norma es fortalecer la coordinación interinstitucional entre las FFAA, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Aduana Nacional, en las labores y operativos anti contrabando.

Una vez aprobada la ley, será aplicable a todas aquellas personas naturales o jurídicas que transportan, comercializan o almacenan mercancías incumpliendo el control aduanero de todas las zonas de seguridad fronteriza del territorio boliviano.

Este es el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados:

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