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Josué Hinojosa

Factores políticos e iliquidez motivan estatización del registro de comercio

Aunque el plazo de la concesión del registro de comercio, otorgada en 2001 a Fundempresa, finalizó ayer, esta institución continuará prestando el servicio por lo menos hasta fin de año y luego pasará a manos del Ministerio de Desarrollo Productivo. 

Sin embargo, un analista cuestiona el interés de que el Estado participe de todas las actividades inherentes a la economía, encaminando a un socialismo económico. Además, afirma que la medida surge ante la necesidad de contar con mayor liquidez en el Tesoro General de la Nación (TGN). 

Según un comunicado del Ministerio de Desarrollo Productivo, el servicio de registro de comercio continuará vigente a cargo de Fundempresa, por lo que garantizó la seguridad jurídica empresarial.

Esta cartera de Estado señaló que, si bien el plazo de la concesión del registro de comercio de 20 años otorgado a Fundempresa finalizó ayer, dicha institución continuará prestando el servicio en las mismas condiciones hasta que, mediante una normativa específica, el Ministerio de Desarrollo Productivo establezca el periodo de transición.

Del mismo modo, Carlos Murillo, jefe de comunicación de Fundempresa, informó que continuarán prestando el servicio de manera normal y en las mismas condiciones de calidad hasta que dicha cartera de Estado determine el inicio de operaciones de una nueva institución.

Murillo aseguró que Fundempresa sostuvo reuniones con el Ministerio de Desarrollo Productivo con el objetivo de la entidad estatal determine el procedimiento y el cronograma del proceso de transición, mismo que, según el Ministerio, debe concluir hasta diciembre de este año.

Pero la decisión gubernamental de no extender la concesión del registro de comercio es observada por el economista Germán Molina. Él afirma que la Constitución Política del Estado (CPE), aprobada en 2009, otorga un justificativo jurídico a la determinación, puesto que establece de manera explícita que el Estado participará en todas las actividades inherentes a la economía boliviana, desde la planificación, coordinación, supervisión, actividades productivas, etc.

“Esta Constitución está un poco orientada a dar protagonismo al Estado en un camino hacia el socialismo económico, ahora se está poniendo todo eso en sus actividades”, dijo.

Sin embargo, menciona que también hay un justificativo financiero que tiene que ver con la falta de recursos en TGN ante la caída de los ingresos y la actividad económica. Según Molina, la recuperación de la economía tomará su tiempo, por lo que el Gobierno busca contar con la totalidad de los ingresos generados por el registro de comercio y no solamente con el 40 por ciento que le otorgaba la concesionaria Fundempresa.

Molina agregó que estos cambios tendrán efectos negativos, sobre todo si Fundempresa no tuviera la obligación de entregar sus sistemas informáticos a la entidad estatal, pues ello generaría demora en los trámites de las empresas.

 

Los empresarios rechazan la medida

Según el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Luis Laredo, no existe un justificativo lógico que respalde la decisión del Gobierno de Luis Arce de pasar la administración del registro de comercio a una instancia estatal.

“Proponemos que el registro de comercio esté administrado por un directorio público-privado”, dijo el líder empresarial.

Agregó que la concesión administrativa es una figura jurídica valiosa para trabajar con el Estado desde el sector privado, impulsando relaciones estratégicas en beneficio de la población.

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