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Redacción Central

Detectan al menos 20 casos de tráfico de dominios de tierras en gestión del MAS, tras evaluaciones preliminares

El trabajo de evaluación en el marco de la pausa en la distribución de tierras fiscales decretada por el Gobierno de la presidente Jeanine Añez, el pasado 10 de diciembre, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), detectó al menos una veintena de casos de tráfico de dominios en la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), según un boletín difundido por MDRyT-INRA. 

“En estas inspecciones se ha identificado en muchos casos que no existen físicamente las personas que estaban con autorización de asentamientos y también se ha identificado que existen errores de inicio en el procedimiento de distribución de tierras fiscales, por lo que ante esos casos se está procediendo a emitir resoluciones de nulidad”, informó el viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas.

El INRA en cumplimiento a disposiciones del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Viceministerio de Tierras, emitió el 10 de diciembre de 2019 el instructivo 176/2019 que en su numeral primero señala: “PAUSA a partir de la fecha en todas las etapas que se encuentren los procesos agrarios administrativos de dotación ordinaria en tierras fiscales sustanciados a nivel nacional”, señala la primera parte del documento. 

En ese marco Terrazas remarcó que la mencionada pausa sigue vigente y solo se paralizó los trabajos debido a la emergencia sanitaria que vive el país a raíz del brote del Coronavirus y descartó versiones en sentido de que la actual gestión estaría incurriendo en una distribución ilegal de predios. 

“La pausa en la distribución de tierras se mantiene hasta que se analice una determinación contraria que sería cuando se reactive en su normalidad las actividades, sin embargo, la pausa la mantenemos ahora y eso es bueno que conozca la opinión pública de que ni el INRA ni el Viceministerio de Tierras están realizando la dotación de tierras alguna”, precisó.

A su turno el director General de Administración de Tierras, Miguel Marconi, explicó que hasta antes del ingreso a la cuarentena equipos técnicos trabajaron en la evaluación de los procesos de distribución primeramente haciendo una revisión sí se han cumplido todos los pasos procesales, si se dio cumplimento a la normativa vigente y además se hizo la verificación en las comunidades del cumplimento de la función social. 

“Se emitió 24 resoluciones que varias de ellas se encuentran en el momento con recurso de revocatoria que por el tema de la emergencia sanitaria quedaron en suspenso en sus plazos, además que dejan sin efecto estas autorizaciones de dotación”, afirmó. 

Marconi detalló que en la gestión anterior en muchos procesos obviaron la notificación obligatoria a la Comisión Agraria Departamental por lo que se está haciendo una revisión progresiva en primera instancia, dijo, se están empezando con los casos más representativos en la ciudad de Santa Cruz y posteriormente se hará una revisión en los diferentes departamentos.

“Se prevé que se cumpla con la revisión tal vez con la emergencia sanitaria probablemente no se retome de manera inmediata, quizás se haga una valoración de los ingresos de verificación de función social dependiendo de cómo progrese la emergencia y posteriormente se seguirá con las verificaciones”, puntualizó. 

Por su parte el director Nacional del INRA, Alejandro Machicao, recalcó la importancia de revisar los procesos de distribución de tierras de la anterior gestión de Gobierno porque extorsionaba al sector agrario, e insistió que una de las premisas de la nueva administración es el de transparentar todos los procesos agrarios y principalmente el de, subrayó, respetar la normativa vigente en cuanto a la distribución de tierras se refiere.

“Se fueron acumulando las denuncias de tráfico de tierras, en distribución de tierras fiscales, lo que ha provocado que se genere esta pausa con la finalidad de que se pueda hacer la revisión de todos los procesos y poder determinar cuál de ellos ha cumplido con los procedimientos o con las etapas para determinar la legalidad de los mismos”, insistió.  

Machicao descartó que la determinación de declarar una pausa en la distribución de tierras sea por represalia, revanchismo u otros intereses de la actual gestión gubernamental, por el contrario, dijo, que se trata de brindar una seguridad jurídica al productor, campesino, mediano y gran empresario. 

Lamentó que pequeños grupos intenten generar incertidumbre en el sector agrario con informaciones falsas y tendientes a desestabilizar el proceso de transparencia que ha iniciado la nueva administración del INRA. 

“Quiero dejar claramente establecido que la actual administración del INRA, lo que quiere es brindad seguridad jurídica a todos aquellos procesos, a todas aquellos sectores productivos, sean campesinos, sean indígenas, sean interculturales, sean medianos productores, pequeños empresarios, no se quiere tomar ningún tipo de represalias o algún tipo de revancha”, complementó.

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