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EFE

Condenan en Chile a 37 años a exagente de Pinochet por violaciones de DDHH

SANTIAGO DE CHILE | 

La Justicia chilena condenó a algo más de 37 años de prisión al exoficial de Carabineros Nelson Bravo por su responsabilidad en siete casos de secuestros y homicidios calificados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según informaron este viernes fuentes judiciales.

Bravo fue declarado culpable, en diferentes grados, en las muertes y desapariciones de siete vecinos de la comuna de Paine, al sur de Santiago, entre septiembre y octubre de 1973, quienes fueron detenidos en la comisaría de la zona.

La Corte Suprema determinó una pena de 5 años y un día de presidio en tres de las causas, los casos de Gustavo Martínez, José Gumercindo González y Luis Díaz, en los que el condenado fue declarado cómplice de homicidio calificado, según estipula el fallo.

En otros dos casos se condenó a Bravo a 10 años y un día de prisión como autor de los secuestros calificados (desaparición) de los hermanos Hernán Fernando y Juan Humberto Albornoz.

En las dos condenas restantes, la pena de cárcel dictaminada por la Justicia chilena fue de 6 años en cada una, como autor material de los secuestros calificados de Pedro Vargas y Jorge Valenzuela.

En el aspecto civil se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 200 millones de pesos (unos 275.000 dólares) a los familiares de las víctimas.

En todos los casos, la ministra en visita (juez especial) de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, estableció que las víctimas fueron detenidas o concurrieron a la comisaría de Carabineros de Paine, unidad policial a cargo del entonces capitán Nelson Bravo.

En ese recinto "permanecieron detenidos para luego ser trasladados al campo de prisioneros ubicado en el Cerro Chena y perteneciente a la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar donde fueron ejecutados y en algunos casos hechos desaparecer", afirma el fallo.

Durante el régimen militar, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.

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