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Alfredo Jiménez Pereyra

La corrupción impide la búsqueda de los desaparecidos en México

El pasado 26 de septiembre se cumplieron cuatro años de la desaparición de 43 estudiantes en la sureña ciudad de Iguala, sin que se despeje el misterio sobre su paradero, y en medio del clamor de justicia de los padres de familia.

Este luctuoso hecho pone en tela de juicio el papel del sistema judicial y policial en México.

Según datos estadísticos de México, existen alrededor de 37 mil personas desaparecidas en el país, además que 25 de los 32 estados que integran el territorio mexicano no han establecido sus respectivas comisiones para implementar un sistema de búsqueda de desaparecidos.

En ese sentido, la organización Open Society Foundations había señalado, hace un par de meses, que México necesita urgentemente un mecanismo internacional con autoridad para investigar y perseguir crímenes atroces y actos de corrupción relacionados a ellos, ante la incapacidad del Gobierno para realizar esas tareas.

En su reporte “Corrupción que mata”, el programa Justice Initiative de la organización presidida por el magnate estadounidense George Soros señala que en 2017 México vivió su año más violento en dos décadas, con 25.339 asesinatos, según cifras oficiales.

“Los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos han aumentado considerablemente. Más de la mitad de todas las personas desaparecidas en México han sido reportadas en los últimos seis años, en coincidencia con el mandato del presidente Enrique Peña Nieto”, indica el reporte.

También indica que la tortura sigue siendo una práctica “generalizada” a nivel estatal y federal, hecho reafirmado por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.

En la elaboración del documento participaron numerosas organizaciones mexicanas, entre ellas la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El analista político mexicano Rafael Medina indicó a Los Tiempos que, lamentablemente, la rendición de cuentas de casos de tortura es casi nula.

Sostuvo que la impunidad ha sido y es una parte deliberada de la política del Gobierno mexicano: los crímenes atroces han florecido, en parte, debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables, en especial cuando pueden ser funcionarios públicos.

Asimismo, indicó que en México la corrupción ha sido reconocida como endémica y su proliferación ha inspirado una notable lucha ciudadana para combatirla.

“Los actos de corrupción han contribuido de manera particular a que los crímenes atroces nunca sean aclarados”, denunció Medina.

De acuerdo con el documento “Corrupción que mata”, existen crecientes evidencias de colusión entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado en varias partes de México.

“Estos patrones de corrupción no sólo son corrosivos a largo plazo al limitar la gobernabilidad democrática, la inversión económica y el desarrollo equitativo, sino que también son mortales. Es el tipo de corrupción que mata”, señala el informe.

En ese sentido, el politólogo Roberto Covarrubias Núñez manifestó que el próximo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tiene el compromiso, hecho ante millones de mexicanos antes de ser electo, de enmendar las viejas prácticas de corrupción en el sistema judicial.

“México se ha caracterizado porque la corrupción ha calado muy hondo en el sistema judicial, policial y político, en perjuicio de millones de personas”, indicó.

 

MILES DE MUERTOS DESDE 2006

El número de víctimas de asesinato en México se disparó desde que el Gobierno desplegó, a finales de 2006, una polémica ofensiva militar contra el narcotráfico.

Desde entonces suman más de 200 mil muertos, según información oficial que no precisa cuántos están ligados al combate a la criminalidad.

Es más frecuente que autoridades descubran fosas comunes que contienen docenas y en algunos casos cientos de cuerpos no identificados, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

 

SISTEMA DE BÚSQUEDA

El Gobierno de México inició la semana pasada oficialmente un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas por la violencia, en medio de reclamos de familiares de víctimas por el retraso en su implementación.

El sistema, anunciado por la Secretaría de Gobernación (interior), arranca a casi un año de que se promulgó una ley de desapariciones, que prevé la creación de grupos especializados de búsqueda en los 32 estados del país y que impuso sanciones para quienes comentan este delito.

Datos: Agencias e Internet

 

ANÁLISIS

José Díaz. Sociólogo mexicano

Mecanismo independiente de investigación

Algunas reformas importantes del sistema de justicia, particularmente la propuesta de una Fiscalía autónoma y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, no garantizan la independencia necesaria o la competencia para investigar crímenes atroces o las redes de corrupción entre funcionarios y criminales.

La aparente colusión de funcionarios públicos en la comisión de crímenes atroces, y los fuertes lazos que tienen con otras autoridades de alto nivel, ponen en duda la capacidad del Gobierno para investigar de manera independiente estos crímenes por sí solo.

México necesita un mecanismo internacional, basado en el país, integrado por personal nacional e internacional, para investigar independientemente los crímenes y los actos de corrupción relacionados a ellos.

 

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