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Wilson Aguilar

Familia de Jhonatan ve retardación y denuncia abandono del Gobierno

“Estoy tratando de olvidar, quiero retornar a mi vida normal, pero es difícil porque ya no se encuentra conmigo mi hijo, por eso no quiero ya hablar”, dice Claudina Vila, la madre de Jonathan Quispe (20), quien hace casi dos meses fue asesinado de un disparo en el pecho en medio de un enfrentamiento entre universitarios y la Policía.  

Su madre aún considera que lo que vive es una pesadilla, no da razón hasta ahora que su hijo perdió la vida el pasado 24 de mayo. El calvario continúa, no avanza el juicio por el asesinato, además de no recibir ningún apoyo del Estado, sólo con el empleo que le dio la Universidad Pública de El Alto (UPEA) a su esposo, Rosendo Quispe.

La madre de Jonathan, en contacto con Los Tiempos, relató la tragedia que le tocó vivir, y que vive hasta ahora, desde que se enteró que su retoño fue asesinado, según ella pensaba, en un día ordinario de clases en la universidad, pero él participaba de las movilizaciones en demanda de un mayor presupuesto.

A mucha insistencia accedió a conversar sobre su situación, saber cómo se encuentra la familia, si requieren ayuda, quiénes los apoyaron, entre otros.

“Nosotros ya no queremos hablar, estamos tratando de olvidar (dice en tono de sollozo), pero me he venido al campo a Omasuyus para tratar de continuar con la vida. Estoy en el campo para cosechar papa, trabajar el chuño y tener ingresos”, detalla.

Insiste en que sólo pide justicia para su hijo aunque sabe que nadie le devolverá a Jonathan. Señaló también que sólo recibe ayuda de la universidad.  

“Mi esposo ya está trabajando en la UPEA. La UPEA le ha dado trabajo a mi marido (Rosendo) parece que está como chofer, recién se ha ido porque todavía tenían problemas y veremos si se acostumbra, pero de las autoridades no hemos recibido nada”, dijo.

Sin avances

Por otra parte, informó que a días de cumplirse dos meses de la muerte de Jonathan,  no avanza el proceso que debe seguirse al supuesto responsable, el subteniente Cristian C., quien lo habría victimado con el uso de una escopeta, arma de la que sacó el tromblón para disparar una canica.

“No me ha llamado (la abogada Paola Barriga), pero ya no quiero recordarme por eso tampoco hemos llamado. Ahora, yo sólo pido justicia, nada más, porque nada me va a devolver a mi hijo”, indicó.

No hay nada del juicio todavía -acotó- “ya está detenido (Cristian C.), pero nos han dicho que van a empezar las audiencias en seis meses, pero que son cada seis meses”.

“Nosotros queremos justicia, estoy diciendo (si no) inmediatamente voy a salir a los medios. Lo único que queremos es que pague su condena por lo que han hecho a mi hijo”, manifestó con la voz entrecortada.

Un sospechoso

A una semana de la muerte de Jonathan Quispe (31 de mayo pasado), el Gobierno, la Policía y el Ministerio Público identificaron al subteniente Cristian C. C. como el autor del hecho al haber disparado una canica con un  arma de fuego, en la movilización de estudiantes de la UPEA el pasado 24 de mayo.

En la oportunidad, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Jhonny Aguilera, aseguró que el subteniente actuó de manera “autónoma y aislada” al emplear de forma no reglamentaria una escopeta para lanzar la canica.

Esta versión fue rechazada y criticada por la familia de Quispe, pero también por  la dirigencia de la universidad. Pese a  la muerte de  Jonathan,  el conflicto   de la UPEA no se resolvió.

 

DETALLES

24 de mayo, día fatídico. El 24 de mayo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, luego de conocer del deceso del estudiante de la UPEA informó que su muerte fue producto del disparo de una canica mediante un petardo.

Tres hipótesis de Gobierno. El 28 de mayo, el Gobierno sostuvo que la muerte de Jonathan fue al interior de un domicilio particular. Dos días antes, se apuntó a que un estudiante había disparado la canica desde un puente. El 31 de mayo, presentó a un uniformado como el responsable de la muerte del joven universitario.

 

CONFLICTO POR LEY 195 CONTINÚA SIN SOLUCIÓN

La movilización de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) comenzó el 21 de mayo, cuatro días antes de la muerte de Jhonatan Quispe. La petición principal fue lamodificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria para que la casa de estudios superiores reciba más recursos en su presupuesto anual.

El Gobierno rechazó esta propuesta y, en cambio, ofreció y aprobó una subvención anual de 70 millones de bolivianos, pero sin modificar la Ley 195.

Este planteamiento fue rechazado por la UPEA, que continúa en estado de emergencia pero perdió el impulso de sus movilizaciones. La universidad también pidió, en su pliego, la renuncia de los ministros de Economía, Mario Guillén, y de Gobierno, Carlos Romero, este último apuntado como el responsable de la muerte del joven Quispe. Sin embargo, estas dos peticiones fueron rechazadas por el Ejecutivo.

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