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Laura Manzaneda

Regularizar planos en La Tamborada costará 6,8 MM

La regulación del condominio La Tamborada (vivienda social), construido por la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) sin papeles ni planos aprobados, costará 6,8 millones de bolivianos con el programa Mi Plano o de lo contrario deberá gestionarse que la Alcaldía de Cercado apruebe una ley municipal que autorice la construcción y la libere de pagar ese monto.

El director de Urbanismo de la Alcaldía de Cercado, Jhon Mendoza, dijo que a la fecha la AEVivienda no inició ninguna de las dos alternativas.

La Agencia puso en preventa los departamentos y explicó que los papeles serán saneados en dos años. Mientras, los interesados podrán vivir en el lugar pagando el costo de la vivienda sin intereses.

La construcción de esta obra fue declarada prioridad por el Gobierno nacional para el hospedaje de los deportistas que debían llegar para los Juegos Suramericanos, en 2018, por lo que el municipio permitió la construcción sin estos documentos.

Mendoza explicó para regular La Tamborada, el Estado debe iniciar los trámites de regulación con el Programa Mi Plano para obtener este documento aprobado y los documentos de propiedad horizontal.

En esta modalidad, el Estado debe pagar 114 bolivianos por metro cuadrado a regular. Tratándose de 14 edificios de 12 pisos cada uno y de 644 departamentos de 89,79 metros cuadrados y 28 de 88,25 metros cuadrados, lo que da como resultado un gasto de 6.873.630 bolivianos, sólo en esta parte.

El funcionario explicó que, hace algunos meses, funcionarios de Urbanismo se reunieron con personeros de la Agencia, quienes solicitaron a la Alcaldía liberar este pago. “Eso no lo podemos hacer porque eso no está dentro de la norma”, dijo.

 

VIVIENDAS SOCIALES

El Gobierno bajó el costo de las viviendas del condominio La Tamborada (exvilla deportiva) de 59 mil dólares a 31 mil.

El director de Urbanismo de la Alcaldía, Jhon Mendoza, explicó que municipio también tiene competencia en la creación de viviendas sociales.

En este contexto, dijo, la Agencia debe justificar el impacto social de las viviendas y solicitar una ley municipal excepcional para eximir de pagos y solicitar la regulación para la propiedad horizontal.

El municipio tiene también competencias de vivienda social, lo que posibilita un acuerdo entre esta instancia y el Gobierno central y el municipio.

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