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EFE

Gobierno de Perú afronta una nueva crisis política en plena pandemia

En medio de la pandemia, que ha convertido a Perú en el quinto país con más casos en el mundo, la nación andina afronta una nueva crisis entre el Ejecutivo y el Congreso, a cuenta de la lucha contra la corrupción y la decisión de retirar la inmunidad a todos los altos funcionarios del Estado.

En un regreso a las tensiones que en septiembre de 2019 llevaron a la disolución de la Cámara y a nuevas elecciones, y tras varios meses con la atención centrada en la lucha contra la pandemia, este nuevo enfrentamiento se ha desatado por las maniobras parlamentarias ante propuestas que el Ejecutivo considera cruciales para la reforma institucional del país.

El clímax del choque se produjo el domingo, cuando la Cámara aprobó, tras un radical cambio de postura en menos de 24 horas y sin dictamen ni análisis previo, una norma que retira la inmunidad a todos los funcionarios públicos, incluido el presidente, en una maniobra que ya ha sido catalogada como inconstitucional.

Esto ha abierto un escenario de fuego cruzado en el que muchos, incluida la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, han adelantado una opinión en contra, e incluso el presidente Martín Vizcarra aseguró que es “un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria”.

El pasado sábado, en la última sesión del Congreso antes del final de la legislatura, los parlamentarios aprobaron una iniciativa que retiraba la inmunidad a los legisladores, pero con un número de votos que impedía que esta reforma constitucional pudiera ser aprobada con otra simple votación en la cámara durante la siguiente legislatura.

Los diputados tampoco aprobaron una norma para impedir que personas condenadas en primera instancia por delitos dolosos pudieran postularse como candidatos en las elecciones.

El domingo, en medio de la indignación social por esta votación, Vizcarra anunció que llevaría este asunto a referendo.

A las pocas horas, el Congreso se reunió en un pleno extraordinario y revisó lo hecho el día anterior, añadiendo por el camino numerosos cambios al proyecto de cambio constitucional que originalmente se había debatido.

El presidente de la comisión de Constitución, Omar Chehade, redactó en ese momento una modificación para eximir de responsabilidad legal a los legisladores en su labor mientras retiraba las protecciones legales vigentes al presidente, los ministros y altos funcionarios “por cualquier delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado estas”.

Tomadura de pelo

“Nos quieren tomar el pelo, quieren que esto se caiga por los vicios de inconstitucionalidad”, declaró ayer un molesto Vizcarra al comentar la decisión del Parlamento, tras lo cual defendió su posición de que el tema debió ser llevado a una consulta popular.

 

LAS REACCIONES NO SE HICIERON ESPERAR

La actuación del Legislativo también fue criticada por el procurador anticorrupción Amado Enco, quien consideró que “en el fondo, se tiene la intención de dificultar o seguir manteniendo la impunidad frente a posibles delitos de corrupción de algunos congresistas”.

Más contundente fue el primer ministro, Vicente Zeballos, quien cuestionó la “ligereza” y el “aprovechamiento político” con que actuó el Congreso y aseguro que esta reforma es una “revancha” ante las exigencias del presidente Vizcarra.

En respuesta, el vicepresidente del Congreso Luis Valdez negó que todo sea una venganza.

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