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Alfredo Jiménez Pereyra

Más políticos en torno a Temer están involucrados en casos de corrupción

La clase política brasileña vive días de tensión tras el “tsunami político” desatado por el fiscal general Rodrigo Janot, quien pidió a la Justicia, el martes pasado, la apertura de 320 investigaciones en el marco del escándalo de corrupción en Petrobras, incluyendo 83 nuevas solicitudes contra políticos.

La “Lista Janot”, una nómina con el nombre de todos los dirigentes implicados en el escándalo de Petrobras delatados por exdirectivos del grupo Odebrecht, incluiría al menos cinco ministros del Gobierno de Michel Temer, dos expresidentes de la República, dos excandidatos a la Presidencia por parte del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) e importantes legisladores.

Según los diarios O Globo y Folha de Sao Paulo, los cinco ministros involucrados serían Eliseu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco (Secretaria General de Presidencia), Aloysio Nunes (Relaciones Exteriores), Bruno Araújo (Ciudades) y Gilberto Kassab (Ciencia y Tecnología).

También, los medios brasileños reportaron que el pedido de investigación involucraría a los excandidatos presidenciales del PSDB, José Serra y Aécio Neves. En la lista están además los nombres de los expresidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y los exministros de Hacienda, Antonio Palocci y Guido Mantega, todos del Partido de Trabajadores (PT).

Congresistas

Entre los congresistas, la lista comienza por los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM), y del Senado, Eunício Oliveira (PMDB), liderada por Temer.

Personas con acceso a la investigación confirmaron también que hubo pedidos para investigar a los senadores del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) Renan Calheiros, Edison Lobão y el actual líder del Gobierno en el senado, Romero Jucá.

La filtración parcial de la lista aumenta para Temer las preocupaciones sobre la estabilidad de su Gobierno. El Presidente brasileño dijo, el mes pasado, que suspendería a cualquier miembro del gabinete que sea puesto bajo investigación y los despediría sólo si están acusados de corrupción.

Bajo la Constitución federal de Brasil, los legisladores y ministros sólo pueden ser enjuiciados por el STF, donde los casos a menudo tardan años en llegar a juicio.

El presidente Temer no ha sido implicado directamente en el financiamiento ilegal a los partidos y ha negado cualquier ilícito en el escándalo, que se ha prolongado por tres años y se ha centrado en contratos sobrevalorados con la constructora Odebrecht, controlada por Petroleo Brasileiro S.A.

Janot, quien aseguró que lo revelado en las delaciones muestra un nivel de corrupción “jamás imaginado”, solicitó, además, que se abran investigaciones a otros 211 sospechosos sin fuero especial, entre los que contarían Lula y Rousseff, según el diario O Globo.

Sólo se levantará el secreto del sumario cuando el ministro Edson Fachinin, instructor del caso en la Corte Suprema, haya analizado en detalle la documentación generada por la Fiscalía.

Según el diario O Estado de Sao Paulo, “la mención de los ministros preocupa a Temer”. Sin embargo, hasta el momento, el mandatario resistió a las presiones y ratificó en sus cargos a Padilha y Moreira Franco, ambos del PMDB.

“¿Podrá Temer mantener a esos ministros por mucho tiempo más?”, se preguntó la comentarista política Vera Magalhaes.

El escándalo incluso podría salpicar directa o tangencialmente a Temer, ya que él mismo ha reconocido que negoció donaciones para campañas electorales con Odebrecht, aunque sostiene que “todo dentro de la legalidad”. “Sin estar físicamente en la lista, él está en ella implícitamente por medio de sus principales colaboradores, sean del PMDB, del PSDB y el Ministerio”, recordó Alex Solnik, columnista del portal Brasil 247.

La prensa advirtió sobre los efectos de la temida “Lista de Janot” en la gestión del Gobierno de Temer.

“Con parte significativa de la Explanada de los Ministerios golpeada en el pecho por las revelaciones, el Gobierno quedará paralizado”, reseñó el editorial del diario O Estado de Sao Paulo.

En la misma línea, Folha de Sao Paulo aseguró: “en los últimos días, articuladores de Planalto pidieron a los líderes de la base aliada en el Congreso que hagan avanzar los proyectos de interés del Gobierno, en un intento por superar la agenda impuesta por las investigaciones y una posible sensación de parálisis del Legislativo”.

 

DESIGUALDAD SOCIAL

La recesión económica volvió a ahondar las desigualdades en Brasil por primera vez en 22 años, revela un estudio de departamento social de la Fundación Getulio Vargas (FGV-Social) de Río.

El índice Gini, en el cual 0 representa la equidad absoluta y 1 la absoluta desigualdad, fue en 2016 de 0,522, frente a 0,514 un año antes, precisa el informe publicado esta semana, elaborado con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

Un empeoramiento que agrava la situación de uno de los países con mayor desigualdad en América Latina, dado que, según datos del Banco Mundial, en 2014 sólo Colombia (con un Gini de 0,535) y Paraguay (0,517) sufrían de una desigualdad mayor que Brasil en el hemisferio.

“El aumento de las desigualdades en Brasil se explica por una combinación de dos factores: la inflación elevada y el aumento del desempleo”, explicó a la AFP el director de la FGV-Social, Marcelo Neri.

 

LOS SIGUIENTES PASOS

La “lista Janot”, la segunda presentada por el fiscal en dos años, incluiría miembros del Gobierno de Michel Temer así como senadores y diputados de todo el arco político que fueron mencionados dentro de los 950 testimonios de 78 exejecutivos arrepentidos de Odebrecht a los que tuvo acceso la justicia.

El periódico Folha de Sao Paulo mostró la semana pasada los ocho próximos pasos que siguen a la investigación por el llamado Lava Jato:

• La lista de nombres fue presentada ante el ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF), con el pedido de que esas personas sean investigadas bajo la sospecha de haber recibido sobornos o haber formado parte del esquema de corrupción.

• La Procuraduría General de la República (PGR) relatará los hechos y las personas que deben ser investigadas y señalará los testimonios sobre los que espera que se levante el secreto.

• La Procuraduría General indicará cuál es la jurisdicción en la que considera necesario tratar cada caso, pero la STF tiene la competencia de decidir cada instancia. Los senadores, diputados federales y ministros del Gobierno están automáticamente contemplados en la jurisdicción de la STF. Mientras que los gobernadores, vicegobernadores y consejeros de tribunales de cuentas irían al Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y los alcaldes al Tribunal Regional Federal (TRF).

• Fachin decidirá si cada investigación debe ser abierta o archivada, y si se declina la competencia a otras instancias.

• Fachin no tiene plazo para pronunciarse, aunque hay expectativas de que no tarde demasiado tiempo en analizar el material.

• En los procesos abiertos, los investigadores juntarán las pruebas para saber si hay indicios de la autoría de los crímenes.

• Al final de cada investigación, los fiscales podrán presentar denuncias o bien pedir que el caso se archive.

• En el STF la denuncia debe ser investigada en forma colegiada. Quien decide los casos de senadores, diputados y ministros es la Segunda Rueda del Supremo, compuesta por cinco ministros.

Datos: Agencias e Internet

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