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Huanuni: “juqueo” genera pérdidas de $us 2 millones al mes

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Era de madrugada (4:25) cuando una fuerte detonación remeció las entrañas del cerro Posokoni, donde funciona la mayor mina estatal de estaño de Bolivia. La explosión conmocionó a los trabajadores de turno.

“Era una desesperación ver ese ambiente”, recuerda Víctor cinco meses después, y dice que tuvo que seguir de largo su caminata para pedir auxilio.

Las investigaciones del Ministerio Público descartaron después la participación de los “jucus” (ladrones de mineral) y concluyeron que el hecho ocurrió por un descuido de los mineros en la aplicación de protocolos de seguridad, lo que es rechazado por los trabajadores. La explosión, sin embargo, puso en evidencia el ambiente de tensión que existe en la Empresa Minera Huanuni (EMH) por la presencia de los grupos que roban el mineral.

El robo de mineral nunca afectó tanto a la EMH como en la actualidad. Guillermo Dalence, exgerente de la empresa, estima que la pérdida mensual por el robo es de 2 millones de dólares o al menos una tercera parte de su producción. El ministro de Minería, César Navarro, cree que es de un millón al mes; la dirigencia de los trabajadores habla de más de 2 millones.

Pese a que no hay una cifra oficial, todos coinciden en que el saqueo es millonario y continúa pese a que el presupuesto para seguridad fue en aumento en la última década, en la que se invirtieron casi 10 millones de dólares.

Existen problemas de falta de seguridad que benefician esta actividad.

 

TODO CONSPIRA PARA ROBAR MINERAL

Una investigación de la Agencia de Noticias Fides, con apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, confirmó que todo conspira para el robo de mineral en Huanuni.

Los puntos de ingreso descontrolados, la complicidad de policías y trabajadores, el aumento súbito de la nómina, la inexistencia de un organismo estatal especializado de control, la falta de valoración del problema de la seguridad como prioridad y hasta el precio en ascenso del mineral han favorecido la formación de redes delictivas.

 

AUTORIDADES NO PUEDEN CONTRARRESTAR EL PROBLEMA

REDACCIÓN CENTRAL

De 2006 a la fecha, cuando la mina pasó a la administración del Estado, las autoridades no hicieron lo suficiente para contrarrestar el “juqueo”, tal vez lo más honesto en este escenario son los letreros de ingreso a la bocamina principal que recuerdan a los trabajadores que robar mineral es un delito.

Los trabajadores sospechan de los “jucus”, a los que también llaman lobos, porque los conocen muy de cerca. Conviven con ellos cada día de una u otra manera: muchos fueron abordados dentro de la mina por alguno, otros hacen negocios con ellos, algunos tienen familiares o vecinos “jucus” y otros más robaron mineral en el pasado. El temor a encararlos reina, porque dentro de la mina o fuera de ella nadie les garantiza seguridad si se les enfrenta.

En agosto de 2018, el presidente Evo Morales promulgó esta noche la modificación a la Ley contra el robo o sustracción de minerales, más conocido como “juqueo”.

La Ley Nº 1093 incorpora cinco artículos en el Código Penal, referidos al hurto y robo de minerales en los centros mineros. La norma sanciona con la privación de libertad de entre uno a 10 años, dependiendo de las agravantes, y contempla también a quienes compren y exporten minerales robados.

Sin embargo, el ingreso en vigencia de la norma aún no ha mostrado los resultados de su aplicación. Tanto el Gobierno como los trabajadores se mostraron esperanzados para obtener resultados positivos.

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