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Enid López Camacho

Procuraduría interviene y cesan las medidas contra el proyecto Rositas

Después de una acción de incompetencia planteada por la representación de la Procuraduría General del Estado en Cochabamba, el Juzgado Público Quinto en Materia Familiar derivó la acción popular interpuesta contra Rositas a la provincia Cordillera, dejando sin efecto la paralización del proyecto.

No transcurrió ni dos días de la notificación realizada por el juez quinto en Materia Familiar de Cochabamba, Oscar Ortiz, para dejar sin efecto la orden de suspensión de toda actividad administrativa o jurídica de la hidroeléctrica Rositas.

Ayer, Ortiz llevó a cabo la audiencia por la acción popular interpuesta en contra del proyecto hidroeléctrico Rositas. En el lugar se dieron cita comunarios de Tatarenda Nuevo y Yumao junto a un concejal de la provincia de Vallegrande.

Para la audiencia, el juez notificó a ENDE, a los pueblos afectados y a la Procuraduría.

“En este caso el juez de oficio ha dispuesto a la Procuraduría General del Estado como tercero interesado. Nosotros al llamado del juez hemos intervenido en defensa del Estado”, indicó el representante departamental de  esa instancia estatal, Juan de la Cruz Vargas.

Según el abogado de las poblaciones guaraníes, Nelson Lamadrid, la Procuraduría debió obrar en “defensa del Estado y no en defensa de una empresa estatal”.

“La Procuraduría no puede ir en contra de los derechos de los pueblos indígenas, es defensa del Estado, pero constituirse atacando a los pueblos indígenas creo que es incorrecto el accionar”, sostuvo.

Añadió que si el juez ya había admitido la acción popular y dispuesto medidas precautorias era porque tenía competencia para tratar el recurso legal.

Por su parte, Ortiz indicó que desconocía del contrato del proyecto hidroeléctrico y que por ese elemento se declaró incompetente.

Insistirán

En medio de desesperación, la representante indígena de los afectados en Yumao, Ena Taborga, afirmó que insistirán con la acción popular en la provincia Cordillera hasta lograr frenar el proyecto.

El principal argumento de los pobladores para rechazar la hidroeléctrica es que afectará a 12 comunidades al inundar 45 mil hectáreas aproximadamente en las provincias de Cordillera y Vallegrande. El Gobierno prevé implementar la obra para generar 600 megavatios (MW) de energía.

ENDE prefirió no emitir más criterios y en la audiencia el abogado de la estatal apoyó los argumentos de la Procuraduría.

Ayer el ministro de Energía, Rafael Alarcón, aseguró que los trabajos de socialización que se llevan adelante en las comunidades comprometidas con el proyecto no cesarán.

 

SE SUMA OTRO SECTOR AFECTADO

El concejal de Vallegrande y presidente del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), Gary Rodríguez, informó que este espacio que alberga a siete municipios está en riesgo.

“De las 700 mil hectáreas que tiene esta área de manejo integrado, 45 mil van a quedar bajo el agua. Son áreas núcleo, áreas donde existe vegetación y biodiversidad”, afirmó al argumentar su apoyo a la acción popular.

Detalló que el proyecto “atentará contra la vida y la naturaleza” en el lugar. “Vamos a ser celosos de cuidar y preservar y llegar a las instancias correspondientes para defender el derecho que tienen los habitantes”, dijo.  

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