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Alfredo Jiménez Pereyra

Inicia semana clave para el futuro inmediato del Gobierno de Ortega

Mañana vence el plazo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega acordó con la oposición para liberar a todos los manifestantes antigubernamentales detenidos en el marco de la crisis que estalló en abril de 2018 y que ha dejado cientos de víctimas mortales.

Además, 48 horas después, el Departamento de Estado de EEUU rendirá un informe ante su Congreso sobre la situación del país centroamericano en el marco de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que contempla restricciones a los préstamos otorgados a Managua y sanciones a los funcionarios que participaron en actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.   La Nica Act sería suspendida sólo si el Ejecutivo de Ortega convoca unas elecciones “libres, justas y transparentes”, de acuerdo con el texto de la legislación estadounidense.

El exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, en una entrevista con Efe manifestó que el Gobierno de Ortega ya no puede jugar a ganar tiempo porque cada día que transcurre se le cierran los espacios.

Ramírez que fue vicepresidente en el primer régimen sandinista (1979-1990) es un feroz crítico de Ortega.

Para el sociólogo y analista político Óscar René Vargas, el tiempo político no corre a favor del régimen, que sólo se puede sostener por la represión indiscriminada”.

Señaló que pueden darse nuevas sanciones al círculo íntimo de Ortega, sobre todo si EEUU, y en menor medida la Unión Europea (UE), consideran que no hay avances en la negociación para superar la crisis.

La Ley de Amnistía que fue aprobada por la mayoría de la Asamblea Nacional, conformada por diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), logró que entre el lunes y martes pasado 106 opositores fueran puestos en libertad al permitir su salida de la cárcel bajo esta ley. Sin embargo, la oposición afirma que todavía cientos de manifestantes presos no fueron liberados debido a que fueron calificados por las autoridades como delincuentes comunes.

El Comité Pro Liberación de Presos Políticos (Cplpp) había contabilizado 779 opositores detenidos.

Críticas a la ley

La Ley de Amnistía generó duras críticas entre la oposición, que reclamó que ampara a los responsables de la represión contra los manifestantes.

El Cplpp, conformado por familiares de estas personas encarceladas, fundamenta su rechazo a Ley de Amnistía porque considera que ésta permite que queden impunes los crímenes y abusos cometidos por los cuerpos de seguridad, así como por los grupos de civiles armados que apoyaron al Gobierno, durante la represión de las protestas contra Ortega.
 
La norma

La Ley de Amnistía ampara a todas las personas -afines y contrarias al Gobierno -que se encuentran cumpliendo sentencias, pero también a las que están siendo investigadas e, incluso, a quienes aún no están bajo investigación.

La norma incluye todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos e instruye a las autoridades a cerrar todos los procesos administrativos y penales, así como a detener la ejecución de sentencias, dejando en libertad de forma inmediata a los detenidos.

La oposición nicaragüense argumenta que esta ley no favorece a los “presos políticos” debido a que su detención había ocurrido sin que estos transgredieran las leyes.

La norma, además, contiene una cláusula de reincidencia que permitiría revocarles el beneficio si vuelven a incurrir en acciones como las que llevaron a su detención, reseñó BBC Mundo.

En un comunicado publicado en las redes sociales, el Cplpp demandó que se investiguen los crímenes cometidos contra manifestantes.

 

RECHAZO CATEGÓRICO

El pasado miércoles, el Gobierno estadounidense hizo conocer su “rechazo categórico” a la amnistía general y pidió la liberación “sin condiciones” de todos los detenidos en las protestas antigubernamentales de 2018.

“Estados Unidos rechaza categóricamente la llamada amnistía general que absolvería a involucrados en abusos y violaciones de derechos humanos”, según un comunicado del Departamento de Estado de EEUU.

Para Washington, sin embargo, “docenas siguen en prisión, y el Gobierno de Nicaragua ha impuesto condiciones para su liberación”.

 

ACTUALIZAN CIFRA DE VÍCTIMAS DE 2018

Un grupo de expertos de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua actualizaron el miércoles las cifras de víctimas de la ola de violencia de mediados de 2018, que dejó 253 muertos y más de 2.000 heridos.

De acuerdo con el informe presentado por la Comisión  de  la Verdad, tras meses de investigaciones, entrevistas y visitas a los lugares más afectados por lo que el Gobierno llama “intento de golpe de Estado”, el número de víctimas mortales es mayor al que se manejaba.

 

REVELAN LOS HECHOS DEL FATÍDICO DÍA DE LA MADRE

REDACCIÓN CENTRAL

A finales de mayo, Juventud Presidente (agrupación de jóvenes latinoamericanos) estrenó el documental “Un plan para sumar” (https://www.youtube.com/watch?v=3eN7AbYu_n0), que muestra  lo que ocurrió aquel 30 de mayo de 2018, Día de la Madre nicaragüense, que se saldó con el asesinato de 19 personas, 9 de las cuales eran sandinistas.

Ese día estaban previstas dos actividades: el concierto por la paz organizado por el sandinismo y una marcha por parte de los opositores.  

El experto en seguridad ciudadana, Francisco Bautista Lara, expresó a Juventud Presidente que en Nicaragua el nivel de violencia delictiva es insignificante en términos históricos y que la inseguridad casi siempre ha sido provocada por la confrontación política y social que exacerba los comportamientos delictivos.

Según Bautista, la intensión era desacreditar al Gobierno y querían construir un poder de facto.

En el video se aprecia al sacerdote Carlos Eduardo Abea, del municipio de Nueva Guinea, agitando a la gente para que participara en esa marcha que concluyó en un enfrentamiento.  

Al amanecer del 30 de mayo los medios de comunicación intensificaron su convocatoria a través de las redes sociales que fueron utilizadas para transmitir noticias falsas y elevar los ánimos de los denominados grupos opositores.

 

ANÁLISIS

Paula Baena Velasco. Corresponsal de Efe en Londres

Nicaragua, e l país que más  empeoró su nivel de paz

Nicaragua fue el país que más empeoró su nivel de paz el año pasado, según el Índice de Paz Global 2019. El informe, elaborado por el centro de estudios Instituto de Economía y Paz entre 163 países durante 2018, desvela que Nicaragua baja 54 puestos respecto al año anterior y se sitúa en el lugar 120.

Este desplome se debe a la grave crisis sociopolítica que atraviesa el país centroamericano desde abril de 2018 y que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha causado al menos 325 muertes, aunque organismos locales elevan la cifra a 594 y el Gobierno de Managua sólo reconoce 199.    

De los países sudamericanos tan sólo Uruguay, Colombia y Chile escalaron posiciones (tres, dos y una, respectivamente), mientras que ocho empeoraron.

Venezuela es el país menos seguro de la zona, en el lugar 144 del mundo, y Brasil experimentó el quinto mayor descenso del año, un total de 10 puestos.

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