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Redacción Digital

Claves para entender el caso Quiborax; un juicio en el que Bolivia pierde $us 42,6 millones

Quiborax es una empresa chilena que se fundó en 1986 y comenzó su producción recién en 1988. Se encargan de producir ácido bórico y productos agroquímicos. Exporta a través de los puertos de Arica a todo el mundo.

La empresa, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.

Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Carlos Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.

En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a Bolivia por 66 millones de dólares.

En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.

En el fallo, un documento de 73 páginas, fechado el pasado 18 de mayo para darse a conocer a las partes, el Ciadi informó su decisión, tomada el 30 de abril pasado, de “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que Bolivia presentó en 2015.

El pasado jueves, el Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó Ciadi y pagó 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.

El contrato de transacción fue suscrito ese mismo jueves. La pretensión de la empresa demandante era de 150 millones de dólares pero el acuerdo reduce en 72 por ciento el monto reclamado, quedando en los 42,6 millones de dólares señalados.

Gobierno del MAS acusa a Mesa

El pasado 22 de mayo, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Mesa y tres de sus exministros, tras la pérdida del juicio internacional con Quiborax.

La Procuraduría dijo que en el Gobierno de Mesa se incumplieron leyes y que incluso el Decreto Supremo 27589 es ilegal.

La denuncia contra Carlos Mesa fue presentada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Sin embargo, el expresidente y actual vocero de la demanda marítima contra Chile, aseguró que los responsables de la derrota boliviana en el juicio ante Quiborax son el actual procurador, Pablo Menacho, y sus antecesores, por “la desastrosa negociación” realizada con el consorcio minero entre 2006 y 2018.

Mesa dijo también que el Gobierno incurrió en una contradicción al señalar la ilegalidad del Decreto Supremo 27589 ya que la propia Procuraduría, en el laudo de apelación presentado ante Ciadi en 2015, defendió la legalidad de esa norma.

Se señala el nombre de Rodríguez Veltzé

El expresidente dijo que si la Fiscalía lo investiga a él también debería ser incluido el exmandatario, Eduardo Rodríguez Veltzé.

Sin embargo, Rodríguez Veltzé afirmó que no debatirá “insinuaciones de orden político” respecto a las declaraciones realizadas por Mesa.

“Asumo la responsabilidad del (Decreto Supremo 27589) emitido por mi Gobierno y que contó con la aprobación previa del Consejo Nacional de Política Económica (Conape); no debatiré insinuaciones de orden político”, recalcó.

En medio de todo esto, la presidenta de la Comisión que investiga el caso Lava Jato, la diputada Susana Rivero, anunció que se rastrearán las cuentas de Mesa.

Mesa acusa a Quiborax de falsificar acta para demandar a Bolivia

El expresidente de Bolivia aseguró ayer que la empresa chilena falsificó un acta para demandar a Bolivia y conseguir una indemnización económica por la reversión de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni.

Mesa dijo que el arbitraje demandado por esa empresa fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad, por lo que presentó ante la Fiscalía las pruebas de estas afirmaciones.

“El Arbitraje en el caso Quiborax en contra del Estado de Bolivia es la consecuencia fraudulenta y maliciosa de un delito de falsificación y uso de documento falsificado, confesado en un proceso penal que concluyó con sentencia condenatoria ejecutoriada y con la declaración jurada del propio proceso arbitral, delito cometido por uno de los personeros y representante de la empresa que promovió este proceso arbitral”, expresó en un artículo publicado en su página web.

Ante esta situacion, Mesa pidió el rechazo a la acusación presentada por la Procuraduría General del Estado en su contra dentro de este caso.

Gastos y honorarios del Comité; un pago extra

Ciadi determinó además que el Estado boliviano tendrá que correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del Ciadi en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.

La entidad internacional determinó que Quiborax pague los costos en los que incurrió su defensa (462 mil dólares) y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado (1.384.801 dólares).

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