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Redacción Digital

¿Qué plantea la Ley de garantías para el ejercicio de derechos constitucionales?

La Cámara de Diputados aprobó hoy en grande y detalle el proyecto de "Ley de garantías para el ejercicio pleno de los derechos constitucionales", norma que es cuestionada por sectores políticos que advierten que su vigencia dará impunidad a exautoridades del anterior gobierno de Evo Morales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, manifestó que con esta ley se estaría cumpliendo con todos los acuerdos establecidos en el documento firmado por el Ministro de Gobierno, Presidencia y Organizaciones Sociales.

Sin embargo, para el Gobierno transitorio lo que busca el MAS es beneficiar sólo a un grupo de personas, por lo tanto, adelantó que si la ley es sancionada por la ALP será vetada por la presidenta Jeanine Áñez.

¿Qué propone la ley?

De acuerdo al proyecto la ley tiene por objeto "garantizar el ejercicio de de los derechos fundamentales, civíles, políticos y de libre expresión" para los líderes sociales, dirigentes sindicales, pueblos indígena originario campesinos, interculturales, afrobolivianos, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, autoridades electas, funcionarios designados y de libre nombramiento y prohibir  detenciones, aprehensiones y persecusiones por la crisis en Bolivia después de las elecciones.

La norma solo refiere que reafirma la "Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público” y no nombra a las exautoridades presidenciales, Evo Morales y Álvaro García Linera como lo hacía el primer proyecto. Pide a los órganos del Estado y fuerzas del orden garantizar que los asambleístas bolivianos y autoridades electas no sean "objeto de persecución".

En cuanto a los líderes sociales, dirigentes sindicales y personas movilizadas exige garantías para el "pleno ejercicio de los derechos y libertades",  y protección para ellos y sus familias a sola denuncia de sentirse amenazados.

La ley exige la "entrega inmediata" de salvoconductos a exautoridades, dirigentes y personas particulares  que tengan asilo, además de "viabilizar su inmediata salida".

Plantea, además, la indeminización para los familiares de las personas fallecidas, la disposición de servicios gratuitos para las personas heridas y la libertad de las personas detenidas que participaban "pacificamente" en las movilizaciones después del 21 de octubre.

En ese marco, indica al Ministerio Público abrir una amplia investigación sobre los hechos que derivaron en la aprehensión, el arresto, la muerte de personas y heridos en las movilizaciones realizadas a partir del 21 de octubre.

La ley también se refiere a la libertad de expresión para la difusión de pensamientos y opiniones en cualquier medio de comunicación, "de forma oral, escrita, visual, individual o colectiva" y la libertad de prensa.

Finalmente pide garantizar la producción y comercialización de la hoja de coca.

La aprobación de esta norma fue parte de los pedidos expuestos en resolución de los sectores sociales del trópico, afines al MAS, como condición para un cuarto intermedio en las movilizaciones que se desataron a partir de la salida del poder del exmandatario Evo Morales.

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