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Josué Hinojosa

Firmas nacionalizadas de YPFB y ENDE son SA, al igual que Entel

Al igual que Entel, todas las empresas filiales o subsidiarias de YPFB Corporación y ENDE Corporación que fueron nacionalizadas durante el gobierno de Evo Morales operan como sociedades anónimas.

Especialistas afirman que no hubo nacionalización, sino una adquisición mayoritaria de acciones, por lo que no son empresas públicas.

El pasado lunes, Claudia Ascarrunz, abogada del exgerente de Entel Óscar Coca, reveló que éste no puede ser procesado por los delitos de uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica porque dicha empresa es una sociedad anónima, de modo que Coca no fue funcionario público cuando desempeñó mencionado cargo.

En opinión del economista Luis Fernando García, todas las empresas nacionalizadas durante el gobierno de Morales son sociedades anónimas, puesto que el Estado solamente adquirió la mayoría de las acciones para tener el control de las mismas.

El analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, añade que “no hubo una nacionalización en el estricto sentido de la palabra”, sino que se trató de una renegociación en los contratos para que el Estado cuente con mayoría accionaria. Explicó que dichas firmas son privadas y que prueba de ello es que cotizan en bolsas.

Entre 2006 y 2012, YPFB Chaco S.A., YPFB Andina S.A., YPFB Transporte S.A., YPFB Refinación S.A., YPFB Logística S.A., La Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo S.A., Gas TransBoliviano S.A (GTB), YPFB Transierra S.A., así como de YPFB Aviación S.A., fueron nacionalizadas en favor del Estado a través de YPFB Corporación. Sin embargo, actualmente, la información disponible en las páginas web de cada una de ellas ratifica su tipología de sociedades anónimas.

En mencionado periodo, a través de ENDE Corporación, fueron nacionalizadas las empresas ENDE Corani S.A., Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. (EHV), ENDE Guaracachi S.A., ENDE Transmisión S.A., Elfec S.A., ENDE Deoruro S.A., Delapaz S.A., ENDE Tecnologías S.A. y ENDE Servicios y Construcciones S.A. La información proporcionada en sus portales web también corrobora que son sociedades anónimas.

García mencionó que algunas empresas nacionalizadas, ante su inconformidad, iniciaron juicios al Estado boliviano durante el gobierno de Morales. Indicó, además, que es probable que algunas de ellas vuelvan a reclamar a las nuevas autoridades.

“Muchas empresas van a comenzar a reclamar por concepto de haber perdido el control de las empresas y el Gobierno (de Morales) haberse apropiado de sus ingresos y de una parte de las acciones, extorsionando a las empresas”, dijo García.

Velásquez agregó que próximo Gobierno debe tomar cartas en el asunto con la finalidad de ordenar la composición de las empresas dentro de YPFB Corporación.

“Es parte, yo creo, todo esto de este desorden bajo el cual se ha realizado la llamada nacionalización que no ha terminado de zanjar varios aspectos dentro de las empresas que fueron paulatinamente recuperadas por parte del Estado”, dijo.

Falsa nacionalización Sabsa

El gerente de Sabsa, Roberto Cortez, dijo ayer que la empresa se ha mantenido como una empresa privada y de las 66.377 acciones, tres han quedado en manos de privados, lo que ha permitido que Sabsa sea una empresa privada y “además se maneje como tal, con total discrecionalidad”.

 

FIRMAS “NACIONALIZADAS” ESCAPAN A LA FISCALIZACIÓN

REDACCIÓN CENTRAL

En octubre de 2018, el senador de Demócratas Oscar Ortiz ya había denunciado que 13 firmas nacionalizadas por el Gobierno de Evo Morales operan como compañías privadas y que esto les permite quedar al margen de los procesos de fiscalización que realizan los legisladores.

En la oportunidad, Ortiz señaló que las firmas nacionalizadas no fueron adecuadas al sector público pese a que la Ley de Empresas Públicas fue creada en 2013.

En noviembre de 2018, el Ministerio Público rechazó una denuncia planteada por el diputado Tomás Monasterio en contra de dos funcionarios de YPFB Transporte por el delito de uso indebido de bienes del Estado. El argumento de la Fiscalía fue que dicha empresa es de dominio privado y que sus funcionarios no son servidores públicos.

Algo similar ocurrió con otra denuncia del año 2015, por el mismo delito, en contra de un funcionario de YPFB Aviación.

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