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Wilson Aguilar

El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas

Bajo el argumento de luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, el Gobierno aprobó un decreto supremo mediante el cual instruye a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) hacer una evaluación periódica de riesgo y  la

Asamblea Legislativa retomó el tratamiento del proyecto de ley para la aprobación de una estrategia nacional y la reactivación del consejo nacional de lucha contra estos ilícitos.

El Gobierno señala que es necesario hacer estos ajustes para reducir el poderío económico del crimen organizado, además especifica que la principal actividad ilícita que promueve el lavado de dinero en el país es el narcotráfico, seguido de la trata y tráfico de personas, pornografía, secuestro, extorsión y contrabando.

En la última semana se conoció el caso de dos oficiales de la Policía en Santa Cruz, coronel Gonzalo Medina y al capitán Fernando Moreira, implicados en un caso de narcotráfico que incluso tendría conexión internacional.

Sin embargo, legisladores de la oposición consideran que, de aprobarse esta norma, podría ser utilizada como un “instrumento de persecución” con ellos.

El Decreto Supremo 3838 instituye la evaluación de riesgos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva en Bolivia, “como un instrumento nacional de gestión, para la prevención, detección, mitigación y superación de las vulnerabilidades en esta materia”.

En los considerandos del decreto, se establece que hay necesidad de fortalecer la institucionalidad con la finalidad de “enfrentar de manera más efectiva la grave amenaza que representan estos delitos y controlar sus efectos corrosivos sobre la integridad y estabilidad del Estado”.

El decreto define que “la Evaluación Nacional de Riesgos será efectuada con una frecuencia no mayor a cinco años”. Este proceso involucra y obliga a todas las entidades públicas a brindar información a la Unidad de Investigaciones Financieras cuando esta lo requiera.

“Las entidades en cuyos ámbitos se hubiera detectado escenarios de riesgo o vulnerabilidades en la prevención, detección y represión de los ilícitos de legitimación de ganancias ilícitas (…) deberán adoptar las medidas correspondientes orientadas a mitigar los riesgos y realizar todas las acciones correctivas”, sostiene.

Proyecto

E l pasado 21 de marzo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) planteó la reposición del proyecto de ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, que originalmente fue planteado en 2016 y archivado.

Según el proyecto, la estrategia busca detectar y reprimir actividades ilícitas mediante la realización de análisis estratégicos y de inteligencia financiera, por ello encarga una serie de tareas al Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y

Financiamiento del Terrorismo creado el 30 de julio de 2012.

La propuesta define a la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo como delitos que generan dinámica económica no genuina, mismas que deben ser combatidas de manera frontal y evitar daños al Estado.

 

1,6 billones de dólares es el movimiento económico de actividades criminales, según el Banco Mundial.

 

OPOSICIÓN TEME QUE LEY SEA EXCUSA PARA PERSEGUIR

REDACCIÓN CENTRAL

 

Sectores políticos de oposición desconfían del propósito de este proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, al sostener que podría utilizarse para perseguir a quienes no comulguen con la posición del Gobierno.

“No confiamos en que una normativa de este tipo tenga una finalidad benéfica, toda vez que podría ser utilizada para quienes piensen distinto del Gobierno”, refirió en su momento el candidato presidencial por Bolivia Dijo No y senador de UD, Óscar Ortiz.

Asimismo, otros legisladores manifestaron que, de aprobarse, la ley será un instrumento o una excusa para perseguir políticamente a los opositores.

¿Terrorismo hace 10 años?

Recientemente, el presidente de la cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó que los opositores al Gobierno de Evo Morales financiaron hace 10 años las actividades de un grupo terrorista que tenía el objetivo de dividir Bolivia; poner fin al mandato del líder indígena.

El 16 de abril de 2009, la Policía desbarató una célula terrorista organizada en Bolivia tras un operativo en el hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia.

Eduardo Rózsa Flores (húngaro-boliviano), Árpád Magyarosi (húngaro-rumano) y Michael Martin Dwyer (irlandés) murieron en el enfrentamiento; mientras Mario Tadic (croata-boliviano) y Elöd Tóásó (húngaro) se declararon culpables.

 

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