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Redacción Central

Chaparina y develación de anomalías frustraron “negociado” con OAS

La develación de una serie de irregularidades, de al menos siete, en el proceso de contratación de la brasileña OAS para la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, en 2008,  y la violenta represión a los indígenas  que se oponían a esta vía, en Chaparina, en septiembre de 2011, frustraron  esta millonaria obra.

Estos temas que en su momento el Gobierno de Evo Morales rechazó, volvieron a cobrar importancia tras la difusión de la confesión del expresidente de la constructora OAS, Léo Pinheiro,  encarcelado en 2016 por la Operación Lava Jato tras ser acusado de participar de una trama de sobornos.

El ejecutivo brasileño declaró que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula  pidió a OAS ejecutar una obra deficitaria en Bolivia  a cambio de más contratos.

Según Pinheiro, a través de un acuerdo entre Lula y Evo Morales, Bolivia retiró las sanciones que había impuesto a Queiroz Galvão y autorizó que OAS asumiera las obras de la carretera Tarija-Potosí, “para evitar el desgaste diplomático” entre los dos países.

Como compensación, la constructora habría obtenido el contrato de Villa Tunari. Sin embargo, según Pinheiro, OAS acabó perdiendo el contrato por dos motivos: conflictos sociales en la región y el retraso en la concesión del crédito por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) para asumir ese proyecto.

 

Irregularidades

En 2008, luego de la firma del contrato entre la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y OAS, asociaciones de ingenieros  y otras entidades cuestionaron el acuerdo del proyecto y  advirtieron de un sobreprecio de más de 100 millones de dólares, lo que llevó a que el Senado ordenara una auditoría en marzo de 2009.

El precio referencial establecido para la obra fue de 436.229.820 millones de dólares, que no fue calculado sobre la base de estudios de preinversión, sino con datos de otros proyectos carreteros.  Previamente, el ex SNC había establecido un precio referencial preliminar estimado de 177 millones de dólares.

Otra de las irregularidades denunciadas sobre la contratación, fue la inexistencia de procesos de preinversión que determinen por ejemplo el precio de referencia de la obra.

La contratación de la constructora bajo la modalidad llave en mano también fue criticada porque no se  contaba con diseños detallados y la carretera pasaría por un territorio indígena y parque nacional, lo que traería previsiblemente conflictos sociales y ambientales.

En ese momento, se advirtió que las 22 modificaciones al Documento Base de Contratación (DBC) buscaban favorecer a la empresa contratista, la primera y única que se presentó, OAS, en una obra de gran envergadura.

En 2010, la Contraloría halló deficiencias en la publicación de los Formularios del Sicoes; incumplimiento en el plazo establecido para la presentación de propuestas; inconsistencias en el modelo de contrato y el contrato y en la experiencia específica de la empresa y funcionarios, entre otros. 

También se dudó respecto al contrato de crédito con Bndes, porque no se dieron a conocer las condiciones  ni obligaciones del mismo.

 

PRESIÓN SOCIAL

Represión a los indígenas

El asesor jurídico de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, afirmó que la brutal represión a los indígenas en Chaparina, que se oponían a la construcción de la carreta que tenía que atravesar por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), fue por “un alto interés económico para beneficiar al conglomerado empresarial brasileño OAS”.

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