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Wilson Aguilar

Nueve contradicciones del caso respiradores enredan al Ejecutivo

Contradicciones, inexactitudes, liberación de responsabilidades e infiltrados, entre otros, rodean la dudosa compra de 170 respiradores con presunto sobreprecio y, como corolario, la formación de dos comisiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con su mayoría masista, que busca llegar a los cargos altos jerárquicos.

En estos meses de gestión de la presidenta Jeanine Áñez, se hizo una serie de denuncias de corrupción, entre ellas un presunto negociado con la compra de respiradores.

El escándalo estalló a pocas horas de que Áñez anunciara, el 14 de mayo, la llegada de los primeros 170 respiradores para hacer frente la pandemia de la Covid-19.

“Estoy muy feliz de anunciarte que hoy llegaron 170 respiradores a Bolivia. 30 de éstos serán distribuidos en distintos hospitales de Santa Cruz, 30 en La Paz, 10 en Beni y el resto en los demás departamentos del país”, informó en un tuit la Presidenta.

Agregó que, en los siguientes días, el país recibiría más respiradores, hasta completar los 500 comprados por el Gobierno hasta ahora.

Poco duró la alegría

La felicidad de la Mandataria duraría poco, debido a que especialistas intensivistas y sociedades médicas cuestionaron la calidad del equipo, al sostener que no era adecuado para terapia intensiva.

Pese a las observaciones, el entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, argumentó la utilidad de los respiradores y señaló que los equipos serían actualizados sin costo alguno. Las críticas se mantenían y surgieron nuevas revelaciones: se conoció que el Gobierno pagó 28 mil dólares por un equipo que costaba 8 mil dólares.

Salió a luz la oferta de estos equipo similares a un precio menor, y a la fecha no se conoce por qué no se optó por esta oferta.

En plena indagación, apareció un llamado testigo clave, quien refirió que el incremento en el costo de los respiradores se debía a la intervención de tres intermediarios: Fernado Humérez, Wálter Zuleta e Iñaki García, que se embolsarían más de un millón de dólares. Desde el Gobierno no se mencionó nunca la existencia de intermediarios.

En esta trama, se supo que un hombre fuerte de Gabriela Montaño, Fernando Valenzuela, habría llevado adelante todo el proceso de compra, en coordinación con el gerente de Aisem, Geovanni Pacheco, y el cónsul de Bolivia en España, David Pareja, además de otros.

Se indicó que Navajas conocía todo, pero lo que se supo es que suscribió dos cartas y habría visitado a la agencia encargada de la compra (Aisem). El cónsul declaró que el exministro sabía de la compra, pero todo contacto fue con Valenzuela.

Mohamed Mosatajo-Radji fue mencionado como uno de los promotores para la compra de los 170 respiradores. Pero Mostajo dijo que el Ministerio de Salud lleva adelante todo proceso de adquisición. Además, agregó que los 170 no eran parte de los 500 respiradores.

Ampliación

El diputado Julio Huaraya (MAS) pidió ampliar la investigación contra la Canciller, Karen Longaric; el embajador Mostajo y otros, “y que caiga todo el peso de la ley contra estos malos funcionarios”.

Además, la comisión mixta conformada en la ALP para indagar el caso, de mayoría masista, informó que incluirá a la presidenta Jeanine Áñez en la investigación.

El diputado Gonzalo Barrientos (UD) refirió que ahora la bancada del MAS busca fiscalizar después de encubrir actos de corrupción de Evo Morales.

 

PIDEN AMPLIAR LA DEMANDA PENAL

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional pidió al Ministerio Público la ampliación del caso Respiradores al abogado Walter Zuleta Buitrago, a quien se considera uno de los involucrados en el sobreprecio de las 170 máquinas de procedencia española. Además, pidió la anotación preventiva de bienes de Zuleta y de Fernando Humérez.

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