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AGENCIAS

Sánchez prevé adelantar comicios por asedio de derecha y secesionistas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estudia adelantar las elecciones legislativas, incluso a una fecha tan temprana como mediados de abril próximo, si persiste el bloqueo de los partidos de derecha y de los independentistas catalanes a los presupuestos de 2019.

Esa posibilidad, adelantada ayer a Efe por fuentes del Ejecutivo, centró el debate político este lunes en España, a menos de 24 horas del inicio del juicio por el intento secesionista en Cataluña y tras la multitudinaria manifestación del domingo, convocada por los partidos de derecha para pedir la celebración de nuevos comicios.

El adelanto electoral sería el escenario más probable de no salir adelante los presupuestos del Estado de 2019, que por ahora tienen el rechazo expreso en el Congreso de la oposición de centro y derecha (Ciudadanos y Partido Popular) y de los partidos independentistas catalanes (PDeCAT y ERC).

Sánchez (PSOE) accedió a la Jefatura del Gobierno de España en junio de 2018 tras una moción de censura contra el conservador Mariano Rajoy (PP) apoyada por las formaciones de izquierda y los nacionalistas vascos y catalanes, en el ecuador de una legislatura cuyo final está previsto para mediados de 2020.

Pero tanto PP como Ciudadanos han intensificado su presión a Sánchez tanto en el Parlamento como con manifestaciones en la calle para que adelante las elecciones, con el argumento de que no se puede mantener en el poder con el apoyo de los independentistas catalanes.

España celebrará elecciones locales, regionales y europeas el 26 de mayo, pero los dirigentes regionales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han pedido a Sánchez no unirlas con unas legislativas, de modo que las primeras no se “contaminen” con el debate nacional, especialmente con la crisis política de la región de Cataluña.

Sánchez afirmó ayer que los independentistas catalanes y los partidos de derecha votarán contra los presupuestos de 2019 y se preguntó si ambos viven mejor en la confrontación que en la búsqueda de soluciones.

El jefe de Gobierno y líder socialista señaló en Twitter que “la política hace extraños compañeros de cama”, puesto que “el independentismo votará en contra de unos presupuestos sociales buenos para Cataluña y las derechas en contra de unos presupuestos sociales buenos para España”.

Sánchez recordó que la independencia de Cataluña “ni es constitucional ni la quiere la mayoría de catalanes”.

En tanto, hoy empieza en el Congreso el debate de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos del Estado para 2019 y, además, comienza el juicio en el Tribunal Supremo contra 12 políticos y líderes sociales de Cataluña por su participación en el proceso secesionista de 2017, en el que la Fiscalía solicita para algunos de ellos penas de hasta 25 años de cárcel.

Un juicio al que se llega, según los independentistas, tras un procedimiento lleno de “irregularidades y vulneraciones de derechos” y que ha supuesto un escollo más en el diálogo mantenido durante estos meses con el Ejecutivo español.

El presidente del Gobierno regional catalán, Joaquim Torra, insistió ayer en que el reconocimiento del “derecho a la autodeterminación” será clave para un hipotético apoyo a los presupuestos.

 

Está a punto de abrirse el histórico proceso contra 12 separatistas catalanes por la tentativa de secesión de Cataluña

 

INDEPENDENTISTAS. “PRESOS POLÍTICOS”

En su discurso, los separatistas se presentan como “presos políticos”, víctimas de una “represión” que comparan con la que asoló a España durante el franquismo. Y todo por haber organizado el referendo de autodeterminación del 1 de octubre, prohibido por la justicia, y proclamado en vano la independencia de Cataluña.

En una decisión publicada a fines de enero, el Supremo respondió que no se les juzga por sus ideas, sino por haber violado la ley cuando eran en su mayoría “líderes políticos integrados en el Gobierno de una Comunidad Autónoma”.

 

LA EXTREMA DERECHA ESPAÑOLA PRESENTE EN EL JUICIO A LOS SEPARATISTAS CATALANES

AFP

Gracias a una particularidad del sistema penal español, el partido de extrema derecha Vox podrá fungir de acusador en el juicio a los independentistas catalanes, una situación incómoda para el Gobierno español y rechazada de plano por los acusados.

En el Tribunal Supremo que juzgará a los 12 exdirigentes independentistas, el abogado Javier Ortega Smith se sentará al lado del fiscal y del abogado del Estado, con potestad de interrogar a procesados y testigos.

Este abogado es el secretario general del partido Vox, que carga contra “los enemigos de la Nación” en actos electorales, inflamando a los separatistas.

“La justicia española está dando apoyo a una campaña de la extrema derecha”, denunció en una entrevista escrita antes del juicio el principal acusado, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.

El hecho de que Vox pueda sacar provecho de esta tribuna, durante un proceso de tres meses muy mediatizado, “me da pena”, admitió un alto responsable del ministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta fuente deploró que la figura jurídica de la acusación popular pueda ser utilizada “torticeramente, con intenciones no exactamente puras, limpias, sino partidistas”.

Esta figura es “una singularidad del proceso penal español”, explica el profesor de Derecho Julio Pérez Gil, quien escribió una tesis al respecto.

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