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Lorena Amurrio Montes

Develan 12 contratos sin licitación con dos bufetes por Bs 54 millones

Se levantó el secreto de Estado. El procurador general, José María Cabrera, y el senador Óscar Ortiz abrieron la “cámara secreta” en la que  se encontraban los  archivos de 12 contratos otorgados sin licitación a dos firmas de abogados internacionales. El Estado pagó cerca de 54 millones de bolivianos y el legislador denunció favoritismo.

Son 12 casos de nacionalizaciones, entre los que figuran Paz Holding, CLHB, Shellgas, Iberdrola, Quiborax y otros. Para cada uno se requirió un equipo de abogados que defienda los intereses de Bolivia  y evite pérdidas.

Sin embargo, tras accederse a los archivos secretos, se conoció que los contratos con los bufetes se hicieron de manera directa y sin licitación. De los 12 contratos, 10 se firmaron con un mismo bufete con sede en París, al que se le pagó  51,9 millones de bolivianos. La segunda firma, en tanto, se benefició con dos convenios, por los que se le pagó 2 millones.

Es decir, sólo un bufete se benefició con el 83 por ciento de contrataciones. La suma de los 12 contratos es de casi 54 millones de bolivianos.

“Aquí claramente se ve el abuso de poder y la discrecionalidad, ¿qué tenían estos contratos para que no pudieran ser conocidos? ¿Por qué estos contratos eran tratados como un secreto militar? (...) No debe haber gastos reservados ni contratos reservados”, dijo Ortiz.

Los contratos para la defensa internacional del país en los casos de estatización contaban con la protección del Decreto Supremo 2698 que los declaraba en secreto. Además, disponían de una serie de medidas de seguridad para evitar que se difunda algún aspecto a la población.

El procurador explicó que, debido a este decreto, no se podía conocer el contenido de estos contratos, porque no se los protocolizaban ante ninguna instancia de Gobierno.

“El senador Óscar Ortiz y otros parlamentarios han hecho 10 peticiones de informes sin respuesta desde el año 2018. Al exprocurador general del Estado se le formuló la pregunta: ¿Qué bufetes internacionales se contrataron, por qué montos y bajo qué modalidad? Hasta que al final respondió que era secreto de Estado”, dijo el actual procurador.

Ahora se pudo acceder a estos documentos luego de que la presidenta Jeanine Áñez abrogara el Decreto Supremo 2698. La instrucción que se tiene en el presente es  hacer pública toda esta información.

La anterior norma establecía la contratación directa “a sólo levantar el teléfono para contratar al bufete. Ahora se deben hacer licitaciones públicas”, agregó Cabrera.

El decreto abrogado señalaba que debía haber un archivo separado y guardado con una llave custodiada por una alta autoridad. Ahora, estas contrataciones se integran al resto de archivos.

Los archivos se encontraban en cajas metálicas del subsuelo de la Procuraduría. Éstas se abrían con una llave que soltaba las palancas de las cámaras.

 

Los archivos se encontraban en unas cámaras metálicas en el subsuelo del edificio donde funciona la  Procuraduría.

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