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Intensifican búsqueda de cuerpos de periodistas y la caza a asesinos

Cuerpo

Quito y Bogotá

Aún sumido en el duelo, Ecuador busca recuperar cuanto antes los cuerpos de los miembros del equipo de prensa ejecutados en cautiverio mientras va tras los asesinos en una intensa cacería que lanzó junto a Colombia en la frontera.

La atención se centraba ayer, por un lado, en el discreto trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para conseguir los restos de los dos reporteros y el chofer asesinados cuando estaban en poder de guerrilleros disidentes de las FARC.

Y por el otro, en el poderío militar de los dos gobiernos para llegar hasta los culpables del asesinato, que según coinciden sería obra de un grupo armado no tan numeroso que se financia del narcotráfico y que se apartó del proceso de paz de la guerrilla FARC en Colombia.

Todavía es incierto el lugar donde están los cadáveres, si están en manos de los captores o si fueron dejados en algún punto de la zona limítrofe donde los hombres al mando de Walter Artízala, alias Guacho, secuestraron a los periodistas el 26 de marzo pasado.

El gobernador del departamento colombiano de Nariño, Camilo Romero, aseguró ayer que, por el momento, no hay confirmación de que los cuerpos de los tres ecuatorianos asesinados en la zona fronteriza estén en esa región, a pesar de lo dicho por el presidente del vecino país.

El jefe del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, por su lado, se anticipó a pedir comprensión sobre la “naturaleza confidencial de gran parte de la información”.

Sin embargo, tras 20 días de sufrimiento, los países confían en traer cuanto antes un poco de alivio a los familiares, que aún no hacen público ningún pronunciamiento después de que el presidente Lenín Moreno confirmó el viernes el asesinato de los tres secuestrados.

El periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) fueron al parecer ejecutados a balazos mientras estaban encadenados, según unas fotografías que hicieron llegar los captores a un medio de prensa colombiano. Nunca antes Ecuador había enfrentado un crimen de estas características, lo que prácticamente rompió en pedazos su idea de ser una nación en paz en medio de la violencia y el narcotráfico que han golpeado por décadas a Colombia.

 

REACCIONES

“Hasta que se haga justicia”

El caso ha desatado una condena internacional y cuestionamientos a los gobiernos de Ecuador y Colombia, que ofrecieron información a cuentagotas o contradictoria, por ejemplo, sobre el paradero de los rehenes.

En su editorial de ayer, El Comercio pide a los gobiernos de Ecuador y Colombia “todas las explicaciones” de lo ocurrido desde que los tres ecuatorianos fueron secuestrados cuando realizaban un reportaje sobre violencia en la frontera. 

 Las autoridades acusan a Guacho del triple asesinato y ofrecen una recompensa de 230.000 dólares para lograr su captura.

 

La SIP denuncia poca transparencia

Medellín, Colombia

Efe

Al Gobierno ecuatoriano le falta transparencia en el manejo de la información sobre los periodistas del diario quiteño El Comercio que fueron secuestrados y asesinados por disidentes de las FARC en la frontera con Colombia, denunció ayer la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP en Medellín.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que celebra en Medellín su reunión de medio año, dedica buena parte de su informe sobre Ecuador al caso del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que fueron secuestrados el pasado 26 de marzo.

 “Por primera vez en la historia republicana del Ecuador, tres miembros de un equipo periodístico fueron asesinados esta semana en la zona de Mataje, en la frontera norte con Colombia”, señala el informe, leído por Gabriela Vivanco, representante de diario La Hora de ese país.

La SIP recuerda que un día después del secuestro, el ministro del Interior, César Navas, informó del hecho atribuido al grupo liderado por Walter Arízala, “Guacho” y desde entonces el manejo de la información oficial del caso se caracterizó por la “falta de transparencia”.

“Desde entonces, el Gobierno del presidente Lenín Moreno intentó controlar la información solicitando censura a los medios de comunicación para evitar la difusión del nombre de las víctimas”, señala el informe,

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